El fiscal Enrique Rodríguez, quien lleva el caso Conexión Ganadera y es titular de la única Fiscalía de Lavado que existe, mantuvo una reunión con la Secretaria Antilavado (Senaclaft) para pedir apoyo en la investigación ya que no cuentan con un contador que ayude a analizar los estados contables y cuentas bancarias, desde que la contadora del Banco Central que había pasado en comisión regresó a su oficina de origen en julio.
El fiscal confirmó a El Observador que se reunió con las autoridades de la Senaclaft la semana pasada mientras que este lunes lo hizo con el síndico del concurso Alfredo Ciavattone, a los efectos de ponerse al dia de la situacion del concurso y en concreto sobre temas de interés de la investigación penal.
La tarea que tiene por delante la investigación fiscal es definir la situación de otros tomadores de ganado y entre ellos aparece como principal Daniela Cabral, la viuda de Basso, quien declaró el 31 de julio en fiscalía por la situación de Don Coraje, el establecimiento ganadero de Basso en el que había ganado de inversores de Conexión Ganadera.
La investigación detectó que como tomadora de ganado invertido enConexión Ganadera, recibió por medio de Don Coraje, US$ 12 millones. Ello implica que en ese campo debía haber entre 8.500 y 14.000 vacas. Sin embargo, cuando fue el MGAP a realizar una inspección se encontró con que había 317 animales.
Al declarar Cabral dijo que no sabía y que las decisiones las tomaba su esposo, mientras que los defensores Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson se comprometieron a entregarle al fiscal documentación aclaratoria de esa situación, lo que concretaron días atrás.
Junto con tres escritos entregaron cientos de hojas de documentación contable y una pericia contable del contador Jorge Baruj, asesor del Colegio de Contadores y perito judicial, que afirma que Basso transfirió a Conexión Ganadera el monto de dinero comprendido en la totalidad de los contratos celebrados con Don Coraje.
Agrega que a la muerte de Basso, en noviembre de 2024, “existía un saldo a favor de Basso frente a Conexión Ganadera de US$ 7.856.618. Esto comprueba que Basso no solo no se apropió del dinero de los inversores, sino que adelantó fondos suficientes para honrar los contratos vigentes, descartando de plano cualquier perjuicio económico provocado por el tomador".
Aseguran que el ganado existía "pero estaba registrado bajo el número de Dicose de la sociedad de hecho Basso-Cabral”. O sea que estaba a nombre de Basso y su esposa.
Respuesta de defensor de víctimas
El abogado Juan Pablo Decia dijo a El Observador que si el ganado efectivamente existía, "debería estar registrado a nombre de los inversores y no de la Sociedad de Hecho Basso Cabral; el registro a nombre de esta sociedad de hecho implica no solo apropiación indebida de su parte, sino la conversion del dinero producto de la estafa y la apropiación indebida, para la compra de animales a nombre de un tercero, lo que configuraría lavado de activos en la modalidad conversión"
El abogado dijo también que esa afirmación de la defensa "se contradice con las declaraciones juradas presentadas por la propia Cabral donde se declaran existencias a nombre de esta Sociedad hasta el 2022".
"Si Don Coraje no tenía animales ni patrimonio (como lo declaró la propia Cabral) mal pudo haber reintegrado los US$ 12 correspondientes a estos contratos", agregó.
Además, afirmó que el supuesto dinero transferido a Conexión Ganadera (que integró la propia Cabral) nunca llegó a los titulares del mismo. "Los 23.123 animales que figuran en la declaración jurada de la sociedad de hecho Basso Cabral en Julio 2024, son animales que deberían estar en los Dicose de los inversores, bajo la titularidad de los mismos. No hay fundamento alguno que justifique la imputación de los mismos a la tomadora Don Coraje ni a la Sociedad de Hecho Basso Cabral. No estuvieron nunca en el Dicose de Don Coraje ( pese que tenía discose y animales registrados), no estuvieron nunca en los campos de Goñi. Es arbitraria la vinculación".
Fiscalía negocia abreviados con otros tomadores
El fiscal Rodríguez ya interrogó también a los responsables de otros establecimientos que también figuraban como tomadores de ganado, según los contratos.
Entre junio y agosto declararon en calidad de indagados los responsables de MCO Agro, Agenau, Larregui y El Alfalfar. En todos los casos el ganado que debería figurar según los contratos no fue encontrado por el MGAP al supervisar los campos.
Según dijeron fuentes de la investigación, la fiscalía viene negocaindo con los indagados para cerrar los casos por proceso abreviado, lo que implica que admitan su responsabilidad penal, a cambio de una pena menor.