Las familias también convocaron a vecinos a hacer una expresión de solidaridad en el marco de una concentración el miércoles 18 de noviembre, desde las 17:00, en el lugar donde se encuentran las letras que identifican a la localidad de San Ramón.
Qué pasó con Maximiliano Machín y por qué hay tres policías presos
El caso comenzó el 21 de junio, cuando Machín regresó a la vivienda de sus padres en San Antonio después de haber consumido alcohol y cocaína con un conocido, según la reconstrucción presentada por Fiscalía.
Una vez en su casa, el joven se encerró en su dormitorio, comenzó a golpear objetos y rompió el vidrio de una ventana. Sus familiares llamaron al 911 mientras dos de sus hermanos intentaban contenerlo sobre una cama.
Tres policías acudieron al lugar, esposaron a Machín y lo trasladaron al hospital de San Ramón. El joven salió caminando de su vivienda, aunque ofreció resistencia al procedimiento.
En el centro asistencial recibió atención médica, negó haber sufrido agresiones policiales y se le constataron lesiones superficiales. Sin embargo, el recorrido de regreso a su domicilio, de unos 30 kilómetros, se convirtió en el centro de la investigación.
Según Fiscalía, Machín volvió a alterarse dentro del patrullero, pidió que lo dejaran bajar y golpeó los asientos con los pies. Durante ese trayecto, el vehículo se detuvo dos veces, según los registros del GPS y las cámaras de videovigilancia.
La primera parada, en Ruta 6, duró dos minutos, mientras que la segunda se extendió durante nueve minutos y 50 segundos. Ninguno de los lugares donde se detuvo el patrullero contaba con cámaras que permitieran establecer qué ocurrió durante esos minutos.
Cuando llegaron a la vivienda, Machín ya no podía bajar del vehículo por sus propios medios. Uno de los policías y su hermano lo trasladaron hasta el dormitorio. Poco después, uno de sus familiares advirtió que no respiraba. La familia lo trasladó al hospital de Canelones, donde se constató su fallecimiento.
La autopsia determinó que se trató de una muerte violenta y constató múltiples lesiones, entre ellas hematomas, heridas cortantes, lesiones en la cabeza y fracturas.
Para la fiscal Luján Gómez, las lesiones que provocaron la muerte se produjeron durante el traslado desde el hospital de San Ramón hasta la vivienda, cuando Machín se encontraba bajo custodia de los tres funcionarios.
El 7 de octubre, el juez letrado de Primera Instancia de Canelones de primer turno, Luis Sobot Banchero, formalizó la investigación contra los policías por la presunta comisión de un delito de homicidio en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos. Además, dispuso 120 días de prisión preventiva, hasta el 4 de febrero de 2027.
Las familias cuestionan la prisión preventiva: "¿Qué cambió el 7 de octubre?"
Uno de los principales cuestionamientos de la carta apunta a la decisión judicial de mantener a los tres funcionarios privados de libertad.
Según sus familiares, durante los 108 días que transcurrieron entre la muerte de Machín y la formalización, los policías permanecieron en sus domicilios, en la misma localidad donde residen testigos del caso, sin intentar abandonar el lugar ni alterar pruebas. "¿Qué cambió el 7 de octubre para que hombres que esperaron en libertad más de tres meses, sin fallarle a nadie, tengan que estar presos hasta febrero?", plantearon.
En ese sentido, sostienen que podrían haberse aplicado medidas alternativas, como arresto domiciliario, colocación de tobilleras electrónicas o prohibición de acercamiento a los testigos.
La discusión sobre la prisión preventiva ya había sido planteada durante la audiencia de formalización por los anteriores abogados defensores, Joaquín Abal y Santiago Noguera.
En aquella instancia, la Fiscalía sostuvo que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, entre otros motivos, por la posibilidad de que los funcionarios utilizaran su pertenencia institucional para acceder a información reservada o influir sobre el proceso. La defensa rechazó ese argumento y presentó un recurso de apelación. Sin embargo, la medida cautelar se mantuvo mientras se revisa la decisión judicial.
Las familias también destacaron la trayectoria de los tres funcionarios y aseguraron que ninguno registra antecedentes disciplinarios vinculados con hechos similares a los que se investigan. "En sus legajos no hay una sola investigación por algo así. Lo que hay son años de servicio, premios y felicitaciones de la Jefatura de Canelones", señalaron.
Los abogados insisten en que existen otras hipótesis sobre la muerte
Los abogados Marcelo Frioni y Rodrigo Rey, que asumieron la defensa de los tres policías, dijeron a El Observador que esperan los resultados de nuevas diligencias que, a su entender, podrían aportar elementos relevantes para esclarecer las circunstancias de la muerte.
"Nosotros acompañamos el dolor de las familias de nuestros defendidos y confiamos en algunas diligencias que pueden arrojar luz sobre hipótesis alternativas, que en este caso deben atenderse especialmente considerando elementos debidamente acreditados, que permiten reconstruir otras interacciones violentas sufridas por el fallecido, antes de tomar contacto con nuestros defendidos, que fueron especialmente requeridos para controlar un cuadro de violencia intrafamiliar", señalaron.
Los defensores sostienen que el caso requiere un análisis de las distintas circunstancias que rodearon la muerte del joven y que todavía existen aspectos que deben esclarecerse mediante pericias. "En ese sentido, entendemos que es un caso complejo, que depende de prueba eminentemente científica", agregaron.
Tal como informó El Observador el pasado 19 de octubre, la nueva defensa cuestionó que no hubiera intervenido Policía Científica en el domicilio de Machín, que no se realizara un relevamiento técnico del patrullero y que tampoco se tomara declaración al médico que constató su muerte.
Crédito: Telenoche (Canal 4)
Rey también planteó que existió una situación de violencia anterior a la intervención policial que, según su interpretación, no fue investigada con suficiente profundidad.
La defensa considera que esos elementos podrían resultar relevantes para determinar cuándo y cómo se produjeron las lesiones que terminaron provocando la muerte. La Fiscalía, por su parte, sostiene que las lesiones mortales ocurrieron durante el traslado policial y presentó como elementos de prueba la autopsia, los registros del GPS del patrullero y las imágenes de cámaras de videovigilancia.
La Justicia entendió que existían elementos suficientes para formalizar la investigación y disponer la prisión preventiva solicitada por la fiscal. Los abogados también destacaron los antecedentes profesionales de sus defendidos. "Se trata de funcionarios policiales especialmente reconocidos por su trayectoria, trabajo, distinciones y profesionalismo", afirmaron.
"Hay mesas con una silla vacía": el impacto de la prisión en las familias
En la carta, los familiares también describieron las consecuencias que la prisión preventiva ha tenido sobre sus hogares. "Hay una hija que sigue yendo a la facultad sin el padre que la sostenía. Hay dos adolescentes que tuvieron que ver a su papá detrás de una reja. Hay padres mayores que dependían de su hijo para lo más básico. Hay mesas con una silla vacía y noches enteras sin dormir", expresaron.
En testimonios remitidos anteriormente a El Observador, los allegados de uno de los funcionarios destacaron que tiene una hija de 20 años que estudia en la facultad y que depende de su apoyo económico y emocional. También señalaron que se conformó un grupo de cientos de personas para acompañar al policía y a su familia.
La esposa de otro de los funcionarios había destacado el vínculo de su marido con sus dos hijos, de 17 y 18 años, y la asistencia que brinda habitualmente a sus padres, ambos adultos mayores.
En el tramo final de la carta, las familias advirtieron sobre lo que consideran las consecuencias que este caso podría tener para el trabajo policial. "¿Qué va a pensar mañana el policía que reciba una llamada desesperada como la de ese día? ¿Va a ir, o va a dudar?", cuestionaron.
Los familiares insistieron en que su reclamo no busca impedir la investigación ni evitar que se determinen responsabilidades, sino que se contemplen todas las hipótesis y que los funcionarios puedan permanecer en sus domicilios mientras avanza el proceso judicial. "No pedimos privilegios. No pedimos impunidad. No pedimos que se deje de investigar: pedimos exactamente lo contrario, que se investigue todo y no solo lo que apunta en una dirección", expresaron.
Finalmente, dirigieron un pedido a la Fiscalía, a la Justicia y a la sociedad uruguaya para que se analicen todas las circunstancias del caso. "Pedimos que, mientras tanto, se los trate como lo que la ley dice que son: inocentes. Que puedan esperar el juicio en sus casas, con sus hijos, como lo hicieron durante 108 días", concluyeron.