El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala reclamó el apartamiento del director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa, por la filtración de un video registrado durante la Operación Trazador, y protagonizó un intercambio con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien defendió la continuidad del jerarca mientras se desarrolla una investigación administrativa.
El cruce ocurrió este jueves durante la comparecencia de Negro ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. En esa ocasión, Abdala cuestionó la respuesta del Ministerio del Interior ante la difusión de imágenes de un procedimiento policial y sostuvo que, independientemente de quién haya entregado el material a la prensa, Correa tiene responsabilidad por haberlo registrado con su "propio celular".
"Alguien me podrá decir que se está, para decirlo vulgarmente, 'comiendo un garrón', en la medida en que hay una versión según la cual el material, la filmación o el video lo habría obtenido con su propio celular. Todo parece indicar que esto fue así por una imagen que allí aparece y porque, además, se escucha la propia voz del protagonista. Después habría sido traicionado por algún otro funcionario o por alguna persona que recibió esa información en el Ministerio del Interior y se la proporcionó a la prensa. Eso suponemos, pero no sabemos muy bien si fue así", afirmó Abdala, según consigna la versión taquigráfica de la comisión.
El legislador planteó entonces que, si bien no existen certezas sobre el origen de la filtración, resultaría difícil explicar que el propio director hubiera difundido una grabación en la que podía ser identificado.
"A esta altura, creo que eso es lo mejor que le puede pasar al señor Correa porque, si fue Correa quien filtró la filmación, yo creo que hay que echarlo por tonto. Y creo que tonto no es; entiendo que no lo es, porque me he encargado de pedir antecedentes con relación a él", sostuvo.
Por su parte, el ministro Negro salió en defensa Correa y coincidió en que "cuesta creer" que un policía con su trayectoria haya filtrado deliberadamente un video que permitía reconocerlo. Sin embargo, rechazó que esa sospecha fuera motivo suficiente para separarlo de sus funciones antes de conocer los resultados de la investigación.
Sobre esto último, dijo: "Es más; cuesta creer que un investigador de la trayectoria de Robert Correa vaya a filtrar una filmación en la que él se encuentra hablando y sale su voz, incluso sus rastros y sus trazas. ¡Cuesta mucho creer que eso ocurra! Sin embargo, el principal señalado parece ser el oficial Robert Correa", respondió el ministro.
El ministro profundizó que existían dos filmaciones diferentes relacionadas con la operación: una que formaba parte de la carpeta investigativa y otra que habría estado "en el teléfono del Correa".
Negro sostuvo que el video incorporado a la investigación pudo haber sido conocido por personas ajenas a la Policía, por lo que cuestionó que se atribuyera la responsabilidad de su difusión exclusivamente a funcionarios policiales. "Sobre la que está en la carpeta, que también se filtró -¡también se filtró!-, tenemos a varias personas -que no son solamente policías- que pueden haber filtrado esa información al mismo periodista, creo", señaló el ministro.
Negro también destacó los resultados del director al frente de la repartición y mencionó que es el "ha sido responsable de los resultados más importantes que ha tenido esta Administración en materia de narcotráfico" y afirmó que "no es una cosa menor".
De todas formas, Negro aclaró que no descarta tomar medidas contra Correa si se encuentran elementos que justifiquen su apartamiento: "Y con esto no estoy diciendo que yo no vaya a relevar a Correa; ni a Correa ni a ninguno de los policías que están a cargo y con responsabilidades policiales en el Ministerio de Interior. Si hay que relevarlo, se lo releva, ¿cómo no? Pero hay que tener fundamentos; no porque sí", sostuvo.
Desde la oposición, Abdala advirtió que la oposición podría volver a convocar al ministro cuando se conozcan los resultados de la investigación administrativa y planteó la posibilidad de avanzar hacia una interpelación.
La Operación Trazador y el video filtrado
La Operación Trazador tenía como objetivo desarticular una organización dedicada al ingreso, almacenamiento y distribución de drogas en Uruguay, además de detectar posibles maniobras de lavado de activos. Durante los procedimientos, la Policía incautó más de 260 kilos de pasta base, con un valor estimado de US$ 2 millones, además de vehículos de alta gama, armas de fuego, municiones para fusiles AK-47, aproximadamente $ 3 millones y US$ 42.000 en efectivo.
El operativo terminó con tres personas condenadas. El líder de la organización recibió una pena de seis años y seis meses de prisión, mientras que su pareja fue condenada a tres años. Un tercer involucrado recibió una pena de dos años y seis meses.
La investigación también tuvo repercusiones políticas después de que se conociera que uno de los condenados, Pablo Leiva, trabajaba como asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez en la Junta Departamental de Montevideo. Tras conocerse el vínculo, el Partido Nacional resolvió suspender al edil por dos años y solicitarle que se apartara de su banca.
La polémica por la filtración comenzó a fines de setiembre, cuando se difundieron imágenes de los allanamientos en las que podían identificarse elementos de los policías participantes, como sus voces, tatuajes y números de las cámaras utilizadas.
El 30 de setiembre, durante una comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, el exministro del Interior y senador nacionalista Nicolás Martinelli advirtió que la difusión del material podía poner en riesgo a los funcionarios: "Hoy podemos llegar a tener oficiales que actuaron en esa operación que están expuestos y es responsabilidad del ministro salvaguardar a estas personas", había dicho Martinelli.
En esa misma sesión, el senador colorado Andrés Ojeda había planteado también que la divulgación de información reservada podía configurar un delito: "Acá, mínimamente, hay una revelación de secreto por parte de alguien que le proporciona a un tercero fuera de la investigación información que conoce por razón de sus funciones. Esa persona comete delito", había afirmado el senador.
Ante estos cuestionamientos, Negro había anunciado una investigación administrativa. Actualmente, esta investigación sigue abierta y todavía no se han determinado públicamente responsabilidades individuales por la divulgación del material.