La ministra Sandra Lazo reconoció el acoso pero evitó nombrar a sus responsables
El capitán Nelson Duarte fue víctima de acoso laboral en el Ejército, según una resolución firmada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, con fecha del 25 de febrero, a la que accedió El Observador.
Lazo señaló que Duarte “fue víctima de acoso laboral en su modalidad moral”. Con esta resolución se clausuró una investigación administrativa reclamada al Ministerio por la Inspección General del Trabajo.
El exoficial -más conocido como “teniente Duarte” por el grado que ostentaba cuando comenzó a denunciar situaciones de corrupción dentro del Ejército- se presentó ante la Inspección General del Trabajo en diciembre de 2023 y denunció haber sido víctima de acoso laboral por parte de los exministros Javier García y Armando Castaingdebat y el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, entre otros jerarcas y funcionarios.
La Inspección General del Trabajo le ordenó al Ministerio de Defensa realizar una investigación administrativa. El expediente entró al Ministerio el 13 de enero de 2025 y se nombró a la doctora Alicia Fagúndez como instructora del caso.
En el centro de la investigación estuvo determinar quién y por qué razón dio la orden de que Duarte debiera permanecer en su casa durante años, sin poder ingresar a su lugar de trabajo, cobrando el sueldo pero sin trabajar.
El exministro García reconoció que él dio esa orden, como una “medida cautelar” que tenía el objetivo de proteger a Duarte tras sus denuncias. Castaingdebat afirmó haber continuado aplicando una resolución de García.
Fagúndez concluyó que no se logró probar el acoso laboral. Aun así, estableció que “la medida cautelar” de García, “no contó con la fundamentación adecuada a derecho” y, por definición, debió tener un plazo de vigencia, que no tuvo.
Las conclusiones de Fagúndez pasaron a consideración de una asesora jurídica del Ministerio, Daiana Maldonado, que entendió que sí hubo acoso moral hacia Duarte.
El acoso moral es una de las formas del acoso laboral y sus características “encuadran en el presente caso”, señaló.
“Es un elemento indiciario de que el hecho de que al denunciante le dieran la orden verbal de que estuviera en su domicilio por el transcurso de tres años, manteniéndolo así de forma aislada de su lugar de trabajo, no cumpliendo funciones y sin la no asignación de tareas, llegando a ser degradante para éste, teniendo un impacto psicológico en él, ya que no se le permitía regresar al trabajo, no se le daban las explicaciones del caso y las órdenes verbales de que permaneciera en su domicilio fueron de manera sistemática, reiteradas en el tiempo, siendo éstas indeterminadas, abusivas, configurándose así el acoso moral”, dictaminó Maldonado.
En su resolución, la ministra Lazo establece que comparte esta línea argumental y que el acoso se probó, aunque no menciona a ningún jerarca ni funcionario como responsable.
La resolución deberá ser enviada ahora a la Inspección General de Trabajo y la defensa de Duarte deberá aceptarla o rechazarla.
Si la rechaza, podría iniciar un reclamo por acoso laboral ante la justicia.
Ante la resolución de la ministra, Natalia Martínez, abogada y esposa de Duarte, reclamó que se suspendan las causas que se siguen contra el exoficial en la justicia militar por una “eventual contaminación de origen y abuso de funciones” por parte de quienes lo denunciaron.
Duarte fue sometido a retiro obligatorio del Ejército tras un largo periplo de traslados, sanciones y hasta encarcelamientos.
En 2013, siendo teniente, denunció que desde hacía años personal militar se empleaba irregularmente para instalar las piscinas de la empresa Akesse, sin que existiera ningún convenio vigente en ese sentido. Los pagos los recibían oficiales fuera de todo contralor y contabilidad. Duarte denunció también que en su unidad se fabricaban porteras para la carpintería de un coronel y se traían bebidas de contrabando del Chuy en vehículos militares.
Aunque las denuncias se demostraron verdaderas, el único realmente perjudicado fue Duarte, que a partir de ese momento comenzó a padecer todo tipo de sanciones, traslados y humillaciones, y estuvo una década sin lograr un ascenso.
En 2021 Duarte presentó otra serie de denuncias, con filmaciones y fotos de hechos de contrabando –cargamentos de refrescos y bebidas alcohólicas se depositaban en el despacho del jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército- y otras irregularidades en el uso de combustibles y neumáticos.
A partir de este momento, al oficial se le impidió presentarse en su lugar de trabajo. Se le pagaba el sueldo para que se quedara en su casa. También fue sancionado con un mes de arresto a rigor por presentar su caso en televisión.
En 2024, siendo García ministro de Defensa, se le dio el primer ascenso desde sus denuncias, permitiéndole acceder al grado de capitán. Sin embargo y al mismo tiempo, se aceleró el proceso para obligarlo a retirarse.
El retiro obligatorio se concretó en febrero de 2025, poco antes del fin del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
