La Casa Blanca como accionista: cuáles son las nuevas inversiones de la administración Trump en industrias estratégicas
Con el control de minerales críticos, de energía y de semiconductores en el centro de la escena, Estados Unidos acelera su nueva política industrial para reducir la dependencia de China. La administración Trump comenzó a adquirir participaciones accionarias en firmas como Intel, MP Materials y USA Rare Earth para asegurar su control sobre la cadena de suministros.
En el marco de la competencia por el desarrollo tecnológico y la seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos implementó políticas económicas sin precedentes. La administración Trump comenzó a adquirir participaciones accionarias en industrias estratégicas, desde minerales críticos hasta semiconductores, con el fin de garantizar el acceso a recursos clave y contrarrestar el dominio industrial de China. Al sustituir la tradicional política de subsidios por la toma de propiedad directa, el Estado ya comprometió más de 10.000 millones de dólares, asegurando posiciones en al menos diez empresas.
El movimiento más reciente para reforzar esta posición se anunció este mes: una inversión multimillonaria en USA Rare Earth Inc., un grupo minero y de manufactura con sede en Oklahoma. El acuerdo, que contempla hasta 277 millones de dólares en financiamiento directo y 1.300 millones en préstamos de fondos propuestos bajo la Ley CHIPS, otorga al gobierno estadounidense una participación minoritaria del 10% en la firma. USA Rare Earth lidera un proyecto minero en Texas y planea fabricar imanes de tierras raras en sus instalaciones de Oklahoma.
Tierras raras en China. AP
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Esta medida representa la última apuesta de la Casa Blanca para reducir su dependencia de las importaciones chinas y asegurar el suministro nacional de minerales esenciales en la producción de semiconductores, vehículos eléctricos y tecnología de defensa. Actualmente, China procesa más del 90% de los minerales críticos del mundo y, durante el último año, utilizó este dominio para ganar ventaja en la guerra comercial con Washington mediante la restricción de exportaciones, lo que dificultó el abastecimiento para las empresas estadounidenses.
La creciente cartera de propiedad corporativa del gobierno incluye participaciones minoritarias, o la opción de tomarlas en el futuro, en al menos otras nueve empresas de los sectores del acero, minerales, energía nuclear y microchips. Según informó The New York Times, estos acuerdos fueron concertados a partir de mitad del año pasado, concentrándose la mayor parte de las operaciones entre octubre y noviembre.
Acero, microchips y energía
En junio de 2025, la compañía japonesa Nippon Steel, con sede en Tokio, concretó la adquisición de U.S. Steel tras alcanzar un acuerdo con la administración Trump. Luego de 18 meses de negociaciones, la operación recibió el aval del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) bajo una condición excepcional: la emisión de una “acción de oro” a favor del gobierno estadounidense. Esta figura le otorga a la administración derechos de voto privilegiados y poder de veto sobre decisiones estratégicas, permitiéndole ejercer control sobre la compañía sin necesidad de poseer la mayoría accionaria.
Chip Intel. EFE.webp
En el sector de los semiconductores, la administración Trump acordó en agosto la adquisición de una participación del 9,9% en Intel Corp. Esta operación se concretó mediante la conversión en capital social de las subvenciones que habían sido otorgadas originalmente bajo la Ley CHIPS de 2022.
A través del Departamento de Comercio, el Estado formalizó esta inversión de 8.900 millones de dólares, transformando el apoyo financiero en posición accionaria. El movimiento busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro de EEUU y respaldar los planes de Intel para expandir sus instalaciones de fabricación avanzada en el país, asegurando que el liderazgo en la producción de microchips permanezca bajo supervisión gubernamental.
En el sector energético, el gobierno estadounidense formalizó en octubre su respaldo al diseñador de reactores Westinghouse, con el objetivo de impulsar un "renacimiento nuclear" en el país. Actualmente, la compañía es propiedad de Brookfield Asset Management y del productor de uranio Cameco; sin embargo, el acuerdo establece las bases para una posible salida a bolsa en la que el Estado participaría como accionista. A través del Departamento de Comercio, el gobierno se ha reservado una opción para adquirir el 8% de la participación accionaria de la firma.
Minerales críticos
Pentagono. AP
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En el ámbito de los materiales críticos, el Pentágono concretó en julio la adquisición de una participación de aproximadamente el 15% en MP Materials. El acuerdo, gestionado a través del Departamento de Defensa, implicó una inversión de 400 millones de dólares estructurada en dos tramos: una participación inmediata del 7,5% y el derecho a un 7,5% adicional. Con este movimiento, el gobierno de Estados Unidos se convierte en el mayor accionista de la firma con sede en Las Vegas, consolidando su control sobre la mina de Mountain Pass en California, la única instalación operativa de tierras raras en el país que trabaja para aumentar el procesamiento nacional y la producción de imanes.
A esto se suma el acuerdo alcanzado por la administración Trump en septiembre con Lithium Americas, que establece la adquisición de una participación del 5% en la compañía y un 5% adicional en su proyecto minero Thacker Pass, en Nevada. Esta operación se formalizó mediante la reestructuración de un préstamo del Departamento de Energía, lo que permitió convertir 182 millones de dólares de deuda diferida en capital accionario.
A través de este convenio, el Estado se convierte en socio estratégico de la minera canadiense y de su joint venture con General Motors. El objetivo central de esta inversión es asegurar la cadena de suministro nacional de litio, un metal crítico para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y otros dispositivos electrónicos esenciales para la transición energética.
Tierras raras en China . AP
En octubre, el gobierno anunció la adquisición de una participación del 10% en Trilogy Metals, una firma canadiense con importantes yacimientos de cobre, zinc y plata en Alaska. La operación, gestionada a través del Departamento de Defensa, contempla una inversión de 35,6 millones de dólares y otorga al Estado warrants (opciones de compra) para adquirir un 7,5% adicional de la compañía en el futuro.
Los fondos están destinados al desarrollo de los Proyectos de Minerales del Alto Kobuk (UKMP), una joint venture entre Trilogy y la minera australiana South32 ubicada en el distrito de Ambler. Para garantizar la viabilidad del proyecto, la administración Trump firmó una orden ejecutiva que instruye la apertura de una carretera de acceso a esta remota región, considerada una de las reservas de metales básicos y preciosos más ricas del continente.
En noviembre, dos startups del sector de tierras raras concretaron un acuerdo de 1.400 millones de dólares con el gobierno federal e inversores privados. El pacto involucra de manera conjunta a dos agencias clave: el Departamento de Comercio, que tomó una participación directa de 50 millones de dólares en capital social en Vulcan Elements, y el Departamento de Defensa, que adquirió warrants por un valor de 620 millones de dólares. Estos instrumentos financieros otorgan al Pentágono el derecho a futuras compras de acciones a un precio preferencial tanto en Vulcan como en ReElement.
Korea Zinc anunció la construcción de una fundición de 7.400 millones de dólares en Tennessee mediante una joint venture en la que el Departamento de Defensa retendrá una participación del 40%. La ambiciosa estructura financiera incluye 210 millones de dólares en subsidios bajo la Ley CHIPS, la emisión de 1.900 millones de dólares en nuevas acciones, que otorgarán al gobierno aproximadamente el 10% de la compañía matriz, y 4.700 millones en préstamos respaldados por el Estado. El inicio de obras está previsto para 2026 y la puesta en marcha se hará por fases a partir de 2029.
Donald Trump. AFP
¿Una nueva política industrial intervencionista?
El esfuerzo por involucrarse en estas empresas estratégicas parece impulsado principalmente por preocupaciones de seguridad nacional, particularmente por la necesidad de disminuir la dependencia de EEUU de países extranjeros como China para recursos clave. Sin embargo, esta inusual intervención en el mercado privado generó algunas inquietudes debido a la opacidad de los procesos, el riesgo de favoritismo y las posibles distorsiones del mercado, además del peligro de perder fondos públicos si las inversiones fracasan.
En este contexto, el acuerdo con USA Rare Earth despertó sospechas, ya que la compañía anunció una recaudación de 1.500 millones de dólares mediante un consorcio privado donde Cantor Fitzgerald actuó como intermediario financiero. El vínculo entre la administración y esta firma de Wall Street, anteriormente dirigida por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue cuestionado por legisladores y diversos sectores, tras revelarse que la firma se benefició de proyectos promovidos por el propio Lutnick en su rol oficial. Aunque el funcionario se desvinculó de Cantor Fitzgerald al asumir el cargo, la empresa es dirigida actualmente por sus hijos, Brandon y Kyle Lutnick.
Si bien administraciones anteriores intentaron acelerar sectores como los semiconductores mediante subsidios y aranceles, la toma de participaciones directas en el capital representa una ruptura radical. Este enfoque contradice la doctrina republicana tradicional sobre el libre mercado y deja ver cómo el consenso político en Washington viró hacia una política industrial intervencionista. Este cambio, motivado por el dominio industrial de Pekín, se aceleró en los últimos meses cuando se dejaron ver como afectaban las maniobras chinas en respuesta a los aranceles estadounidenses.
