Bank of America falló en detectar y reportar más de 5.000 millones de dólares en operaciones sospechosas y, por ello, enfrenta la tercera multa más alta de la historia del Tesoro de Estados Unidos. La sanción conmociona a Wall Street: el castigo recae sobre la segunda mayor entidad bancaria del país y, según el propio organismo, es el más alto que haya impuesto la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).
El comunicado oficial habla de penalidades por "más de 1.210 millones de dólares" por violaciones a las leyes antilavado de dinero y de sanciones económicas. El Tesoro lo plantea como una señal para todo el sistema: "Incluso las instituciones financieras más grandes no están por encima de la ley", afirmó el secretario Scott Bessent.
La más pesada vino de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN): 1.200 millones de dólares por no mitigar ni reportar "riesgos prioritarios para la seguridad nacional", entre ellos las redes chinas de lavado de dinero y las finanzas ilícitas en la frontera sur.
Multa millonaria a un grande de Wall Street
La OCC aplicó una multa civil de 750 millones por un programa de cumplimiento antilavado "deficiente e ineficaz". La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) cerró un acuerdo por 11,6 millones por presuntas violaciones a sanciones vinculadas con Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo global.
El eje de la acusación es que el banco no informó a tiempo transacciones sospechosas por más de 5.000 millones de dólares. En el acuerdo con FinCEN, la entidad admitió que violó "deliberadamente" la Ley de Secreto Bancario (BSA). Según el Tesoro, falló en tres frentes: mantener un programa antilavado que cumpliera los requisitos mínimos, hacer la debida diligencia en cuentas corresponsales de bancos extranjeros y presentar reportes de actividad sospechosa.
Para el organismo, el problema fue también de prioridades: cuando aparecieron las fallas, el banco "priorizó sus ingresos y minimizó el impacto en los recursos de cumplimiento requeridos".
El comunicado sostiene que dependió de consultas de las fuerzas del orden y de pedidos de otras entidades en lugar de sus propios controles automatizados, por lo que "tercerizó efectivamente" buena parte de su obligación de detección. Además, dejó que la actividad sospechosa "se acumulara sin investigar durante períodos prolongados", con reportes tardíos "de utilidad limitada" para la justicia.
Reporte de operaciones sospechosas
Más de 1.000 millones de ese total, según el Tesoro, involucran riesgos de seguridad nacional: transacciones propias de redes chinas de lavado, fraude y posible lavado basado en comercio, con "un nexo sustancial" con la frontera sur. El banco, afirma, no respondió "de manera oportuna y significativa" a las alertas, incluidos posibles vínculos con fondos del narcotráfico, incluso después de que su propio personal de cumplimiento escalara inquietudes.
La OCC sostiene que el sistema de monitoreo falló en vigilar "billones de dólares en transacciones", lo que generó numerosos reportes tardíos por miles de millones, muchos con "indicios de lavado de dinero". Según el regulador, el banco "sabía desde hacía años" que no escalaba actividad potencialmente sospechosa a los investigadores y no corrigió el problema. También cuestionó que el oficial de BSA y su equipo carecieran de habilidades y capacitación suficientes, y que la auditoría interna no detectara problemas de larga data que luego hallaron los inspectores.
El punto más delicado es que el banco ya estaba bajo una orden de cese y desista de diciembre de 2024 para corregir estas deficiencias. Según la OCC, después de aceptarla, "siguió sin priorizar" el cumplimiento. Más de un año después, todavía no escalaba actividades potencialmente sospechosas y procesaba posibles operaciones de lavado basadas en comercio por una brecha sistémica en su monitoreo.
Scott Bessent y la advertencia
En el caso de la OFAC, el banco aceptó resolver 475 presuntas infracciones. Según el comunicado, canalizó pagos a través de bancos bloqueados por errores técnicos y humanos, permitió que personas designadas hicieran pagos y retiraran fondos por una mala calibración de alertas, y tardó en actualizar sus listas tras nuevas designaciones. Procesó así pagos por millones de dólares en presunta violación de programas contra Rusia, Bielorrusia, Irán, Birmania, Somalia, el narcotráfico y el terrorismo global. La OFAC las consideró "no egregias" y en su mayoría no autodenunciadas.
La orden de consentimiento obliga a la entidad a contratar a un tercero para una revisión retroactiva que identifique y reporte las operaciones no detectadas. Además, deberá someterse a una revisión independiente de sus sistemas de monitoreo, debida diligencia de clientes y cuentas corresponsales, y de su gobernanza de datos, con foco en la frontera sur y los cárteles, Irán y Rusia.
"Cuando un banco de este tamaño no cumple con sus obligaciones antilavado y de sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propios muros", dijo Scott Bessent. El Tesoro advirtió que las entidades "no pueden hacer oídos sordos" a las alertas internas, "ya sea bajo la apariencia de innovación o de otra forma", y que "simplemente documentar preocupaciones" sin acciones correctivas no cumple con la ley. FinCEN recordó que mantiene un programa de incentivos para denunciantes y "actualmente acepta denuncias".