El gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para reconocer la nacionalidad uruguaya de los ciudadanos legales nacidos en el extanjero.
Hasta ahora, la Constitución uruguaya establece que existen dos tipos de ciudadanos: los naturales y los legales.
Los primeros, regulados en el artículo 74, son aquellos hombres y mujeres nacidos en Uruguay, así como los hijos de padres o madres orientales (hayan nacido o no en el país) que se inscriban en el Registro Cívico.
Respecto a los legales, en tanto, la Constitución establece en el artículo siguiente —el 75— que tienen derecho a solicitar la ciudadanía legal los extranjeros que cumplan una serie de requisitos y realicen un trámite presentando su carta de ciudadanía.
Es en este último universo que quedan contemplados los inmigrantes que tramitan la ciudadanía uruguaya y son reconocidos como ciudadanos legales, pero no necesariamente "nacionales". Ese es un viejo reclamo que mantiene este grupo de ciudadanos desde hace años y que llegó, incluso, a organismos internacionales.
"Ese no reconocimiento (como nacionales) en función de una interpretación de la Constitución de la República hecha por Justino Giménez de Aréchaga generaba un conjunto de inconvenientes prácticos, uno de los más conocidos tiene que ver con la expedición de los pasaportes. Donde no se reconocía la nacionalidad de los ciudadanos legales uruguayos y eso generaba, genera y sigue generando problemas en el documento de viaje de estos compatriotas que cuando se desplazan al exterior del país", señaló el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, este viernes, en una conferencia de prensa en la que anunció el envío de este proyecto.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz
Foto: Inés Guimaraens
Sucede que en algunos países no se reconoce la doble nacionalidad o ciudadanía —no es el caso de Uruguay—, por lo que los ciudadanos legales con pasaporte uruguayo se enfrentaban a la dificultad de contar con un documento de viaje que establecía la ciudadanía uruguaya pero no la nacionalidad (campo en el que figuraba el país de nacimiento).
Este proyecto de ley, de ser aprobado en el Parlamento, subsanaría ese error. Pero no otro que ha traído problemas, que es el requisito internacional que empezará a regir en 2027 para todos los países que integran la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de que los pasaportes incluyan también un campo que especifique el lugar de nacimiento.
Esto último, aclaró Díaz, es algo que no será solucionado con este proyecto de ley y que no depende de lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo.
"La ley no habla de pasaportes. La ley es una ley interpretativa de la Constitución. Como consecuencia de eso, una vez que se apruebe, en la emisión de los pasaportes dirá que tanto los ciudadanos naturales como legales son nacionales uruguayos. Punto", aclaró el prosecretario.
Y adelantó que en 2027, cuando empiece a regir la exigencia de la OACI, Uruguay lo deberá cumplir "como corresponde, porque sino el documento de viaje no tendría ningún sentido".
"Es decir, (el pasaporte) va a decir nacionalidad uruguaya, nacido en... el lugar que sea", advirtió. Aunque aclaró que el pasaporte deberá ser "reconocido como tal" porque lo que el Estado uruguayo estará estableciendo allí, independientemente del lugar de nacimiento, es que el portador es un nacional uruguayo "y eso no lo puede discutir un extranjero".
"Luego, si el Estado extranjero en función no de las nacionalidad sino del lugar de nacimiento habla de otra cosa, eso es otro problema", advirtió.
El apoyo en el Parlamento
La ley interpretativa no requiere de mayorías especiales, algo que sí está reservado para reformas constitucionales específicas o leyes relativas al sufragio y a la Corte Electoral.
Consultado sobre el eventual apoyo que podría tener este proyecto en el Parlamento, Díaz estimó que todos los partidos políticos querrán resolver un problema que es de "justicia" y de "derechos humanos".
"Asumimos como Poder Ejecutivo el compromiso de trabajar en una solución. Solo no lo puede resolver, porque requiere la intervención del Parlamento. Estamos reclamando la intervención del Parlamento en la resolución de este problema. Creo —o quiero creer, estoy convencido— que todos los partidos políticos quieren resolver este problema, porque, en definitiva, es resolver un problema que no tiene color político", señaló.
Sin embargo, minutos después de que se conociera la noticia, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, adelantó que se opondría por "razones de constitucionalidad", ya que la carta magna "asigna significados muy distintos" a los conceptos de nacionalidad y ciudadanía.
Para Rodríguez, el artículo 81 de la Constitución diferencia los conceptos de "nacionalidad y ciudadanía".
"Si la nacionalidad no se pierde por naturalizarse en otro país, y la ciudadanía legal si se pierde, evidentemente para la Constitución son cosas distintas, por ende, por ley no se pueden asemejar", estimó en diálogo con El Observador.
