La Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU) reclamó una reforma del Código Civil español para ampliar el acceso a la Nacionalidad por descendencia y eliminar los límites generacionales que actualmente condicionan su transmisión.
La propuesta contempla que hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y descendientes de generaciones posteriores puedan solicitar la ciudadanía, siempre que acrediten documentalmente el vínculo familiar con un antepasado. El planteo busca establecer un mecanismo permanente que no dependa de nuevas leyes extraordinarias ni de plazos específicos para presentar la documentación.
El reclamo tomó fuerza después del cierre de la Ley de Nietos, cuyo período de solicitudes terminó el 22 de octubre pasado. Mientras los consulados continúan procesando los expedientes presentados dentro del plazo.
¿Qué dice el proyecto que busca abrir una ventana para obtener la nacionalidad española por descendencia?
La iniciativa respaldada por CODEU retoma una propuesta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que impulsa cambios en cuatro artículos del Código Civil: el 20, el 23, el 24 y el 26. El objetivo es ampliar las posibilidades de transmisión y adquisición de la Nacionalidad y corregir desigualdades históricas que afectaron a los descendientes de emigrantes.
El planteo parte del principio jurídico ius sanguinis, que reconoce el derecho a la nacionalidad por filiación. Desde esa perspectiva, la organización sostiene que el vínculo con un antepasado español no debería perder validez por el paso de las generaciones.
"El ius sanguinis se fundamenta en la filiación, y la filiación no se diluye por el paso de las generaciones, sino que simplemente se encadena", puntualizó CODEU en un documento fechado el 4 de noviembre y firmado por su vicepresidente, Yeobany Vázquez Pardo.
Sin embargo, la propuesta no contempla una concesión automática de la ciudadanía. Los interesados tendrían que presentar partidas y certificaciones oficiales que permitan demostrar cada eslabón de la cadena familiar, manifestar su voluntad de adquirir la nacionalidad y completar el procedimiento administrativo correspondiente.
También se plantea evaluar requisitos complementarios, como una declaración de lealtad a la Constitución española o conocimientos básicos de lengua y cultura, siempre que no representen condiciones discriminatorias.
El proyecto tiene antecedentes institucionales. El CGCEE aprobó la iniciativa durante su pleno de Asturias, en noviembre de 2023, y la presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 8 de octubre de 2024. Posteriormente, el 25 de marzo de 2025, su presidenta, Violeta Alonso, expuso los principales cambios ante la Comisión de Justicia del Senado.
Entre las modificaciones también figuran la posibilidad de que los cónyuges extranjeros de españoles de origen residentes en el exterior puedan optar a la nacionalidad después de dos años de matrimonio, eliminar la obligación general de renunciar a la ciudadanía anterior y limitar la pérdida de la nacionalidad a los casos de renuncia expresa y voluntaria.
Otro punto busca reparar las desigualdades que afectaron a las mujeres españolas en la transmisión de la ciudadanía. Antes de la Constitución de 1978, podían perder su nacionalidad al casarse con extranjeros y no contaban con las mismas posibilidades que los hombres para transmitirla a sus hijos.
La dimensión de los trámites pendientes también explica la importancia del debate. Según estadísticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, al 31 de mayo de 2026 los consulados habían recibido 1.225.188 solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática. De ese total, 571.761 habían sido aprobadas y se habían realizado 333.696 inscripciones en los registros consulares.
