La muerte de Maximiliano Machini, un hombre de 30 años que falleció el 21 de julio en su casa de San Antonio, Canelones, derivó en la formalización de tres policías por la presunta comisión de un delito de homicidio en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos. La Justicia dispuso para los tres efectivos 120 días de prisión preventiva, hasta febrero de 2027, en una audiencia marcada por los cuestionamientos de las defensas a las pruebas presentadas por Fiscalía y a los argumentos utilizados para justificar el encarcelamiento.
El día de su muerte, Machini se descompensó en su vivienda y su familia llamó al 911. Los policías que acudieron al lugar lo trasladaron esposado al hospital de San Ramón, donde fue estabilizado. Según relató su madre, el joven salió caminando del centro asistencial y fue llevado nuevamente a su casa por los mismos agentes. Sin embargo, minutos después, su hermano advirtió que ya no respiraba.
Las primeras pericias indicaron que Machini había salido del hospital sin lesiones. La Fiscalía continúa reuniendo evidencias para esclarecer qué ocurrió entre el traslado del hombre y su fallecimiento, mientras su madre reclama que se investigue la actuación policial y se haga justicia.
En ese contexto, el miércoles 7 de octubre, el juez letrado de Primera Instancia de Canelones de primer turno, Luis Sobot Banchero, formalizó la investigación contra los tres funcionarios y dispuso su prisión preventiva hasta el 4 de febrero de 2027. La causa está a cargo de la fiscal de Canelones de segundo turno, Luján Gómez.
La audiencia estuvo atravesada por una discusión sobre el peso de las pruebas y los riesgos procesales atribuidos a los imputados. Los abogados defensores cuestionaron que la condición de policías pudiera utilizarse como argumento para justificar la prisión preventiva, sostuvieron que no existían elementos suficientes para vincularlos con el homicidio y reclamaron la aplicación de medidas menos gravosas.
"¿Ser policía es un riesgo para hacer valer la prisión preventiva?", planteó uno de los defensores durante la audiencia, en uno de los pasajes más tensos del intercambio judicial.
La defensa cuestionó las pruebas y apuntó contra la actuación de un médico
Según reconstruyó El Observador, durante la audiencia los abogados defensores de los funcionarios, Joaquín Abal y Santiago Noguera, cuestionaron los elementos utilizados por Fiscalía para vincular a sus clientes con la muerte del hombre y puso especial énfasis en la declaración del primer médico que atendió a la víctima.
El abogado sostuvo que la actuación del profesional presentó deficiencias que, a su entender, afectan la interpretación de las lesiones y de las circunstancias en las que se produjo la muerte. Para fundamentar su posición, repasó distintos fragmentos de la declaración del médico, en los que este habría señalado dificultades para realizar una revisión completa de la víctima. Entre las expresiones que citó estuvieron "No pude revisar el detalle", "No le pude revisar los brazos" y "No llegué a revisar las piernas".
También mencionó que el médico había señalado que la víctima se encontraba lúcida y que no se le habían retirado las esposas durante la atención. La defensa cuestionó, además, las referencias a las piezas dentales de la víctima y sostuvo que existían inconsistencias entre lo declarado por el médico y lo manifestado por la madre del fallecido. "El doctor ni lo miró a la cara, ni lo miró a la cara", afirmó el abogado durante su exposición.
Según su interpretación, las pruebas presentadas no permiten identificar a los policías como responsables de los delitos investigados. El defensor recordó que la intervención policial se produjo a partir de una llamada al 911 por un episodio violento y sostuvo que, hasta ese momento, no se había demostrado la existencia de otro hecho violento que permitiera atribuir responsabilidad penal a sus defendidos. "Es imposible identificar a mis clientes con el presunto delito", afirmó.
La defensa se opuso a la formalización, aunque finalmente el juez hizo lugar a la solicitud de Fiscalía. La decisión implica el inicio formal de la investigación penal contra los tres funcionarios, no una declaración de culpabilidad.
"¿Ser policía es un riesgo?": el cuestionamiento a la prisión preventiva
Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia se produjo durante la discusión sobre la prisión preventiva solicitada por Fiscalía. Los abogados defensores cuestionaron que la condición de funcionarios policiales pudiera ser utilizada como argumento para sostener la existencia de riesgos procesales, especialmente el posible entorpecimiento de la investigación.
"¿Ser policía es un riesgo para hacer valer la prisión preventiva?", preguntó Abal, quien sostuvo que se estaba atribuyendo a los imputados una capacidad de interferencia en la investigación por el solo hecho de pertenecer a la Policía.
El abogado consideró que aceptar ese razonamiento supondría establecer un criterio general que podría afectar a cualquier funcionario policial sometido a una investigación penal. "Si damos por cierto que el ser policía constituye en nuestro Código de Proceso Penal un riesgo, le estamos diciendo a toda la Policía Nacional que cada vez que se los formalice y pidan una prisión preventiva, el Poder Judicial se los va a dar", argumentó.
También rechazó que el hecho de que los imputados vivieran en una localidad pequeña, como San Ramón, pudiera incrementar automáticamente el riesgo de entorpecimiento. La defensa sostuvo que los tres funcionarios tenían arraigo, familia y trabajo estable, y que habían transcurrido varios meses desde los hechos sin que se acreditaran intentos de fuga o maniobras para obstaculizar la investigación.
"No surge de la carpeta fiscal un solo elemento que permita sostener que los imputados entorpecieron, entorpecerán o lo intentarán con la investigación", afirmó el doctor en Derecho. En esa línea, solicitaron que se aplicaran medidas menos gravosas, como la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica, en lugar del encarcelamiento preventivo.
El debate sobre el acceso de los policías a información reservada
Otro de los argumentos discutidos durante la audiencia fue la posibilidad de que los imputados utilizaran su condición de policías para acceder a información o influir sobre la investigación. La defensa sostuvo que cuando un funcionario policial es formalizado se inicia un procedimiento administrativo que puede implicar la pérdida de acceso a los sistemas de información policial. También cuestionó que la prisión preventiva fuera necesariamente más eficaz que la domiciliaria para impedir eventuales comunicaciones con terceros.
"¿Quién maneja las cárceles en este país? Señores, el Ministerio del Interior. ¿No hay policías dentro de las cárceles? ¿No podrían igualmente acceder a toda esa información que dicen que van a acceder desde la casa, desde las cárceles?", plantearon desde la defensa.
En otro pasaje, un defensor advirtió que considerar a los policías especialmente propensos a interferir en investigaciones por su pertenencia institucional transmitiría un mensaje perjudicial para toda la fuerza. "El mensaje que le estamos dando a la policía es letal. Letal", afirmó.
Los abogados insistieron en que la prisión preventiva debe utilizarse como una medida excepcional, únicamente cuando las restantes alternativas no resultan suficientes para asegurar el desarrollo del proceso.
La Justicia mantuvo la prisión preventiva y la defensa apeló
Pese a los cuestionamientos, el juez Luis Sobot Banchero hizo lugar a la solicitud de Fiscalía y dispuso la prisión preventiva de los tres policías por 120 días, con vencimiento el 4 de febrero de 2027.
La defensa interpuso recursos contra la decisión y solicitaron que se revisara la necesidad de mantener a sus clientes privados de libertad ya que, según sostuvo, la resolución implicaba imponer la medida cautelar más severa sobre personas que todavía conservan su estado de inocencia.
El magistrado mantuvo su decisión y admitió el recurso de apelación sin efecto suspensivo, por lo que la prisión preventiva continúa vigente mientras el Tribunal de Apelaciones en lo Penal analiza el planteo.
Además, la Justicia dispuso comunicar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) la solicitud de Fiscalía para que, en la medida de lo posible, los tres imputados sean alojados en centros de reclusión diferentes, con el objetivo de evitar el contacto entre ellos durante el proceso.
La formalización y la prisión preventiva constituyen una etapa de la investigación. La responsabilidad penal de los tres funcionarios deberá determinarse en las siguientes instancias judiciales.