La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) denunciaron este viernes que el buque de exploración sísmica contratado por la empresa Viridien (CGG Services) comenzó con sus tareas pese a que aún no recibió la última autorización por parte del Ministerio de Ambiente.
Las cámaras emitieron un comunicado en el que expresan su "más profunda alarma y preocupación" ante la presencia de un buque de prospección sísmica en la zona de pesca nacional operando a velocidad de trabajo, lo que constituye un fuerte indicio del inicio de actividades de exploración sin contar con las autorizaciones definitivas correspondientes".
"Se advierte que el buque encargado de la prospección ya se encuentra en aguas territoriales desplazándose bajo parámetros de operación técnica. A esta situación se suma evidencia documental crítica: una comunicación enviada por el capitán del buque explorador a otras embarcaciones en la zona, donde se establecen perímetros de exclusión, confirmando que la actividad sísmica ya ha comenzado", señala el texto.
En el comunicado, las cámaras también aseguran que desde la Dinara se "confirmó a las empresas que el barco está en zona de pesca pero que aún no cuenta con autorización".
"Este inicio de actividades ignora las peticiones formales realizadas por las cámaras pesqueras, que solicitaron postergar cualquier prospección hasta noviembre de 2026. El objetivo de esta prórroga es permitir que el sector tuviera una zafra normal tras dos años de parálisis casi total debido a conflictos sindicales que generaron pérdidas superiores a los US$ 50 millones".
A su vez, las empresas expresan su "sorpresa" con la "celeridad del gobierno" para facilitar la prospección sísmica "contrastando dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca".
Crítica a las compensaciones
"Desde las cámaras empresariales se reitera que el actual sistema de compensaciones validado por el Ministerio de Ambiente es incompleto y discriminatorio. Las cámaras han exigido que cualquier esquema de compensación económica sea resuelto antes del inicio de la actividad, y no bajo un modelo de evaluación de daños ex-post, y que contemple a la totalidad de la flota, incluyendo específicamente a los permisos de Clase B, que han sido arbitrariamente excluidos a pesar de que estudios técnicos demuestran mermas de captura de hasta un 70% debido al efecto de "alejamiento" causado por las ondas sonoras", agregan.
Por último, CIPU y CAPU "exhortan a las autoridades de la Dinara, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria a intervenir de forma urgente para detener una operación que vulnera la soberanía productiva del país y desconoce el derecho al trabajo de miles de uruguayos".
