La demandante asegura que el cuadro neurológico apareció pocas horas después de recibir la tercera dosis, en enero de 2022.
Una demanda presentada en la Justicia argentina volvió a poner en el centro del debate a la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca, una de los fármacos que también integró la campaña de vacunación en Uruguay.
La causa fue iniciada por una mujer de la provincia de Córdoba, quien sostiene que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré tras recibir una dosis del inmunizante y reclama una indemnización por las secuelas que, según afirma, le dejaron una discapacidad laboral del 75,6%.
El expediente judicial está dirigido contra AstraZeneca y el Estado argentino. La demandante asegura que el cuadro neurológico apareció pocas horas después de recibir la tercera dosis, en enero de 2022.
La relación entre la vacunación y la enfermedad es uno de los puntos que deberá analizar la Justicia a partir de la documentación médica y las pruebas incorporadas a la causa.
La demandante es Flavia Ochoa, de Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba. Según la presentación judicial, recibió una dosis de AstraZeneca el 4 de enero de 2022 y, horas después, comenzó a sufrir fuertes calambres y dolores musculares. Al día siguiente, afirmó que perdió progresivamente la movilidad de brazos y piernas, por lo que fue internada y sometida a distintos estudios médicos.
De acuerdo con el expediente, posteriormente fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia y debió iniciar un prolongado tratamiento de rehabilitación. La documentación presentada incluye historias clínicas, estudios neurológicos, certificados médicos, constancias de denuncias de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), reportes enviados a la ANMAT y un dictamen que fijó una incapacidad laboral del 75,60%, elementos que serán evaluados durante el proceso judicial.
En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas (NA), Ochoa relató: "Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar". También señaló que continúa realizando rehabilitación y que utiliza un andador para desplazarse.
La demanda reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo. Además, cuestiona algunos artículos de la Ley 27.573, que reguló la adquisición de vacunas contra el COVID-19 en Argentina y creó un fondo de reparación para quienes acrediten daños derivados de la vacunación.
Antes de acudir a la Justicia, la demandante inició un procedimiento administrativo previsto en esa normativa. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas rechazó el reclamo al considerar que no había elementos suficientes para establecer un vínculo causal entre la vacuna y el cuadro neurológico denunciado. Esa decisión también fue impugnada judicialmente.
En consecuencia, el eje del proceso será ahora determinar, mediante pericias y el análisis de la evidencia científica y médica, si existe una relación entre la aplicación de la vacuna y las secuelas que denuncia la demandante. Hasta que haya una resolución judicial, esa vinculación continúa siendo una hipótesis planteada por la actora.
La vacuna de AstraZeneca formó parte de las campañas de inmunización contra el COVID-19 en distintos países, entre ellos Uruguay, donde fue utilizada durante la emergencia sanitaria junto con otras plataformas.
El 4 de abril de 2021 y producidas por SK Bioscience en Corea del Sur, el país recibió las primeras 48.000 dosis a través del Mecanismo COVAX, un esfuerzo global de la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
