La denuncia, presentada por el abogado Rodrigo Rey y a la que accedió El Observador, indica que la brasileña presentó dos facturas falsas para comprobar que estaba en la ciudad de Lajeado de Río Grande do Sul el 29 de diciembre de 2017, cuando se concretó la cesión de derechos hereditarios de ella a la principal implicada, firmada dos semanas atrás en la oficina de Volpi.
Con estos documentos, la viuda pidió la nulidad de la escritura de la cesión en la Justicia Civil, donde la futura intendenta es una de las demandadas. Por esa vía, la mujer también reclama por los daños y perjuicios sufridos.
Por esta situación, Rey pidió a Fiscalía que citen a declarar a la denunciante, a su abogado y al titular del restaurante que menciona la factura.
Las facturas de un restaurante cerrado
Luego de que la Fiscalía de Artigas archivara en primera instancia la investigación sobre la estafa, la defensa de la brasileña presentó una solicitud de reexamen. En una de las justificaciones, indicó que su clienta no estaba en Uruguay cuando se concretó la cesión de derechos hereditarios que ella había firmado sin saber qué implicaba semanas atrás.
El abogado de la mujer marcó que habían presentado a las autoridades dos facturas del 27 y 29 de diciembre del restaurante de Fernando César Franchi Bellesi, ubicado en la calle Rua Julio de Castilhos 334 de Lajeado, una ciudad de Río Grande do Sul ubicada a 600 kilómetros de Uruguay.
"El fiscal no tuvo en cuenta los documentos agregados y omitió continuar con el diligenciamiento de medios probatorios que confirmaran lo expuesto", reclamaron desde la defensa.
La Justicia aprobó el reexamen de la causa y en mayo la principal implicada fue condenada por los delitos de lavado de activos en modalidad de conversión y transferencia en reiteración real, con un delito continuado de apropiación indebida.
En varias noticias y declaraciones se afirmó que la mujer condenada era una vidente. Sin embargo, Rodrigo Rey, abogado de la imputada, afirmó a El Observador que la mujer "tenía cáncer" y que sus denunciantes se aprovecharon de que usaba pañuelos en su cabeza para instalar ese relato.
Sin embargo, esta semana la defensa de la condenada indicó que estas facturas son falsas. El abogado Rey indicó que "el restaurante de Fernando César Franchi Bellesi ya no estaba funcionando en el local" que marcan las facturas en esas fechas.
Según marca el documento, el local pasó a ser propiedad de la empresa Extra Group Emprendimientos en 2016, y de agosto de 2017 a julio de 2018 fue administrado por la compañía A Lareira Negocios Inmobiliarios Ltda., según la declaración de su representante Jonathan Schneider, citada en la denuncia.
Incluso, la defensa marcó que la Justicia brasileña no pudo ubicar a Franchi en la dirección marcada en las facturas cuando lo citaron por dos denuncias, una de facturas impagas y otra por cobro de cheques sin fondo.
"Franchi Bellesi no estaba más en Lajeado y es imposible que en esos días estuviera funcionando ese restaurante de donde supuestamente emanaron esas notas fiscales, lo que se traduce categóricamente que es mentira que (la denunciante) concurrió a ese local en las fechas que surgen de las facturas", se lee en la denuncia, que concluye en que la brasileña "no pudo estar en esas fechas en el lugar que afirma".
Para el abogado tanto la denunciante como su abogado, Fernando Araújo, y el exdueño del restaurante podrían estar incurriendo en un delito de "falsificación o alteración de documentos privados", por lo que pidió este jueves su declaración ante Fiscalía.
Rey afirmó a El Observador que la comprobación de la falsedad de estas facturas podría llevar a la nulidad del juicio civil contra su clienta, Elita Volpi y otros demandados, que tendrá una nueva audiencia el próximo 25 de setiembre.
"Lo que ahora tienen que explicar los denunciantes es por qué esa factura, que utilizan como pieza documental clave en la demanda contra Volpi y contra mi clienta, tiene declaraciones materiales que están sospechadas de falsedad", agregó.
Araújo, abogado penal de la brasileña, reafirmó a El Observador que su clienta "ese día no estaba en Uruguay" y marcó que incluso su hijo "la llamó" cuando ella estaba en Brasil.
¿Cuál es el vínculo que denuncian que tuvo Elita Volpi con la estafa?
La cesión de derechos hereditarios fue firmada a principios de diciembre de 2017 con las dos mujeres presentes en el estudio de Volpi, quien declaró en Fiscalía que en esa ocasión no se cerró el acuerdo porque pidió que ambas partes celebraran antes una "promesa de renta vitalicia sin garantía y de pago de suma de dinero" para la brasileña "mientras dura la sucesión".
La defensa de la víctima sostuvo que la brasileña desconocía qué estaba firmando, y afirmó que un traductor debió intervenir para traducir al portugués el acuerdo.
Seis días después, la mujer condenada firmó darle una renta mensual vitalicia de US$ 5.000 a la brasileña. La viuda indicó que este acuerdo fue firmado en Montevideo mientras ella estaba de viaje en Porto Alegre y denunció que su firma fue ratificada por Volpi, quien reconoció que el documento no se le entregó a la denunciante.
El 29 de diciembre otra escribana aprobó de forma definitiva la cesión de derechos. Según la denunciada, la nueva intendenta y la segunda escribana, la brasileña cedió sus derechos porque "estaban en riesgo", algo que su defensa niega.
En medio del trámite sucesorio que aún no concluyó cinco personas se presentaron como herederos legítimos del fallecido y la Justicia todavía no dirimió sobre su situación ni sobre la división de bienes para los sucesores.
Sin embargo, desde que obtuvo la cesión de los derechos hereditarios, la acusada realizó varias ventas de ganado que pertenecían al hacendado fallecido, al punto que en 2019 ya no quedaba ningún animal a nombre del hombre y en 2021 la propia mujer pidió el cierre de la empresa de esta persona.
En total, indica la sentencia, entre enero y noviembre de 2018 la mujer vendió 2.397 ovejas y 1.521 vacas que eran propiedad del fallecido. Solo por las vacas obtuvo alrededor de US$ 300 mil. Entre los compradores está registrado un hijo de la acusada. Entre ese ganado, la mujer se trasladó a su propia empresa unipersonal la propiedad de 602 vacas.
Además de esta venta de animales, la implicada también alquiló diversas propiedades del fallecido por un total cercano a los US$ 248 mil. La ley permite arrendar bienes que se encuentren en sucesión, pero el dinero no puede ser usado por una titular de derechos hereditarios, sino que debe "permanecer al pendiente" del resultado de la división de bienes.
El abogado de Volpi, Jorge Barrera, dijo a El Observador que el accionar de su clienta como escribana fue legal y espera que la investigación en su contra se archive al igual que en la investigación de primera instancia, ya que entiende que no se sumaron nuevas pruebas en su contra desde la reapertura del caso.
