Presupuesto tutelado: el acuerdo que entrega a Estados Unidos la supervisión de los petrodólares venezolanos
Marco Rubio describió como novedoso y temporal el mecanismo bajo el cual el gobierno de Delcy Rodríguez acepta que Washington apruebe y audite el gasto de una parte sustancial del ingreso de la nación.
Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump dejó en claro que controlará a distancia al régimen venezolano, incluido el petróleo. En su comparecencia esta semana ante el Senado, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que el gobierno de Delcy Rodríguez aceptó un esquema, descrito como novedoso y transitorio, que somete el uso de ingresos petroleros a la aprobación y auditoría de Estados Unidos, convirtiendo a Washington en árbitro de un segmento estratégico de la renta nacional.
El mecanismo, ya en marcha, consiste en que el petróleo venezolano, bajo sanciones de Estados Unidos, se vende a precios de mercado y los ingresos se depositan en una cuenta en Qatar, que luego será trasladada al Departamento del Tesoro estadounidense. El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela presentará cada mes un presupuesto con el gasto previsto y, según Rubio, “les indicaremos por adelantado para qué no se puede utilizar ese dinero”.
Para garantizar que los recursos no se desvíen a fines no autorizados, Rubio señaló que se implementará un sistema de auditoría aún en fase de diseño. Entre las opciones consideradas figura recurrir al Eximbank de Estados Unidos, institución que tiene expertos en este tipo de procesos.
El mecanismo no pasó inadvertido en el Capitolio. Durante la audiencia, el senador demócrata Brian Schatz preguntó en qué ley o sección de la Constitución se ampara la autoridad de la administración Trump para controlar los desembolsos de un país extranjero.
Rubio defendió el esquema señalando que “es una cuenta que pertenece a Venezuela, pero sobre la cual pesan sanciones de Estados Unidos que actúan como mecanismo de bloqueo”. Agregó que “ellos han aceptado este arreglo, y esa es la clave”.
“Entiendo que es novedoso, pero es lo mejor que se nos ha ocurrido a corto plazo”, admitió. Schatz repreguntó si existía un acuerdo escrito, y Rubio respondió que sí, comprometiéndose a entregarlo al Senado. Además, explicó que “no va a ser un mecanismo permanente, sino un mecanismo a corto plazo en el que se puedan satisfacer las necesidades del pueblo venezolano”.
El secretario de Estado destacó que el gobierno de Delcy Rodríguez se comprometió “a utilizar una parte sustancial de esos fondos para comprar medicamentos y equipos directamente en Estados Unidos”, así como el diluyente que Venezuela necesita para transportar sus crudos pesados: “Antes lo obtenían 100% de Rusia, ahora lo obtienen al 100% de Estados Unidos”, señaló.
Rubio no precisó qué comprende exactamente el “petróleo sancionado”, pero fuentes consultadas consideran que básicamente incluirá el crudo de Pdvsa, la estatal venezolana. Para evadir las sanciones, Pdvsa exportaba parte de su producción a China mediante intermediarios que imponían severos descuentos. Esos barriles comenzarán ahora a venderse a precios de mercado y por canales regulares.
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La firma Dinámica calcula que al considerar el precio de mercado del petróleo venezolano y las exportaciones previstas de Pdvsa se generarían ingresos cercanos a 1.082 millones de dólares mensuales, que serían destinados al esquema anunciado por el jefe de la diplomacia estadounidense.
Fondos en Caracas
Delcy Rodríguez, en lo que parece ser una adaptación al manejo de recursos descrito por el secretario de Estado, anunció la creación de dos fondos para “los procesos que se deriven de los ingresos petroleros y de la renta petrolera”. Según afirmó, los recursos se destinarán a necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda, así como a mejoras en infraestructura y servicios de agua, electricidad y vialidad.
Además, anunció un sistema para garantizar la transparencia en el gasto. “He solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos y que esté desprovista de burocracia, corrupción e indolencia”, declaró la presidenta encargada el pasado 15 de enero en la Asamblea Nacional.
A través de intermediarios como Vitol y Trafigura comenzó la venta de petróleo venezolano a precios de mercado, cuyos fondos ingresaron en una cuenta en Qatar. De ese dinero, unos 300 millones de dólares fueron transferidos a bancos venezolanos y colocados en el mercado cambiario mediante subastas, principalmente para empresas de alimentos y medicinas.
Los bolívares obtenidos se entregaron al Banco Central de Venezuela, que los destinó a cubrir gastos como el pago de salarios a trabajadores del Estado. En un comunicado, la institución precisó que está prevista la colocación de otros 200 millones de dólares “para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero”.
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Un mural refleja la crisis cambiaria en las calles de Caracas
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En los últimos doce meses la moneda se desplomó y la cotización del dólar en el mercado oficial subió 560%, impulsando los precios y dejando al país al borde de una nueva hiperinflación. Sin embargo, la subasta de divisas y la expectativa de un aumento sostenido en la oferta han moderado las proyecciones, desacelerando la caída del bolívar.
El Departamento del Tesoro emitió una “licencia general” que autoriza a inversores estadounidenses a comprar y revender crudo venezolano. El permiso también habilita operaciones que hasta ahora estaban prohibidas por las sanciones, incluyendo transacciones con Pdvsa.
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Rubio había adelantado en el Senado que el esquema para el manejo de los ingresos petroleros también buscaba garantizar que “las licencias que comenzaremos a emitir sobre el petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano”.
En este sentido, la licencia establece que los pagos que correspondan al gobierno venezolano deben canalizarse a través de cuentas bajo control estadounidense, que actuará como custodio de los depósitos. Asimismo están prohibidas transacciones que involucren a personas o compañías de Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte. Además se prohíben operaciones con empresas mixtas en las que haya participación de China.
La licencia del Departamento del Tesoro fue emitida luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara de manera definitiva una reforma legal que por primera vez desde la nacionalización de 1976 permite que empresas privadas, nacionales o extranjeras, sin asociarse con el Estado a través de Pdvsa, operen los pozos y vendan el petróleo. Además, rebaja los impuestos y las regalías. Incluso abre la puerta para que las controversias legales se resuelvan mediante “mediación y arbitrajes independientes” y no en tribunales del país.