El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo afirmó que la comparecencia de representantes del estudio Delpiazzo ante la comisión investigadora que analiza la compra de las patrullas oceánicas a la empresa española Cardama confirmó una serie de "irregularidades" en el proceso de constitución de las garantías exigidas por el contrato con el Estado uruguayo.
Tras la sesión, el legislador señaló que la exposición de los asesores jurídicos fue determinante para reconstruir el proceso que derivó en la presentación de una garantía de la firma Eurocommerce, que posteriormente fue cuestionada por su autenticidad.
"La exposición fue contundente porque reafirma que el proceso de constitución de las garantías en el contrato entre Uruguay y Cardama fue absolutamente desprolijo, marcado por una serie de prórrogas interminables que llevaron a que, finalmente, la empresa presentara una garantía de Eurocommerce, que después se demostró que era falsa", sostuvo Garlo.
Según explicó el diputado, de acuerdo con lo expuesto por el estudio Delpiazzo, la constitución de la garantía era un requisito indispensable para que el contrato entrara en vigencia y para habilitar el primer desembolso, superior a los ocho millones de euros.
En ese sentido, sostuvo que el acuerdo nunca debió haber comenzado a ejecutarse porque "las exigencias establecidas no fueron cumplidas".
La reconstrucción del expediente
Garlo destacó además que una parte sustancial de la información que permitió reconstruir la secuencia de hechos surgió de correos electrónicos aportados por el estudio Delpiazzo a las actuales autoridades del Ministerio de Defensa.
Según relató, al asumir el nuevo gobierno no existía documentación suficiente en el expediente para seguir el proceso de constitución de las garantías. "No había registro documental de todo este proceso de constitución de las garantías" y "no se encontró en el expediente ningún tipo de documentación", afirmó.
A partir de la documentación aportada, indicó, fue posible reconstruir las distintas extensiones de plazo otorgadas a la empresa española. "Todos los elementos que recuperamos fueron a partir de la información que el estudio Delpiazzo brindó al Ministerio de Defensa y que llegó a poder de la comisión investigadora, y que da cuenta de esas prórrogas interminables que el Gobierno anterior le otorgó a Cardama. Fueron en total cinco propuestas distintas de garantías que finalmente terminaron en el desenlace que ya conocemos", señaló.
La investigación y la denuncia penal
Consultado sobre si los hechos responden únicamente a una gestión administrativa deficiente o si pudo existir una intención deliberada de perjudicar al Estado, Garlo sostuvo que se trata de una de las interrogantes centrales que aún permanecen abiertas.
"Eso es lo que tenemos que seguir investigando, no solo nosotros en la órbita de la comisión investigadora, sino también la Justicia uruguaya", afirmó.
El legislador recordó que el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal sobre el caso y que actualmente el expediente se encuentra bajo análisis de la Fiscalía.
El informe que recomendó rescindir el contrato
Respecto a las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama, Garlo indicó que el estudio Delpiazzo consideró razonables las primeras extensiones de plazo, aunque esa posición cambió cuando los incumplimientos continuaron durante varios meses.
Según explicó, en agosto de 2024, cuando ya habían transcurrido más de seis meses desde las primeras prórrogas y los plazos originales estaban vencidos, el estudio elaboró un informe dirigido al Ministerio de Defensa recomendando dejar sin efecto el contrato.
De acuerdo con el legislador, la conclusión de los asesores era que, al no haberse cumplido las obligaciones previstas, "el contrato nunca debió haber entrado en vigencia".
"Llamativamente, ese informe nunca fue remitido a Cardama, y en setiembre de ese año, 2 meses después, se termina otorgando una nueva prórroga de 72 horas, donde ahí aparece la propuesta de Eurocommerce, que después se descubrió que era una garantía falsa", sostuvo el diputado del MPP.
Pedido de acceso a correos electrónicos
Ante esta situación, Garlo informó que la comisión investigadora resolvió solicitar al Ministerio de Defensa las copias de todos los correos electrónicos enviados desde las casillas del Director General de Secretaría y del Director de Recursos Financieros entre el 1° de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025.
El objetivo, explicó, es determinar si en esas comunicaciones constan intercambios entre el ministerio y el estudio Delpiazzo, así como eventuales contactos con Cardama o con los representantes de la empresa española en Uruguay.
La comisión investigadora continúa recabando información para determinar las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas al proceso de contratación de la patrulla oceánica.
