La Fiscalía Letrada Departamental de Rosario obtuvo la condena de un hombre a 12 años de penitenciaría como autor de reiterados delitos de violación, atentado violento al pudor, abuso sexual agravado y violencia doméstica agravada, todos en régimen de reiteración real.
La sentencia fue dictada luego de un juicio oral encabezado por el fiscal Hugo Pereira. La investigación se inició en 2021, cuando tres hermanas, que al momento de los hechos eran niñas y adolescentes, revelaron a personas de su entorno que habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de la pareja de su madre, con quien convivían.
Abusos durante años y amenazas para silenciar a las víctimas
De acuerdo con lo probado durante el juicio, los abusos se extendieron durante varios años y ocurrieron en distintos domicilios donde residía la familia.
La Justicia dio por acreditado que el condenado realizó tocamientos de índole sexual, actos de exhibicionismo y espiaba a las víctimas mientras se bañaban. Además, determinó que violó a una de las hermanas.
El fallo también concluyó que el hombre ejercía violencia física sobre las víctimas y las amenazaba para evitar que denunciaran los hechos. Entre las intimidaciones, les advertía que, por tener la tenencia legal, podía hacer que fueran reingresadas a un centro de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
La valoración de la prueba
En la sentencia, la jueza otorgó especial relevancia al relato de las víctimas, respaldado por las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas durante la investigación.
Los especialistas concluyeron que los testimonios eran veraces, coherentes y compatibles con experiencias reales de abuso sexual sostenido en el tiempo, además de presentar indicadores característicos de este tipo de violencia.
La magistrada también hizo referencia a los estándares nacionales e internacionales aplicables en materia de violencia basada en género y señaló que los delitos contra la libertad sexual suelen cometerse en ámbitos privados, donde habitualmente no existen pruebas directas distintas al relato de las víctimas, sin que ello implique una reducción de las exigencias probatorias.
Otras medidas dispuestas por la Justicia
Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir una serie de medidas accesorias. La Justicia dispuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda, así como su inhabilitación por 10 años para desempeñar funciones públicas o privadas en las áreas de la salud, la educación o cualquier otra actividad que involucre a niños, niñas, adolescentes o personas mayores en situación de dependencia.
Además, deberá una reparación patrimonial a favor de las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos nacionales y la inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
