Los ciudadanos uruguayos Daniela Lopes y Jorge Vignolo que participaban de la Flotilla Global Sumud —la caravana de barcos que intentaba entrar a Gaza con ayuda humanitaria— están en camino de regreso a Uruguay luego de ser detenidos e interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales.
Según informó la sección Consulares de la Cancillería uruguaya este domingo, las gestiones diplomáticas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores permitieron que ambos ciudadanos sean repatriados. Actualmente viajan desde la isla griega de Creta hacia Barcelona, desde donde continuarán a Madrid y finalmente a Montevideo.
La interceptación
La flotilla, compuesta por más de 50 embarcaciones que habían zarpado desde Francia, España e Italia con el objetivo de llevar suministros humanitarios al devastado territorio palestino, fue interceptada por fuerzas israelíes en la madrugada del jueves en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, a más de 1.000 kilómetros de Gaza. Según Israel, unos 175 activistas fueron detenidos. Decenas de ellos desembarcaron el viernes en Creta, donde fue visto por periodistas de la agencia AFP.
Los organizadores de la flotilla calificaron la acción israelí de "trampa mortal calculada en el mar".
Dos activistas siguen detenidos en Israel
A diferencia de la mayoría de los interceptados, dos activistas fueron trasladados a Israel para ser interrogados: el español-palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila —quien ya había sido detenido en un intento similar en 2025. Este domingo, un tribunal de Ascalón, a unos 60 kilómetros de Tel Aviv, extendió su detención por dos días, menos de los cuatro que habían solicitado las autoridades israelíes.
La organización de derechos humanos Adalah, que representa a los detenidos, denunció que ambos sufrieron "graves abusos físicos que equivalen a tortura, incluidos golpes", y que los mantuvieron "en aislamiento y con los ojos vendados durante días en el mar". Según la ONG, a Ávila "lo arrastraron boca abajo por el suelo y lo golpearon tan brutalmente que perdió el conocimiento dos veces".
Israel acusa a los dos activistas de estar vinculados a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (CPPA), una organización sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con Hamás. Entre los cargos que se les imputan figuran "asistir al enemigo en tiempo de guerra" y "pertenencia a una organización terrorista". Sin embargo, no se presentaron cargos formales y los abogados defensores cuestionaron la jurisdicción del Estado israelí, calificando la situación de "secuestro ilegal".
Tanto España como Brasil rechazaron las acusaciones y exigieron la liberación inmediata de sus ciudadanos. "El Gobierno de España exige su inmediata liberación", señaló el Ministerio de Exteriores español.
Con información de AFP
