La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York abrió un nuevo frente penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al acusarlos formalmente de conspiración para cometer tortura. De acuerdo con el pliego judicial, entre 1999 y 2025 ambos construyeron y sostuvieron una maquinaria de persecución y abusos sistemáticos para silenciar a la disidencia y aferrarse al poder.
El documento, de 30 páginas, amplía la causa por narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y tenencia de armas de uso militar por la que la pareja permanece detenida en Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero. Según los cargos presentados por el fiscal James McDonald, este entramado no se limitó a perseguir a opositores, militares disidentes y activistas locales, sino que también ordenó y ejecutó actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses recluidos en prisiones de la contrainteligencia militar.
Maduro durante un traslado al tribunal en Nueva York
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De acuerdo con la acusación presentada en Manhattan, Maduro presidió la estructura represiva y estuvo al mando directo de las unidades policiales y militares encargadas de ejecutarla. Los fiscales sostienen que impartía órdenes expresas de encarcelar y someter a torturas, recibía informes periódicos sobre los interrogatorios e instruía a sus subordinados para endurecer los castigos.
El documento asegura que, cuando los prisioneros se negaban a hablar, Maduro llegó a ordenar mediante señas que los apretaran "más duro" y sugirió métodos específicos de castigo, como privarlos del sueño o arrojarles agua, e incluso llegó a reírse al conocer los padecimientos de los detenidos.
A Cilia Flores la acusación le atribuye un papel activo en la consolidación de este esquema represivo. Según el escrito, Flores respaldó planes para forzar declaraciones incriminatorias mediante abusos y dio órdenes directas de torturar a determinadas personas con el fin de encubrir actividades ilícitas ligadas a su entorno íntimo.
El pliego describe un catálogo de métodos empleados en centros de detención, con especial énfasis en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre las prácticas figuran descargas eléctricas en extremidades y genitales, asfixia con bolsas plásticas, golpizas reiteradas, aislamiento en celdas a temperaturas gélidas y exposición continua a luz artificial.
La violencia física se combinó con coacción psicológica. La fiscalía documentó casos en los que se intimidaba a los detenidos amenazando con abusar sexualmente de sus hijas o asesinar a sus hijos pequeños. En uno de los episodios relatados, un alto funcionario del régimen amenazó en persona a un detenido con matar a su hijo menor de edad —describiendo detalles de su fisonomía— si no aportaba información sobre un militar sublevado.
Tres colaboradores
El documento identifica a tres colaboradores dentro de la estructura represiva. Un alto cargo gubernamental señalado como CC-1 ordenó, según el fiscal, “los asesinatos de ciertos individuos que se oponían a Maduro Moros o a su régimen, supervisó la tortura emprendida por funcionarios bajo su mando y amenazó personalmente con asesinar al hijo de un prisionero como forma de tortura psicológica”.
Dibujo de Maduro en una audiencia en el tribunal
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Otro oficial superior, CC-2, quien respondía directamente ante Maduro, “desarrolló métodos de tortura que presentó para su aprobación, dirigió un organismo responsable de torturar a decenas de víctimas y autorizó personalmente la detención ilegal y tortura de individuos concretos”.
Finalmente, un tercer funcionario identificado como CC-3, subordinado directo de CC-2, “ordenó y participó en la tortura de civiles y miembros de las fuerzas armadas, incluidos ciudadanos estadounidenses”, a quienes la cúpula consideraba una amenaza para la permanencia del régimen.
Los estadounidenses
El caso cobra especial peso en la jurisdicción norteamericana por los testimonios de ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela en distintos momentos del conflicto político.
Uno de ellos, detenido a comienzos de 2022 bajo la imputación infundada de organizar un atentado contra Maduro, permaneció más de ocho meses preso. Durante ese lapso fue golpeado brutalmente, obligado a comer sus propios vómitos tras recibir químicos tóxicos en el rostro, electrocutado y sometido a la inyección forzada de sustancias que le producían convulsiones.
La acusación federal describe que en agosto de 2023 otro ciudadano estadounidense fue capturado por la DGCIM y atacado violentamente por la espalda, sufriendo graves lesiones que requirieron una prolongada hospitalización. Durante su posterior traslado en ambulancia a la prisión de Boleíta Norte, los agentes “le introdujeron un arma en la boca, le aplicaron descargas eléctricas en los testículos y le colocaron un dispositivo de presión en los tobillos que le provocó sucesivos desmayos”.
Ya en prisión, la víctima fue sometida a golpizas reiteradas y otros abusos por orden de CC-3. Según el escrito, uno de los torturadores le confesó que la única razón por la que seguía con vida era porque CC-3 había descubierto que era ciudadano estadounidense y, por lo tanto, podía resultar útil en un intercambio de prisioneros con Washington.
Un tercer estadounidense, apresado en su residencia en enero de 2025, pasó un año detenido y sufrió golpizas metódicas cada media hora que le provocaron lesiones irreversibles en la visión, antes de ser expulsado del país bajo amenazas de muerte si revelaba las condiciones de su encarcelamiento.
La fiscalía recordó igualmente la detención en 2017 de directivos petroleros con nacionalidad estadounidense, cuyos arrestos fueron concebidos internamente por el régimen como herramientas de extorsión frente a la diplomacia de Estados Unidos.
El proceso
Maduro y Flores han rechazado los cargos y se han declarado inocentes. Su defensa legal solicitó la anulación del proceso aduciendo que ambos gozan de inmunidad soberana en calidad de jefes de Estado, un reclamo que la fiscalía impugna y que será ventilado en una audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein fijada para el 17 de noviembre.
En paralelo, los abogados de Flores promovieron una solicitud de arresto domiciliario por razones médicas, petición que el juez Alvin Hellerstein rechazó bajo el argumento de que existe riesgo de fuga y que toma sus garantías de que no huirá “con mucho escepticismo”.
Hablando con periodistas frente al tribunal en Nueva York, el fiscal federal James M. McDonald afirmó que la acusación describe conductas “verdaderamente impensables”.
