La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) solicitaron al gobierno que suspenda la nueva etapa de prospección sísmica prevista para noviembre "hasta que se realice una evaluación científica e independiente de los resultados operativos, ambientales y económicos de la primera temporada".
Además, ambas cámaras pesqueras pidieron realizar una evaluación científica en la que participe de forma efectiva la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), instituciones académicas y el sector pesquero.
Entre otros puntos, solicitaron "publicar la cantidad exacta de puntos de disparo", "revisar el funcionamiento del mecanismo de compensación frente a los posibles perjuicios económicos ocasionados a una actividad productiva preexistente" e "informar cuál sería el alcance efectivo de una nueva etapa, incluyendo el área pendiente de la primera temporada, su duración total estimada y la cantidad adicional de disparos previstos".
Las cámaras añadieron que, según los informes presentados por la empresa Viridien ante el Ministerio de Ambiente, durante la primera etapa se recorrieron 2.653,520 kilómetros de adquisición sísmica, con un intervalo de 16,667 metros entre las activaciones de las fuentes. "A partir de esos parámetros oficiales puede estimarse que se realizaron aproximadamente 159.000 disparos sísmicos en el mar uruguayo durante los 48 días que duró la campaña, entre el 7 de marzo y el 23 de abril de este año", expresaron las cámaras en un comunicado en conjunto.
"Según lo informado por la empresa, la campaña solamente logró completar el 53,9% del área principal planificada. Viridien atribuyó las interrupciones principalmente a la presencia de fauna marina y a las condiciones meteorológicas", añadió la comunicación.
"Para las cámaras pesqueras, estos resultados modifican sustancialmente las condiciones bajo las cuales fue evaluada y autorizada la campaña. Antes de comenzar una nueva temporada, el Poder Ejecutivo debería informar si el área que quedó pendiente será incorporada a las operaciones previstas para la nueva etapa a partir de noviembre y cuál sería, en ese caso, el aumento de la duración, la cantidad de disparos y la exposición acumulada del ecosistema marino", comunicaron las cámaras.
"Antes de volver a hacer ruido bajo el mar, el Estado debería explicar qué ocurrió, evaluar sus efectos y evitar que la pesca uruguaya, la biodiversidad de nuestras aguas y la sociedad en su conjunto vuelvan a asumir los costos y las consecuencias de esta actividad", sentenciaron.
