Uruguay quedó afuera del Mundial y los más futboleros dejaron de jugar con la calculadora. Pero ahora ingresó la Rendición de Cuentas al Parlamento y los economistas empezaron a hacer sus cálculos. ¿Cómo es posible que, al decir del gobierno, en 2029 se espere una reducción de una cuarta parte de la pobreza en la primera infancia?
El cálculo toma supuestos y no es una promesa de campaña. Es una aproximación tomando en cuenta que un tercio de quienes nacen en Uruguay lo hacen en hogares debajo de la línea de pobreza. Si la economía no tiene grandes avatares, si el país no entra en recesión, si el mercado laboral se sigue comportando similar al de ahora, los técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estiman lo siguiente:
En abril de 2029, cuando el Instituto Nacional de Estadística libere los datos de cómo acabó la pobreza en 2028, ya entonces se habrán beneficiado con los incrementos de asignaciones los niños de tres años o menos que habitan en la mitad de los hogares más vulnerables del país. Y el impacto del programa de “asignación única para la infancia y adolescencia”, como le llaman, hará que la pobreza a esas edades (medida por ingresos) caiga del 33% al 25% (una cuarta parte).
Más allá del porcentaje que se alcance, el director de la OPP, Rodrigo Arim, fue enfático: “Esta es solo la plataforma base y su verdadero impacto se verá en varios años más, cuando el despliegue haya alcanzado a todos los menores de edad (incluyendo adolescentes). Hará que incluso ante una caída ese revolcón no sea tan drástico, como si tuviese una red de contención. Y esta política, que viene a ordenar y mejorar las trasferencias, siempre tiene que ir acompañada de otras políticas en el ámbito laboral, educativo, en los cuidados para que realmente haya un cambio estructural del todo”.
No es una opinión aislada, es casi un consenso técnico. Hasta el economista Antonio Manzi, quien era el director de Transferencias del Mides en el gobierno anterior y ahora le tocará estudiar en profundidad el articulado de la Rendición por el Partido Colorado, coincide. “Todo aumento de las transferencias hay que celebrarlo, pero con eso solo no basta para que Uruguay quiebre con las cifras de niños viviendo en hogares pobres en muchas carencias”.
Un discurso casi idéntico tiene el actual director de Transferencias, Juan Martín Fernández, el economista Nicolás Cichevski de la consultora CPA y el también economista Matías Brum de la Universidad ORT Uruguay. Los tres son de esos que estuvieron haciendo cálculos.
Los tres coinciden que incluso el aumento de las trasferencias previsto —aunque no alcanza solo con ellas— puede implicar cierto impacto estructural: la mejora de las condiciones de la vivienda, la mejora de la nutrición en los famosos mil primeros días en que el cerebro forma más conexiones neuronales, por decantación más facilidad para que el niño asista a la escuela y así…
La inyección que el Ejecutivo prevé para este programa es de 31 millones de dólares a ejecutarse desde enero de 2027. Ese año comprenderá a las embarazadas, a los niños nacidos durante ese año, los nacidos en 2026 y 2025. Y favorecerá a unos 54.000 menores y embarazadas.
Al año siguiente se suman los nacidos en 2028 (por ahora esa inyección adicional será de casi 43 millones de dólares al precio actual de la moneda estadounidense). Y en 2029 se suman otros 47 millones. Pero Arim fue enfático: “Si en Rendiciones posteriores se puede aumentar todavía más, es una de las prioridades”.
¿De qué va el nuevo sistema de transferencias y a quiénes favorecerá?
Desde enero de 2027 las transferencias monetarias que reciben los menores (o sus hogares por cada menor) pasan a unificarse en una asignación de cobro mensual. Quienes ya reciben beneficios no dejan de recibirlos, solo que ahora deja de haber por separado la Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones Familiares, el bono crianza y pasa a haber una plataforma única.
Siguiendo el Índice de Carencias Críticas se hace un cálculo del ingreso aproximado de cada hogar. A los hogares con niños y adolescentes se los divide en deciles (el 10% de menos ingresos, el siguiente 10% y así hasta llegar al 100%). Las prestaciones van solo a los primero cinco deciles (lo que es lo mismo que decir los hogares más vulnerables o la mitad de los hogares con menores del país).
El monto que reciben depende del decil y siempre es por cada menor que esté comprendido en las edades. En 2027 estarán los que tiene entre cero y dos años, sin llegar a los tres cumplidos. El resto seguirá teniendo las prestaciones de ahora sin incrementos.
A las embarazadas, niños y niñas de hasta tres años de edad, inclusive, o personas con discapacidad moderada o severa se les asignarán 10.000 pesos uruguayos si están en el primer o segundo decil de vulnerabilidad. Eso baja a 6.600 pesos para los del tercer y cuarto decil. Y a 3.300 pesos en el quinto decil. Se supone que luego de eso ya no hay quienes debieran recibir asignaciones por su estado de vulnerabilidad.
Para los mayores de cuatro años las cifras son más bajas, pero esos todavía no percibirán el cambio de la plataforma hasta que se sumen nacidos en otros años.
Los niños y adolescentes que están bajo la protección del INAU (léase que el INAU es su hogar), cuentan como si fueran del primer decil si son menores de tres años o están embarazadas y del tercer decil si son mayores de cuatro años.
¿Una transferencia a cambio de qué? La pregunta se repite cada tanto. La evidencia muestra que cortar las asignaciones familiares a quienes se desvinculan de la educación solo agrava el problema. Pero desde las autoridades educativas también se sostiene que el desligar del todo la contraparte supone poner en tela de juicio la obligatoriedad planteada por José Pedro Varela.
En la Rendición de Cuentas se plantea que a quienes se desvinculan se les retiene el 20% de la asignación. Ya no es toda, pero tampoco es la nada. Y se busca como prioridad la revinculación.
El Banco de Previsión Social y el Mides pasan a cumplir un rol más activo en la captación en tiempo y forma de aquellos que puedan quedar excluidos de las asignaciones. En especial entre las embarazadas, muchas de las cuales no son captadas antes de que nazca el bebé y puedan darse las condiciones para que ese embarazo tenga las mejoras ambientales, así como los primeros días de vida.
El BPS pasa a jugar un rol de mayor fiscalización y el Estado está obligado a pasarle la información necesaria. No solo para que se evite que reciban asignaciones quienes no las tienen que recibir, sino, sobre todo, para que se vaya al encuentro de quienes tienen que tenerla, se tiene que saber sus condiciones y dársela cuanto antes. Ese es un guiño al propio Estado para que acelere la interoperabilidad y eficacia de las políticas públicas con los datos administrativos que ya posee el propio Estado.
A modo de glosario:
Un hogar es el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia. Quedan incluidos asimismo los constituidos por una única persona embarazada. No es una vivienda, sino ese núcleo.
ICC: El Índice de Carencias Críticas es una herramienta técnica utilizada en Uruguay por el Ministerio de Desarrollo Social. Su función principal es focalizar las políticas sociales y definir la elegibilidad de los hogares para recibir transferencias monetarias. Toma distinta variables para aproximarse al nivel de vulnerabilidad y de ingresos en un hogar, incluso cuando se está en la informalidad
