Por primera vez en los últimos dos meses, las carreteras de Bolivia amanecieron sin bloqueos y el transporte de carga con alimentos, medicinas y combustibles llegó a La Paz, la capital, donde la escasez alcanzó niveles alarmantes.
El despeje se logró después de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción, que lo habilita a emplear al Ejército en el desbloqueo de las rutas cortadas por las protestas de sindicatos, indígenas y cultivadores de coca que exigían su renuncia.
En el Chapare, el expresidente Evo Morales —líder de uno de los grupos que mantuvieron las protestas y atrincherado allí para evitar su detención por una acusación de trata de una menor, que él niega— llamó a sus seguidores a una pausa: “Por ahora, un cuarto intermedio, no es rendirnos”, dijo en una transmisión en redes sociales.
Tres sectores sindicales comandaron las protestas: la Central Obrera Boliviana, que firmó un acuerdo con el gobierno el pasado viernes; el sindicato campesino-indígena Túpac Katari, que lideró los bloqueos hacia La Paz y ordenó el repliegue tras el estado de excepción; y los seguidores de Evo Morales, que tras su llamado también levantaron los cortes de ruta.
Lo que comenzó como reclamos por mejoras salariales, la mala calidad de los combustibles y el rechazo a una reforma de la ley de tierras derivó progresivamente en una crisis política marcada por el pedido de renuncia del presidente, quien apenas lleva seis meses en el cargo.
El trasfondo es un severo desequilibrio económico: escasez de dólares, caída de las reservas internacionales e inflación acelerada en medio del alza de los combustibles por el efecto que generó la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Más de 10 personas fallecieron durante el conflicto, la mayoría por falta de asistencia médica a causa de los cortes, según el Defensor del Pueblo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo en Bolivia TV que “es una victoria de la gente, Bolivia dijo basta, ya no sirven los instrumentos políticos de presión a costa del sufrimiento de la gente, del desabastecimiento. El país dio una clara señal”.
Agregó que “había rutas clausuradas, en más de 300 metros vimos piedras, tierras, fue un bloqueo muy perjudicial, pero estamos normalizando el país. Bienvenido el país normal”.
De acuerdo con una estimación de la Cámara Nacional de Industrias, el conflicto generó pérdidas equivalentes a 2.500 millones de dólares. La falta de insumos y la imposibilidad de transportar los productos en inventario obligó a reducir las operaciones, mientras los costos se dispararon y el impacto se extendió a distintos sectores de la economía.
Piso político
El Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza que gobernó el país durante las últimas dos décadas, primero bajo el liderazgo de Evo Morales y luego con Luis Arce, fue derrotado en las elecciones de finales del año pasado por Rodrigo Paz, quien convenció a la mayoría de los bolivianos con una propuesta de centro derecha.
Con su llegada al poder, Paz aplicó reformas para equilibrar la economía mediante el recorte de subsidios a los combustibles, la liberación del mercado cambiario, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el regreso al mercado financiero con una emisión de bonos. Aunque los empresarios respaldaron la agenda, las protestas desestabilizaron al país.
El analista Carlos Saavedra dijo a Associated Press que “se derrumbó en las urnas el MAS que hegemonizó la política, controló a sindicatos y movimientos sociales que ganaron poder político y que ahora resisten perder influencia. El país decidió cambiar de rumbo y todo cambio es turbulento”.
El piso político de Paz es frágil. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que lo llevó a la presidencia, se dividió rápidamente en el Legislativo. Para complicar aún más su gobernabilidad, el mandatario mantiene un conflicto abierto con su vicepresidente, el expolicía Edman Lara.
Reformas económicas
A fin de enfrentar el malestar de la economía, Paz anunció a finales de mayo que tramita con el FMI un programa de préstamos por el orden de 5.000 millones de dólares. “Con el FMI hemos avanzado en un acuerdo, no bajo la lógica de que nos van a imponer un plan; nosotros ya iniciamos nuestro propio plan de estabilización”, aseguró.
Además recordó que otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ya han aprobado créditos o los están evaluando, para inversiones en carreteras y para “relanzar” las empresas del Estado.
El economista Gonzalo Chávez señaló a Asociatted Press que “las reformas económicas de fondo para sacar al país de la crisis tendrán que esperar, "no hay condiciones para aplicar medidas de ajuste”.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anticipó que el gobierno prepara un plan de reconstrucción económica como exigen los sectores productivos afectados y reprogramaciones de deudas con los bancos. “Será un proceso complejo”, añadió.
