Mientras la defensa del exsenador Charles Carrera prepara la contestación a la acusación de la fiscalía, que pidió 4 años de condena por los delitos fraude y utilización indebida de información privilegiada, libra otra batalla judicial para acceder a documentación del Hospital Policial relativa a las autorizaciones especiales de asistencia brindadas por ese prestador entre 2012 y 2017, y que pretende utilizar en el juicio.
Por eso, paralelamente al proceso penal, el abogado Juan Manuel González Rossi intimó el cumplimiento de condena al Ministerio del Interior y pidió que se le cobre 5 UR por cada día que pase sin que entregue la información.
En una resolución del 3 de junio, la jueza de lo Contencioso Administrativo María Eugenia Ferrer intimó al cumplimiento total de la sentencia en un plazo 30 días. Pasado ese plazo, se le comenzará a cobrar al ministerio 2 UR por cada día de atraso.
El caso penal, y su derivación en civil para obtener la información pública, surgen de la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial. La fiscalía sostiene que por tratarse de un civil, no tenía derecho a recibir asistencia y responsabilizó a Carrera quien en ese momento, duranta la gestión de Interior a cargo de Eduardo Bonomi, ocupaba el cargo de director general de Secretaría.
Hernández que resultó herido de bala en su casa de La Paloma (Rocha) por un proyectil perdido que vino de la casa de un comisario que estaba haciendo una fiesta, estuvo internado en el Hospital de Rocha y en el Hospital de Clínicas, y desde julio de 2013 a 2016 en el Hospital Policial. Esa internación ocasionó al Estado un gasto que superó los $ 6 millones.
Defensor a Interior: "Obrar dilatorio" y "forma temerosa de eximirse de sus obligaciones"
Según surge del escrito de González Rossi, al que accedió El Observador, el abogado denunció el "constante obrar dilatorio" del Ministerio del Interior que "en forma temerosa ha buscado eximirse de sus obligaciones legales y constitucionales en cada oportunidad que se le ha presentado, presentando información incompleta. desordenada, contradictoria que en definitiva, atenta contra la transparencia que debe regir el obrar de toda la Administración y que constituye una de las más elementales garantías del Estado de Derecho".
Mencionó que según la respuesta de Sanidad Policial con la firma del comisario general Jorge Otero, desde el año 2001 a la fecha se han registrado 4.418 autorizaciones especiales. Sin embargo, la información está presentada de manera confusa. Señala que "al ordenar adecuadamente y por fecha la confusa información presentada por el Ministerio, la primera Autorización está numerada 9.543, aún muy lejos de las presuntas 4.418 que el Ministerio alegó en su oportunidad. Surge sin mayor esfuerzo una clara contradicción que si, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio del Interior, existen únicamente 4.418 autorizaciones especiales, entonces los formularios que el propio Ministerio ha dispuesto a tales efectos, deberían corresponderse con tal numeración".
El abogado afirmó que el incumplimiento central de la condena radica en que el ministerio agregó "una vasta parte de la documentación (...) no da cuenta de los motivos que fundamentan la autorización, sino que se limita a consignar "autorización otorgada por Comisión", o en algunos casos "por el Director Nacional", en otros "por el Director Nacional de Asuntos Internos" y en algunos casos relaciona el número de expediente por el cual habría tramitado la solicitud y en los que la Comisión habría analizado los fundamentos para cumplir con su función.
"Es manifiesto que esta información existe pues los propios memos en numerosos casos recogen "De acuerdo con lo sugerido precedentemente por la Comisión Especial creada por Resolución...". Tales sugerencias, informes y dictámenes son los que constituyen el núcleo central de lo solicitado, que el Ministerio ha comprendido a cabalidad y oblicuamente ha evitado brindar", señaló González Rossi.
En ese sentido, expresó que el Ministerio del Interior "no puede excusarse en no haber comprendido que el requerimiento abarcaba toda la información relacionada".
"Llama poderosamente la atención la temeraria afirmación que realiza el representante del Ministerio del Interior cuando sostiene ´acompaña a este escrito copia autenticada de autorizaciones especiales concedidas entre el año 2012 y el año 2017 siendo esta la única documentación existente, no contando con documentación anterior y posterior al lapso de tiempo indicado´", cuestionó el defensor de Carrera.
Agregó que si desde el 2001 a la fecha se han registrado, según dijo 4.418 autorizaciones especiales, "no se explica racionalmente de dónde surge tal número, si afirman no tener ninguna otra documentación hasta el año 2012. Tampoco resulta verosímil que el Ministerio no haya resguardado documentación de autorizaciones especiales durante más de una década. Tampoco afirman que se hayan extraviado o destruido".
La acusación de la fiscalía contra Carrera
La justicia accedió al pedido de la fiscal de Delitos Económicos de 2° Turno Sandra Fleitas y concedió la prórroga de las medidas cautelares que le rigen a Carrera hasta el 10 de diciembre. Esas medidas son la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial, como informó El País.
Junto con la condena del exsenador a cuatro años de prisión, Fleitas pidió su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años y el pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables.
Carrera ha insistido en que es inocente, en que la asistencia a Hernández estuvo amparada en un caso de asistencia humanitaria y en que él ha sido víctima de una operación por denunciar la entrega del puerto. Su acusación apunta contra el exministro del Interior Luis Alberto Heber, quien lo denunció a la fiscalía.
