Sin embargo, la nueva defensa cuestionó que no haya intervenido Policía Científica en el domicilio, que no se haya realizado un relevamiento técnico del vehículo en el que trasladaron a Machín y que tampoco se haya tomado declaración al médico que constató su muerte. Además, sostuvo que existió una situación de violencia anterior al fallecimiento que no fue investigada adecuadamente.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Los abogados centrarán sus cuestionamientos en la medida cautelar impuesta a los efectivos, que considera irrazonable en esta etapa del proceso, y en los argumentos utilizados para justificar el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Uno de los principales planteos de Rey y Frioni apunta a que la evidencia del caso se concentra en pruebas científicas producidas por organismos del propio Estado, por lo que sostiene que los imputados no tienen posibilidades de interferir en su elaboración.
El abogado Rey también cuestiona que se haya utilizado la condición de policías de los investigados como un factor que incrementaría los riesgos procesales. A su entender, atribuir un mayor riesgo de entorpecimiento por el solo hecho de pertenecer a la Policía constituye un argumento inadmisible para justificar la prisión preventiva.
De hecho, asegura que los funcionarios acusados tienen un "legajo impecable" y "no hay indicio ninguno de que pudieran interferir con la investigación ya que ninguno tiene investigaciones administrativas por irregularidades previas del estilo o situaciones remotamente similares".
Las dos paradas del patrullero y las lesiones que constató la autopsia
El caso comenzó el 21 de junio, cuando Maximiliano Machín regresó a la vivienda de sus padres en San Antonio, Canelones, después de haber consumido alcohol y cocaína con un conocido, según la reconstrucción de Fiscalía. Una vez en su casa, se encerró en su dormitorio, comenzó a golpear objetos y rompió el vidrio de una ventana. Sus familiares llamaron al 911 mientras dos de sus hermanos intentaban contenerlo sobre una cama.
Tres policías llegaron al lugar, lo esposaron y lo trasladaron al hospital de San Ramón. Machín salió caminando de su vivienda, aunque ofreció resistencia al procedimiento. En el centro asistencial recibió atención médica, negó haber sufrido agresiones policiales y se le constataron lesiones superficiales. “Estaba calmado y pidió agua. Él salió lo más bien”, declaró su madre, Gianella Corujo.
Sin embargo, el recorrido de regreso a su domicilio, de unos 30 kilómetros, se convirtió en el centro de la investigación. Según Fiscalía, Machín volvió a alterarse dentro del patrullero, pidió que lo dejaran bajar y golpeó los asientos con los pies. Durante ese trayecto, el vehículo se detuvo dos veces, según los registros del GPS y las cámaras de videovigilancia.
La primera parada, en Ruta 6, duró dos minutos, y los policías la atribuyeron a la conducta del joven. La segunda se extendió durante nueve minutos y 50 segundos. “De acuerdo a lo manifestado por los funcionarios, se debió a que le sacaron las esposas a Machín pues se encontraba tranquilo y que estaría durmiendo”, explicó en ese entonces la fiscal Luján Gómez a Telenoche (Canal 4). Ninguno de los lugares donde se detuvo el patrullero contaba con cámaras que permitieran establecer qué ocurrió durante esos minutos.
Cuando llegaron a la vivienda, Machín ya no podía bajar del vehículo por sus propios medios. Uno de los policías y su hermano lo trasladaron en andas hasta el dormitorio. Su madre contó que los funcionarios le dijeron que iba a dormir durante dos días, pero poco después otro de sus hijos advirtió que no respiraba. La familia lo trasladó al hospital de Canelones, donde se constató su muerte.
La autopsia determinó que se trató de una “muerte violenta” y constató múltiples lesiones, entre ellas hematomas, heridas cortantes, lesiones en la cabeza y fracturas.
Para Fiscalía, las lesiones mortales se produjeron durante el traslado policial desde el hospital hasta la vivienda, cuando Machín estaba bajo custodia de los tres efectivos. La defensa, en cambio, cuestiona que las pruebas permitan atribuirles esas lesiones y sostiene que todavía quedan circunstancias anteriores a la intervención policial que deben investigarse.
Los cuestionamientos a la prisión preventiva
El pasado 7 de octubre, el juez letrado de Primera Instancia de Canelones de primer turno, Luis Sobot Banchero, formalizó la investigación contra los tres funcionarios y dispuso 120 días de prisión preventiva, hasta el 4 de febrero de 2027, a pedido de la fiscal Gómez.
Durante aquella audiencia, los anteriores abogados defensores, Joaquín Abal y Santiago Noguera, ya habían cuestionado tanto las pruebas presentadas por Fiscalía como la necesidad de mantener a los imputados privados de libertad.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la posibilidad de que los policías utilizaran su pertenencia institucional para acceder a información reservada o influir sobre el desarrollo de la investigación.
"¿Ser policía es un riesgo para hacer valer la prisión preventiva?", planteó Abal durante la audiencia. El defensor sostuvo que aceptar ese razonamiento implicaría establecer un criterio que podría extenderse a cualquier funcionario policial investigado penalmente.
"No surge de la carpeta fiscal un solo elemento que permita sostener que los imputados entorpecieron, entorpecerán o lo intentarán con la investigación", afirmó Abal.
Pese a esos planteos, el magistrado mantuvo la prisión preventiva y admitió el recurso de apelación sin efecto suspensivo, por lo que los policías continúan privados de libertad mientras se revisa la decisión judicial.
Rey apuntó a una situación de violencia previa a la muerte
El nuevo abogado de los tres policías formalizados, Rodrigo Rey, cuestionó las primeras actuaciones de Fiscalía tras la muerte de Maximiliano Machín y aseguró que existen líneas de investigación que todavía no fueron agotadas, entre ellas una presunta situación de violencia ocurrida en la vivienda de la víctima antes de su fallecimiento.
“Es un hecho tristísimo y muy grave en su magnitud, pero también inusualmente complejo, tanto para la argumentación jurídica como para la sofisticación probatoria”, afirmó Rey en diálogo con El Observador.
El defensor sostuvo que la investigación presenta aspectos que requieren una mayor profundización y cuestionó que no se hayan realizado determinadas diligencias desde el comienzo del caso. “Entendemos que en esta investigación hay líneas que todavía no se han agotado y que hacen más complejo el hecho. Desde el inicio se trató de una muerte dudosa, de una persona que falleció sin asistencia. En esos casos lo habitual es preservar y relevar la escena, y eso no se hizo. No intervino Policía Científica en el domicilio, no se tomó una declaración primaria a la familia, no se hizo un relevamiento técnico del vehículo en el que trasladaron al joven. Tampoco se le tomó declaración al médico que constató el fallecimiento”, señaló.
"Esa declaración preliminar del primer médico sobre la constatación de lesiones revela un trabajo que tiene importantes deficiencias: describe a otra persona, físicamente se refiere a otro sujeto específicamente en sus atributos físicos, tiene severos errores metodológicos y debería ser objeto de una investigación independiente", señaló. En tal sentido, enfatizó en que "la conclusión no puede ser considerada como elemento para valorar cómo se encontraba el joven en ese momento. No es una deducción admisible".
"A partir de ahí ya existe una crisis insalvable que hace completamente desproporcionada, desde el punto de vista de la semiplena prueba (además de desproporcionada) la prisión preventiva", argumentó.
Rey reconoció que se dispuso una pericia forense, pero cuestionó el tratamiento que recibió la versión inicial sobre las circunstancias del fallecimiento. “Se dispuso la pericia forense, y eso es correcto. Pero no se analizó con el mismo rigor la versión que dieron quienes llevaron al joven al hospital de Canelones, que lo atribuyeron a un consumo excesivo de drogas. Esa versión se tomó como un dato y no como una hipótesis a verificar”, aseguró.
En ese sentido, el abogado introdujo otro elemento que, a su entender, debe ser considerado por los investigadores: una presunta situación de violencia anterior a la muerte de Machín, ocurrida dentro de su vivienda.
“Para nosotros hay un elemento que no se puede pasar por alto. El joven tenía un consumo muy problemático, y eso está respaldado por el examen toxicológico. En ese contexto, antes del fallecimiento hubo en la casa una situación de violencia, autónoma y anterior, que todavía no se investigó como corresponde”, sostuvo.
Por otra parte, el abogado considera que "acá fallo la Ley N°19.529 de salud mental y faltan mecanismos de prevención, falta un debate serio sobre la internación compulsiva y las adicciones. Es todo un problema que incluso podría explicar científicamente el fatal desenlace".
Por último, Rey hizo referencia a la actuación de la fiscal Luján Gómez, quien intervino desde el día del fallecimiento y posteriormente solicitó la formalización de los tres funcionarios. “Confiamos en que la Fiscalía, en cumplimiento del principio de objetividad que la obliga a investigar tanto lo que perjudica como lo que favorece, va a atender estas líneas pendientes. La fiscal que actuó el día del hecho es la misma que hoy lleva la causa, así que conoce desde el principio las circunstancias en que se produjo”, concluyó.
El respaldo de compañeros y familiares a uno de los policías imputados
La familia de uno de los policías imputados destacó su trayectoria en la institución y el respaldo que ha recibido de compañeros y allegados desde que comenzó el proceso judicial. Según explicaron, el funcionario tiene una hija de 20 años que estudia en la facultad y a quien brinda apoyo económico, personal y emocional. También señalaron que se conformó un grupo de al menos 130 personas para acompañar al funcionario y a su familia.
Los familiares aseguraron que el policía cuenta con un "legajo impecable" y destacó los reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera. Entre la documentación aportada figuran premios por actuaciones destacadas otorgados por la Jefatura de Policía de Canelones, correspondientes a distintos años, así como una mención especial y otros reconocimientos institucionales.
Sus allegados sostienen, además, que "es una persona muy apreciada" tanto por sus compañeros como por los vecinos de la zona.
La esposa de otro de los policías formalizados destacó por su parte la dedicación de su marido con la familia, el vínculo con sus dos hijos, de 17 y 18 años, y la atención que brinda a sus padres, ambos adultos mayores.
“Es esposo cariñoso, atento. Yo estoy estudiando en la mañana y muchas veces nos esperaba con el almuerzo pronto, lavaba y cepillaba la ropa antes de ponerla en la lavadora, tiene gallinas que se encargaba él de atenderlas todos los días, es un padre justo y amoroso. Él cree en el poder de la palabra, prefiere mil veces hablar con mis hijos que ponerlos en penitencia”, relató su esposa en un testimonio remitido a El Observador.
La mujer también destacó el compromiso del funcionario con sus padres, a quienes visita semanalmente para ayudarlos con las tareas domésticas. “Tiene dos padres ancianos y una vez a la semana va ayudarlos con la limpieza de la casa (cepilla los pisos y limpia a fondo el baño). Les corta el pasto para que los padres no tengan que estar pagando por esos servicios”, señaló.
Rey considera que la investigación por la muerte del joven dejó varias interrogantes sin responder, especialmente sobre lo ocurrido en las primeras horas posteriores al fallecimiento. El defensor cuestiona que, pese a tratarse inicialmente de una muerte dudosa, Policía Científica no haya concurrido al domicilio para preservar y relevar la escena.
A su entender, esa omisión se suma a otras diligencias que tampoco se realizaron, como tomar una primera declaración a los familiares del joven o efectuar un relevamiento técnico del patrullero en el que había sido trasladado. El profesional también se pregunta por qué no se tomó declaración al médico que constató la muerte, una instancia que considera relevante para reconstruir las circunstancias del fallecimiento.
La defensa también pone el foco en la versión aportada por la familia de Machín cuando llegó al centro asistencial de Canelones, donde, según los planteos trasladados a Rey, sus integrantes manifestaron que el joven se había excedido en el consumo de drogas. En ese sentido, se cuestiona que esa versión no haya sido puesta en duda durante las primeras actuaciones.
La Justicia, sin embargo, entendió que existían elementos suficientes para formalizar la investigación y disponer la medida cautelar solicitada por Fiscalía.
