En la audiencia de este miércoles la defensa del exsenador Charles Carrera pretendía avanzar en que la fiscalía validara a sus 70 testigos propuestos para que declaren en el juicio oral pero al plantear al primero, que es el actual secretario de Inteligencia del Estado y exdirector de la Policía, Mario Layera, comenzó el debate y costó mucho avanzar.
Cuando el defensor Juan Manuel González Rossi dijo que “prestará testimonio sobre el funcionamiento del Ministerio del Interior, los distintos niveles de jerarquía organizacional y el funcionamiento de la División Asuntos Internos. Así como todo otro dato relevante para la causa”, las representantes de la fiscalía le reclamaron que aclarara que querían incluir en relación al funcionamiento del Ministerio del Interior.
El defensor explicó que en el momento de los hechos por los que se acusa a Carrera, el testigo era jefe de Policía de Montevideo, por lo cual formaba parte del gabinete del Ministerio del Interior y conocía toda la información de lo que iba pasando en torno al caso de Hernández.
La fiscalía pretende que en el juicio Carrera sea condenado por su responsabilidad en la internacion y tratamiento médico en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un vecino de La Paloma que resultó gravemente herido por una bala perdida en 2012 que se cree salió de la casa del entonces comisario Marcos Martínez. En ese momento Carrera era el director general de Secretaría del Ministerio del Interior (gestión de Eduardo Bonomi), y según la fiscalía fue quien dio la orden de mantenerlo internado entre 2013 y 2016 y de pagarle viáticos de $20 mil mensuales, pese a que la ley no lo habilitaba.
El equipo fiscal que este miércoles estuvo representado por las adscriptas Valería García y Romina Cabrera y la fiscal del equipo de Litigación Valeria Bovio, (la titular Sandra Fleitas no estuvo) cuestionó también la referencia a que tanto en el caso de Layera como de varios otros testigos se incluyera en el objeto de la declaración, que lo harán sobre “todo otro dato relevante para la causa”, y a que se hiciera referencia al “contexto de la época”.
La fiscal Bovio dijo que ese concepto era muy amplio e ironizó con que no se sabía si se refería a la pandemia, o a la guerra de Ucrania entre Rusia.
El defensor se quejó de estar “trabajando en forma asimétrica” ya que en la audiencia anterior, del martes, en la que se admitieron los 33 testigos de fiscalía (entre quienes están el exministro Luis Alberto Heber, denunciante de Carrera), se accedió a que declaron sobre "todo dato útil a la causa”.
Además le reprochó a la fiscal pretender “ridiculizar” a la defensa. “Estamos hablando de una persona que fue herida de bala todo hace suponer que es responsable un comisario y que esa responsabilidad iba a recaer en el Ministerio del Interior. No hay otro contexto. No es Rusia, no es otra cosa”.
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera lamentó que las partes se enfrascaran en “rispideces innecesarias” y les pidió “usar el sentido común”.
Pero el debate siguió y cuando la fiscalía planteó que si la defensa eliminaba lo de “todo otro dato útil”, le aceptaban los testigos, la otra integrante de la defensa, la abogada Lucía Fernández, señaló que eso era “extorsivo (si renuncio a una cosa me admiten lo otro”).
“No le voy a permitir”, le respondió la fiscal de Litigación, y le dijo a la jueza que si lo incluía, lo apelarían.
Tras varios intentos de la jueza por mediar entre las partes -sin éxito-, dado que seguían discutiendo, cuando ya había pasado más de una hora, le jueza les dijo que no daba para seguir debatiendo, y que se aclararía que el contexto era en relación al objeto ofrecido por la defensa.
Finalmente la jueza les dio un cuarto intermedio para que la defensa resolviera cómo seguir y definieron que le entregarán a la fiscalía un escrito en el que especificarán sobre qué puntos declararán los testigos. Se incluyó en esa lista a los testigos que no declararon en fiscalía, puesto que en el caso de los que lo hicieron la fiscalía conoce el contenido de la declaración y por lo tanto, los aspectos sobre los que se les preguntará en el juicio.
Charles Carrera en la audiencia judicial del 30 de setiembre de 2025
Foto: Diego Lafalche/ FocoUy
En este etapa se espera que defensa y fiscalía sepan al detalle sobre que declarará cada testigo para poder preparar sus propias preguntas para el juicio.
Además con toda esa información, la jueza de garantías deberá redactar el auto de apertura al juicio, el documento con el que el juez del juicio tomará conocimiento sobre los hechos y sobre los testigos que las partes interrogarán.
La lista de testigos de la defensa incluye además de a Layera, a la exministra de Salud Susana Muñiz; el ex subsecretario de Salud Miguel Fernández Galeano; el exgerente general de ASSE y del Fondo Nacional de Recursos (FNR) Alarico Rodríguez; la exgerenta general de ASSE Alicia Ferreira; el exdirector de Sanidad Policial Leonardo Anzalone; la abogada Maria Stella González, entonces jefa de Asuntos Internos; José Pedro Sesser ex subdirector general de Secretaría, el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra; el actual intendente, el nacionalista Alejo Umpierrez; el entonces integrante de la Institución de Derechos Humanos Juan Faroppa; y la presidenta de la Jutep Ana Ferraris.
El debate por el relevamiento de secreto profesional
La audiencia transcurrió entre escasos avances dado que se fueron generando varios debates. Cuando la defensa mencionó a otro testigo, el abogado Martín Fernández, representante del Ielsur en ese momento (actual integrante de la prosecretaría de Presidencia), quien asesoró a Hernández en los primeros momentos, la fiscalía preguntó si estaba relevado del secreto profesional para declarar.
“No entiendo el planteo”, dijo González Rossi y explicó que ya declaró en fiscalía, donde se planteó el tema y Hernández lo había relevado como consta en una entrevista con la víctima que está en poder de la fiscalía.
Las fiscales dijeron que una cosa era para esta etapa y otra para el juicio. La defensa contestó que lo mismo ocurre con todos los integrantes del equipo médico que atendieron a Hernández, muchos de los cuales fueron propuestos por la fiscalía, por lo que entonces habría que ir para atrás y aclarar que a esos testigos también habrá que volver a relevarles el secreto.
Ante un nuevo intercambio con la fiscal Bovio sobre el tema, González le dijo: "Cuando me termine de ridiculizar, me da la palabra”.
La jueza les pidió dejar de estar en “las cuestioncitas pequeñas” y “avanzar”.
Otra cuestión sobre la que la fiscalía pidió explicaciones fue la declaración de algún funcionario del MInisterio del Interior y de Sanidad Policial, ante lo cual la defensa aceptó que se aclarara que esos testigos declararán sobre el conocimiento de los hechos referidos a Hernández.
En el caso del funcionario que trabaja en programa Pelota al Medio de la Esperanza, el defensor explicó que la Fiscalía imputa a Carrera que se habrían brindado tickets alimentación a una persona y esa conducta la contrastan con una norma. Agregó que la teoría del caso de la defensa es que esos tickets se utilizaban para diversos fines que no cumplía con los fines que los creó como en el caso de Hernández.
La defensa pretende también probar que las autorizaciónes especiales eran bastante más frecuentes de lo que la fiscalía sostiene y por eso entre la prueba documental incluyó una solicitud de información pública que hizo al Ministerio del Interior de los datos entre 2002 y 2010. Con esa información pretenden demostrar que el caso de Carrera es el único que se penalizó entre miles de autorizaciones especiales.
