La fiscal de Flagrancia Graciela Peraza resolvió meses atrás el archivo de la denuncia presentada en 2022 por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contra la Coordinadora Popular y Solidaria por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para las ollas populares.
La comunicación de la Fiscalía de Flagrancia, a la que accedió El Observador, llegó a la cartera el 16 de diciembre de 2025. La acusación había sido presentada durante la administración de Martín Lema al frente del Mides y cuestionada por el Frente Amplio desde la oposición.
La fiscal consignó que “el derecho penal sanciona conductas individuales subjetivas referidas a personas”, por lo que “no procede frente a una organización social” como la coordinadora de ollas populares que “ni siquiera tiene autoridades constituidas”.
El documento apunta que el colectivo solo tenía “algunos referentes que distribuyen tareas” y “alimentos” entregados durante la pandemia del covid-19 que eran recibidos a modo de “donaciones que provienen de organismos públicos” como el propio Mides denunciante y las intendencias.
Según la fiscal, la investigación administrativa previa en el ministerio y el hecho de que se hiciera “pública” “frustró diligencias que podrían haber sido útiles en la investigación”.
El texto marcó una “deficiente organización tanto desde” el Mides “como de la propia” coordinadora de ollas. “La mercadería entregada no presenta numeración ni distintivo alguno que permita diferenciarla de otra mercadería que existiera en el mercado y la registración de la entrega solo contiene remitos genéricos, amplios”, observó la fiscal.
“Para evaluar la cantidad de mercadería a entregar se efectúa en base a declaraciones de personas asistidas por cada olla, sin requerirse ninguna documentación acreditante, lo cual una vez iniciada la investigación administrativa recién comenzó a solicitarse”, planteó el ministerio público.
Asimismo, señaló que “tampoco se estableció una especie de protocolo de actuación de modo de llevar un registro de todos y cada uno de los usuarios y de los locales, con sus responsables identificados, de modo de efectuar un efectivo contralor del funcionamiento del servicio”.
La fiscal anotó a su vez que al verificar los lugares, días y horarios de las ollas populares que figuran en la página de la Intendencia de Montevideo, puede constatarse la “coincidencia en cuanto a la existencia al menos” de las referidas iniciativas.
Por su parte, la fiscalía afirmó que de los testimonios aportados por el Mides en la denuncia penal de 2022 “no se cuenta con ningún tipo de documentación que pueda acreditar sus dichos”.
También sostuvo que “en algún caso se detectan desinteligencias o desavenencias personales basadas en otros aspectos diversos a la distribución de alimentos”.
El Mides seguirá apoyando a ollas populares y merenderos
Camilo dos Santos
La denuncia de Martín Lema
Al anunciar la denuncia penal en noviembre de 2022, el exministro Lema había apuntado contra la coordinadora de ollas como “una organización con fines políticos que realizó maniobras que pudieron perjudicar a personas que necesitaban la llegada eficiente de alimentos”.
El jerarca relató que habían realizado unas 200 visitas en el marco de la investigación administrativa y recabado 53 declaraciones. Entre los resultados, Lema enumeró que al menos 68 ollas no funcionaban o nunca funcionaron y aseguró que “se inflaron números” en ese sentido.
Lema planteó asimismo que “la distribución de alimentos no era transparente”, dado que no se mostraban remitos con detalles de los insumos, al tiempo que las ollas “recibían menos insumos de los asignados”. En esta línea, contó que se había constatado que “se retiraron alimentos de Uruguay Adelante” –la organización a la que el Mides había confiado la logística de los alimentos– “que no fueron entregados a varias ollas y merenderos que declaraban”.
El gobierno apuntó entonces que otros alimentos “se vendían” y denunció que “algunos referentes” eran obligados a asistir a los plenarios de la red “bajo presión de que se les iban a retirar los alimentos proporcionados”. Lema también acusó que algunas ollas funcionaban “en comités de base partidarios”.
Las conclusiones de la investigaciones motivaron en aquel entonces que el gobierno de Luis Lacalle Pou quitara a la Coordinadora Popular y Solidaria como “intermediario” en la distribución de los alimentos y encargara la operativa a las Fuerzas Armadas.
