El gobierno modificará la normativa vinculada a la emisión de certificados de antecedentes judiciales tras el caso de un documento expedido a nombre del narcotraficante Sebastián Marset, que indicaba que no registraba antecedentes penales, según anunció este viernes el canciller Mario Lubetkin. La situación motivó una revisión de los procedimientos del Estado.
Según había informado inicialmente El País, el certificado había sido emitido por la Dirección Nacional de Policía Científica de acuerdo con la normativa uruguaya, que establece que determinados antecedentes dejan de computarse una vez transcurridos cinco años desde el último registro. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a apostillar el documento.
Marset es un narcotraficante uruguayo señalado por las investigaciones como uno de los principales responsables de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, con conexiones en Paraguay, Bolivia y Brasil. En Uruguay fue procesado con prisión por narcotráfico en 2013. Su nombre volvió a cobrar notoriedad en 2022, cuando quedó en el centro de la polémica por la entrega de un pasaporte uruguayo que le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos, donde había sido detenido por viajar con un documento paraguayo falso.
Lubetkin sostuvo este viernes que el caso del certificado de antecedentes judiciales puso de manifiesto una "ambigüedad" en la regulación y señaló que el ministro del Interior, Carlos Negro, le comunicó que se implementará un mecanismo de "corrección inmediata".
"Es un aspecto de ambigüedad de un documento sin términos viejos que, justamente, el ministro del Interior me anunció un mecanismo de corrección inmediata, de forma tal de que todos los aspectos legales, todos, queden absolutamente protegidos en escenario futuro", afirmó el canciller, según informó inicialmente Canal 4
Lubetkin señaló que los cambios deben contemplar no solo lo ocurrido con Marset, sino también otras situaciones que puedan presentarse: "Hoy pasó esta legalización o intento de legalización de un documento relacionado a un narcotraficante conocido. En el futuro pueden pasar otras cosas y lo importante son normas, circulares, reglamentaciones de nuestro país que es la base por la cual nosotros nos movemos", expresó.
El canciller agregó que el Estado debe contar con los "instrumentos" necesarios para "evitar errores de la dimensión que podría haber sido esta".
Por su parte, el ministro del Interior se había referido al tema el jueves, durante una conferencia de prensa, y había sostenido que la normativa debía "compatibilizar" tanto los derechos de las personas que tuvieron antecedentes penales como la necesidad de impedir que un certificado pueda inducir a error a las autoridades judiciales de otros países.
"No podemos hacer una normativa que le impida a las personas desarrollar sus trabajos por haber tenido algún día en su vida un antecedente. Entonces, hay que compatibilizar la libertad de trabajo, los derechos de las personas con la necesaria precaución de no entregar a un narcotraficante un documento que le permita luego o sacar un pasaporte o entregar un documento que haga incurrir en error a la Justicia norteamericana o la de cualquier otro país", había afirmado Negro.