El exministro de Defensa dijo que ninguno de los astilleros que presentó ofertas impugnó administrativamente la adjudicación a Cardama
El exministro de Defensa, Javier García, compareció este lunes ante la comisión del Parlamento que investiga la compra de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada al astillero español Cardama.
Su presencia era esperada por oficialismo y oposición ya que fue el responsable político de la adquisición, que luego se vio frustrada ya que el Frente Amplio canceló el contrato por irregularidades en las garantías que se constituyeron.
García –que actualmente se desempeña como senador por el Partido Nacional– defendió la compra señalando que fue “transparente, prístina y cristalina” y apuntó contra el oficialismo al decir que la rescisión fue “criminal”.
“Fue criminal la decisión de dejar al país, por un tema político, sin OPV”, agregó y consideró “cobarde” que un responsable político le eche la culpa a un cargo subalterno de sus responsabilidades. “Yo estuve hasta el 4 de marzo y después se actuó igual de bien”.
A su juicio, en la rescisión volvieron a operar “intereses poderosísimos” que también estuvieron detrás de que en anteriores períodos de la izquierda en el poder no se avanzara en el tema pese a que se hizo, a su entender, un “turismo de astilleros”.
“Esos poderes económicos que impidieron que Uruguay decidiera, cuando el país decidió, fueron los mismos que operaron para que cayera la compra de las OPV al astillero Cardama”, dijo. García aseguró que no tenía pruebas pero sí la “convicción” de que habían operado “muchas veces en la sombra”, otras veces “con operaciones de prensa” y “reuniéndose con dirigentes políticos”.
Durante su presentación, el exministro aseguró que actuaron bajo el asesoramiento de la Armada, cuyo comandante Jorge Wilson le envió dos veces documentos que colocaban a Cardama como la mejor oferta de las presentadas.
A su vez, reiteró una información que había aportado Wilson sobre que la oferta del astillero fue presentada por el capitán retirado Gerardo Moreira, que previamente trabajaba para Lürssen.
Al igual que ocurrió en otras sesiones, las consultas del Frente Amplio elevaron la tensión de la sesión y motivaron que en un momento García asegurara que estaban “insinuando otra cosa”.
“Si se están insinuando acciones deshonestas que se diga acá, no en los medios, y se deje en versión taquigráfica. Y después de decir con versión taquigráfica, que se esté dispuesto en el juzgado a fundamentarlo y que se atenga a las consecuencias por los agravios que se insinuaron”, expresó.
En este sentido, señaló que no estaba dispuesto a dejar pasar “un minuto” que se “atente” contra su honestidad, la del presidente de la República y su equipo de trabajo. “¡Basta de insinuaciones! Que se diga de frente y mano acá, con versión taquigráfica; después que se vaya a demostrar a los juzgados y se hagan cargo de la infamia que hacen”.
A su entender, el proceso de compra directa por excepción –por tratarse de material militar– fue “absolutamente transparente, cristalino”.
Respecto a este punto, aseguró que no hubo “ninguna impugnación de los demás astilleros”, algo que consideró “raro” porque lo habitual era que lo hubiera. “Me llama la atención que entre los documentos que repartieron acá, que fueron llegando no vino una carta que remitió el segundo astillero, el francés –Kership–”, dijo y agregó que en esa comunicación expresaba que “esperaba que todo siguiera andando, y se mostraba dispuesto y atento para otras oportunidades”.
“Se trataba de una empresa que había quedado relegada porque nos habíamos decidido por otra. Quiere decir que no hubo impugnación administrativa por parte de ninguno de los astilleros. Por eso después no hubo que hacer ningún recurso administrativo porque no había qué contestar”.
Otro de los puntos de consulta obedeció a las razones por las que ni el MEF ni el Banco Central evaluaron los riesgos económicos que tenía Cardama. García señaló que el MEF estuvo en la primera convocatoria –la que se declaró desierta– pero en la segunda se decidió no convocarlo. Liliam Kechichian le reprochó que nunca se le hubiera ocurrido tomar una decisión de esa envergadura sin consultar al MEF.
También le preguntaron si tenía conocimiento sobre un oficio que envió el contralmirante Héctor Magliocca al comandante Wilson en el que pedía evaluar la situación crediticia del astillero, pero García dijo no recordar.
Ante la consulta de uno de los legisladores, García dio a conocer que la empresa Dun & Bradstreet, que hizo un informe contratado por marinos retirados que advirtió que Cardama tenía riesgo de quiebra, fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por hacer “informes fraudulentos” o “engañosos”.
A su vez, señaló que ese informe se incluyó en el expediente de la investigación administrativa aunque no se sabe por quién. “Se introdujo, se plantó, no aparece quién”, agregó y dijo que era “gravísimo”.
“Yo creo que, llegado el momento, los abogados van a tener que analizar esto por si configura un ilícito. Creo que los abogados van a tener que analizar esta circunstancia, que es muy grave, muy grave, y evaluar si no configura un ilícito de tipo penal. Van a tener que analizarlo”.
