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El domingo 24 de noviembre se celebra el balotaje 2024 de las elecciones nacionales. En esta instancia se define al próximo presidente del Uruguay, compiten el candidato de la Coalición Republicana, Álvaro Delgado, y del Frente Amplio, Yamandú Orsi.

Al igual que en la primera vuelta, votar en el balotaje es obligatorio para todos los ciudadanos y no asistir a las urnas podría acarrear una multa económica.

¿Cuánto vale la multa por no votar en el balotaje?

Según lo informado por la Corte Electoral, quienes estén habilitados para votar y no hayan sufragado "ni justificado su omisión", tendrán que hacer "efectivo el pago de la multa".

El costo de la multa asciende a 1 Unidad Reajustable (UR), equivalente a 1.742,93 pesos en noviembre.

Para los "funcionarios públicos o profesiones con títulos expedidos por la Universidad de la República", la multa ascenderá a 2 UR, unos 3.485,86 pesos a fecha de noviembre.

Las justificaciones para no votar en el balotaje de noviembre

La Corte electoral estableció una serie de condiciones bajo las cuales el electorado podrá justificar su ausencia en los comicios. Las razones:

El caso de los trabajadores privados

Según la Ley N°16.017 que regula la obligatoriedad del voto, los trabajadores de la actividad privada que no acrediten la constancia de voto ante su empleador (o el pago de multa) en cualquiera de las instancias obligatorias de voto no podrán cobrar sus sueldos.

El control en cada elección obligatoria, por parte de la empresa, se debe durante los 120 días siguientes. Si la empresa no cumple con el control puede ser multada por un monto equivalente al 10% del sueldo nominal mensual del trabajador que no votó, y en caso de reincidencia se multiplicará la multa.

Ante el incumplimiento del trabajador, el empleador está facultado para retener el sueldo hasta tanto que presente el comprobante de votación o el pago de la multa. La Corte Electoral puede exigir acreditar el cumplimiento de esta obligación.

De todas formas, desde la Corte Electoral entienden que este control por parte de las empresas "no se cumple con regularidad", dijo a El Observador en 2019 el ministro de la Corte, Pablo Klappenbach.

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