Luego de archivar la causa por la que se indagaban transferencias irregulares en el Fosvoc, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, archivó también la investigación por las horas solidarias del Sunca, con las que se ayuda a familiares de trabajadores fallecidos en accidentes laborales, que tenía como principal indagada a la secretaria de finanzas del Sunca y dirigente del Partido Comunista, Laura Alberti.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la investigación no encontró pruebas de que haya existido un delito ni que Alberti estuviera vinculada a esa conducta.
La indagatoria se inició por el caso de un trabajador fallecido, a cuya familia se le pagó menos de lo que le correspondía: recibió $2.923.132 y había faltado incluir el aporte hecho por los trabajadores de dos empresas constructoras, que estiman serían unos $180.000 más.
Alberti había quedado señalada por ser quien había firmado el acta notarial que se le entregó a la familia junto al presidente del Sunca, Richard Ferreira.
Al declarar ante la fiscalía por este tema, Alberti había explicado que quienes se encargan de la liquidación son el contador, la escribana y dos administrativos. Su abogado, Miguel Mederos, había afirmado a El Observador que la única intervención de Alberti es la autorización de los pagos de la cuenta del BROU.
También había explicado que cuando las empresas hacen la retención no suele quedar diferenciado qué corresponde a las horas solidarias y qué a la cuota sindical y puede llevar meses que el Sunca lo distinga de las cuentas. Alberti había dicho que si faltó dinero podría obedecer a que no se haya diferenciado una partida de la otra. Cuando muere un trabajador, se le descuenta a cada afiliado, de los 15.000 que aproximadamente están sindicalizados, una hora de trabajo de sueldo que es donado a la familia.
Mederos señaló que esa denuncia la habia hecho Juan Ortiz, uno de los indagados que no llegó a ser imputado, que aportó una lista de fondos que no se virtieron a los trabajadores, dinero que las empresas depositaron pero como no estaba diferenciado, el Sunca no se dio cuenta y no lo transfirió.
También declararon en su momento el contador Daniel Rodríguez, la escribana Nashenka Pereyra Gadea y la administrativa Jimena Rodríguez, quienes informaron sobre el procedimiento de liquidación, pago y entrega de esa hora de trabajo que cada afiliado dona.
La escribana Pereyra Gadea explicó que la intervención de Alberti al firmar el acta notarial había sido algo “puntual” y “absolutamente excepcional”, y que generalmente las firman otras personas, con el objetivo de documentar la entrega a los familiares del trabajador fallecido.
El archivo de la causa Fosvoc
El fiscal Rodríguez también archivó la investigación sobre el desvío de dinero del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) por el que fueron condenados ocho personas responsables de las maniobras para desviar US$ 1 millón.
La investigación descubrió que por un lado se realizaron 193 transferencias irregulares disfrazadas como “pagos a proveedores” y otros rubros. Los destinatarios eran los tres sindicalistas condenados en junio de 2025: Víctor Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bartolio; pero también otros doce, aunque la investigación de Fiscalia sólo logró probar la participación de cinco más. Los demás no pudieron ser relacionados y la fiscalía consideró necesario archivar la causa.
La otra maniobra consistía en pedir partidas especiales, sin reembolso, inventando un “motivo especial” (un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio). Solo en 2024 se realizaron 40 solicitudes truchas sin exigir ninguna documentación que acreditara esa situación y se utilizaron datos falsos o de personas muertas.
Si bien los tres condenados inicialmente apuntaron contra Alberti y el Partido Comunista, al señalar que el dinero iba destinado a financiar ambas organizaciones políticas, ello se logró probar, por lo que tampoco se indagará del senador Oscar Andrade, ni del diputado Daniel Diverio, como entonces secretarios generales de Sunca.
Alberti reconoció ante el fiscal que las finanzas del Partido Comunista se manejan de manera bastante precaria, y refirió que al no tener personalidad jurídica, no tiene cuentas bancarias a su nombre, por lo que muchas donaciones al partido llegaban a su cuenta pero aclaró que esos montos están individualizados los montos y se entregó información al respecto.
Este jueves el fiscal recibirá al abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, para explicarle los fundamentos del archivo. Los denunciantes y víctimas de la estafa tendrán 30 días para resolver si piden el reexamen del archivo, lo que implica que se realice una audiencia judicial y un juez determine si amerita que otro fiscal lo revise.