El inminente reinicio de la búsqueda de petróleo en el mar territorial uruguayo mediante tareas de exploración sísmica tiene en alerta a diversas organizaciones sociales que buscan que la Justicia detenga el proceso.
La empresa Viridien (CGG Services), una de las cuatro que recibió la autorización del Ministerio de Ambiente, pretende comenzar con las tareas en el mes de febrero y ya tiene en camino desde Surinam hacia Montevideo el BGP Prospector, el buque contratado.
Estas tareas afectarán a las empresas dedicadas a la pesca, las cuales recibirán compensaciones económicas por las pérdidas que tengan, un asunto que genera controversia por estas horas ya que las compañías tienen discrepancias con lo resuelto por el gobierno.
El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, dijo a El Observador que están en contra de la prospección porque les genera “daños muy grandes”, tal como ocurrió en 2012 cuando se realizaron las primeras exploraciones. “Fue enorme, las mermas en las capturas fueron significativas, del orden del 40%, y hay un juicio desde esa época”, señaló.
El empresario mencionó que el gobierno reconoce que se afectará la zafra por lo que dispuso las compensaciones, pero estas no son suficientes por dos grandes razones.
En primer lugar, la CIPU reclama que alcancen también a quienes pescan en la costa –con licencia clase B–, algo que no fue dispuesto por Ambiente, que estableció compensaciones solo para los que lo hagan en altamar –clase A y C–.
“No aceptan que la propagación del sonido en el mar viaja kilómetros y llega hasta la costa. Hay evidencia porque en 2012 se hizo en un área similar, en la misma zona, y perjudicó a los permisos B. Ahora va a perjudicar de nuevo y esa es nuestra gran discrepancia original”, dijo.
Actualmente, 15 barcos –con capacidades de entre 400 y 600 toneladas– tienen licencias A y C. Salen a altamar por aproximadamente un mes y pescan merluza, calamar y cangrejo rojo, entre otros. El procesamiento del pescado que capturan se hace a bordo y la tripulación puede llegar a ser de 35 personas.
A su vez, hay 33 buques –con 50 toneladas de capacidad– con licencia B para operar en la costa. Salen una vez por semana, realizan tres viajes al mes y pescan corvina y pescadilla. Estos buques no congelan a bordo por lo que el procesamiento se hace en plantas, lo que genera un “derrame” diez veces mayor, al decir de Riva-Zucchelli.
En segundo lugar, el empresario señaló que la resolución de Ambiente establece que para otorgar las compensaciones deben demostrar que hubo pérdida, lo que genera una “gran discusión” porque no hay datos que puedan tomarse de base.
“En el juicio hace diez años que estamos discutiendo eso. No está valorizado y no hay un estudio en la zona donde van a hacer las prospecciones ni en la costa por lo que no sabemos con qué lo van a comparar”, agregó.
La autorización de Ambiente dice que la titular del proyecto deberá “compensar económicamente a las empresas con permisos de pesca categoría A y C otorgados por la Dinara que hagan uso frecuente del área de influencia del proyecto y que efectivamente demuestren una afectación a su actividad por pérdida de captura, por desplazamiento de buque o por desplazamiento o daño de arte pesca”.
El empresario dijo que le hicieron “notar” la situación a las autoridades pero no tuvieron eco.
Las compensaciones propuestas
Tal como lo exige la resolución, el programa de gestión ambiental presentado por Viridien menciona cómo serán las compensaciones que pagará.
El plan menciona que el radio de cobertura para la definición del área “afectada” será un buffer de 11 millas náuticas (20 km) en torno al área de adquisición. “Esta área de cobertura resulta suficiente ya que comprende ampliamente la distancia de 6,5 km a la cual se detecta el potencial ahuyentamiento de los peces, criterio que es empleado en Noruega para compensación a la pesca”, dice.
A su vez menciona que los eventos que sean objeto de reclamo (pérdida de captura, daños de artes o desplazamiento) deben haber tenido lugar luego de iniciada la campaña de adquisición y hasta un mes luego de finalizadas las actividades.
“Los reclamos podrán presentarse hasta un período de dos meses luego de finalizada la campaña”, agrega.
El documento también menciona que cuando se solicite una compensación por pérdida de captura el reclamante deberá proporcionar información sobre cómo fue la captura el mismo mes calendario en los últimos tres años (2023-2025) y cuando pida por daños o pérdidas de artes de pesca deberá dar información sobre el evento (fecha, lugar, descripción del evento y embarcaciones involucradas).
“Cuando se solicite una compensación por desplazamiento, debe existir información verificable que demuestre, mediante datos AIS, que la distancia promedio recorrida por operación durante el período del relevamiento supera el promedio histórico mensual 2023-2025 dentro del área habitual de pesca”, plantea también y pide adjuntar documentación oficial de Dinara (partes de pesca y comprobantes de desembarque) junto con datos técnicos de la embarcación para calcular los costos adicionales de navegación.
“No se evaluarán solicitudes en los casos que se demuestre que el reclamante ha tomado actitudes deliberadas como navegar en zonas de exclusión o desplegar artes de pesca en la ruta pre-definida del buque sísmico, siempre que se haya proporcionado la información de la ruta con antelación suficiente”, sentencia.
