Donald Trump regresó a la Casa Blanca luego de hacer de la "deportación masiva más grande de la historia de los Estados Unidos" una promesa central de su campaña. A pocos días de su vuelta a la presidencia, su administración levantó las restricciones que impedían a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Aduanas y Protección de Frontera realizar redadas en los llamados “lugares sensibles”, como escuelas, templos y hospitales, y en las principales ciudades del país ya comenzaron los nuevos operativos de detención.
Desde que asumió el cargo, Trump firmó 21 órdenes ejecutivas para reformar el sistema migratorio estadounidense. Las operaciones comenzaron el domingo en Chicago, Nueva York inició el martes y tres funcionarios dijeron a NBC News que están planificando la próxima operación en Aurora, Colorado, para el jueves. Las redadas están siendo realizadas con la colaboración de ICE, los alguaciles federales de EEUU, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el FBI y otras agencias federales. Se espera que cada semana haya tres redadas importantes en diferentes ciudades.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió el martes a las operaciones del ICE en Nueva York. Noem publicó unas fotos en su cuenta de X y escribió: "Estamos haciendo lo correcto —haciendo exactamente lo que el presidente Donald Trump prometió al pueblo estadounidense— haciendo nuestras calles más seguras. En vivo esta mañana desde Nueva York. Estoy en ello".
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ICE informó que arrestó a 956 personas el domingo en sus primeras redadas en Chicago. Ese número volvió a aumentar al día siguiente, cuando la agencia informó que realizó 1.179 arrestos y se emitieron 853 órdenes de detención.
La administración Trump ha presentado la ofensiva como dirigida a los criminales, pero ha habido preocupaciones por la detención de migrantes respetuosos de la ley y de aquellos con permisos. Estar indocumentado se considera una infracción civil, no un crimen y las autoridades no han revelado cifras que diferencien a los migrantes con antecedentes penales de aquellos sin antecedentes que están bajo custodia.
En una reunión con los altos mandos el fin de semana, las 25 oficinas de campo de ICE fueron instruidas a cumplir con una cuota de entre 1.200 a 1.500 arrestos por día, para mejorar sus “operaciones rutinarias”, informó The Washington Post.
Hasta la tarde del martes, se habían realizado al menos 4.829 arrestos en las redadas desde la asunción del nuevo gobierno. Hasta septiembre de 2024, cuando se registraron los últimos datos disponibles, la administración de Joe Biden había arrestado un promedio de 282 personas por día. En los últimos seis días, el promedio diario de la administración Trump ha sido de 753.
ICE dentro de las escuelas
"Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser detenidos", declaró el Departamento de Seguridad Nacional el martes, luego de que se conociera la disposición de la nueva administración de permitir las detenciones en los centros escolares. Con la nueva medida se revirtieron las directrices que restringían a las agencias federales la posibilidad de llevar a cabo controles en lugares sensibles, poniendo fin a una política que había estado en vigor desde 2011.
Estas últimas acciones han generado fuertes temores entre docentes y familias que desconocen el impacto que tendrán las posibles intervenciones de las agencias y se preguntan si es seguro enviar a sus hijos a la escuela. Según el Departamento de Educación, todos los niños en los Estados Unidos tienen derecho a una educación pública, independientemente de su “estatus migratorio”, lo que permite a los distritos escolares públicos evitar en su mayoría preguntar o mantener registros sobre el estatus migratorio de sus alumnos.
Ya fueron varios los distritos escolares que prometieron en los últimos días intentar proteger a los estudiantes inmigrantes indocumentados y a sus familias de los esfuerzos de deportación masiva. Esto se dio particularmente en grandes ciudades de inclinación demócrata con importantes poblaciones de inmigrantes indocumentados, que ya cuentan con políticas de "santuario", que buscan evitar o limitar la cooperación con las autoridades federales para proteger a los migrantes y, en este caso, para dificultar el acceso a los terrenos escolares.
En California, los funcionarios han recordado a las escuelas que la ley estatal limita la participación local en la aplicación de las leyes de inmigración. Por su lado, frente a los anuncios de Trump, las escuelas de la ciudad de Nueva York recordaron el mes pasado sus políticas, incluida una que prohíbe recabar información sobre la situación migratoria de los alumnos. Asimismo, una resolución aprobada por el Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago en noviembre decía que las escuelas no ayudarían al ICE en la aplicación de la ley migratoria.
El Migration Policy Institute calcula que cerca de 733.000 niños en edad escolar se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y muchos más tienen la ciudadanía estadounidense, pero sus padres están en el país ilegalmente.
Aunque muchos adultos estadounidenses están de acuerdo con la idea de llevar a cabo algunas deportaciones selectivas, un cambio hacia la detención de personas en lugares como las escuelas sería muy impopular, según una encuesta de AP-NORC Center for Public Affairs Research. Sólo 2 de cada 10 adultos estadounidenses están a favor o muy a favor de detener a los niños que se encuentran ilegalmente en el país cuando van al colegio.
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La respuesta del Gobierno
En respuesta a preguntas de NBC News sobre la medida, un portavoz de la Casa Blanca dijo: "Al poner fin a la absurda política de eximir a muchos lugares de la aplicación de la ley —y darles a los criminales ilegales lugares para esconderse y evitar el arresto— esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y hacer nuestro país más seguro; NO es una directiva para entrar en escuelas e iglesias".
Además, añadió que "también se necesita la aprobación de un supervisor secundario antes de que se pueda tomar cualquier acción en lugares como una iglesia o escuela" y agregó: “Esperamos que estas situaciones sean extremadamente raras.”
Preguntado sobre si se habían realizado redadas de inmigración en terrenos escolares públicos desde que Trump asumió el cargo, el portavoz dijo que todavía “no se han realizado operaciones en escuelas o iglesias.”
Denuncia de los cuáqueros
La medida anunciada por la administración Trump no solo causó conmoción en las escuelas, sino que además los centros religiosos reaccionaron frente a los nuevos permisos. Cinco congregaciones cuáqueras, también conocidas como la Sociedad Religiosa de los Amigos, presentaron el lunes una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y la nueva secretaria Noem en un tribunal federal de Maryland.
La demanda argumentaba que permitir redadas en lugares de culto viola la libertad de los cuáqueros de practicar su religión, que, según ellos, les obliga a acoger a todo el mundo. "Las prácticas religiosas cuáqueras dependen del culto comunitario. Y los cuáqueros creen que la presencia de fieles de diferentes orígenes es esencial para escuchar los mensajes de Dios", dice la demanda.
Como tal, la política "obstaculiza sustancialmente" la capacidad de los cuáqueros para ejercer libremente su religión en la forma prevista, interfiriendo con su "capacidad de escuchar y recibir mensajes de Dios", argumentó la demanda.
Skye Perryman, la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que representa a los grupos cuáqueros en la demanda, advirtió que Trump está violando los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes.
"Hace una semana, el presidente Trump juró defender la Constitución y, sin embargo, hoy las instituciones religiosas que han existido desde la década de 1600 en nuestro país están teniendo que ir a los tribunales para desafiar lo que es una violación del derecho constitucional de cada individuo a adorar y asociarse libremente", dijo Perryman en un comunicado.