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La Intendencia de Montevideo (IM) denunció una maniobra fraudulenta relacionada con automotores luego de que el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos de la comuna detectara una serie de trámites sospechosos realizados por un usuario, quien gestionaba entre dos y cuatro trámites diarios, entre ellos empadronamientos, adjudicación de matrículas y duplicados de libretas, confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.

Lo llamativo de estos procedimientos, que comenzaron a ser investigados en setiembre de 2024, es que todos fueron respaldados por certificados emitidos por el mismo escribano, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

El área jurídica de la comuna capitalina tomó conocimiento del hecho y calificó la situación como "sospechosa", dado que muchos de los vehículos en cuestión presentaban problemas legales o financieros. En algunos casos, los certificados de regularización fueron emitidos tras procedimientos de incautación o retiro de matrículas.

La investigación reveló, además, que el usuario involucrado en estos trámites sospechosos ofrecía, a través de redes sociales, servicios de regularización de deudas sin titular, reempadronamientos exprés en Montevideo y recuperación de autos en depósito por deudas. Este hallazgo llevó a la IM a ampliar la denuncia, considerando la magnitud y los posibles alcances del fraude.

Según la resolución del Área Jurídica de la comuna capitalina, a la que accedió El Observador, sobre las actuaciones "relacionadas con una maniobra ilícita respecto a la venta de documentación apócrifa en una red social", se indica que la Unidad Sumarios "sugiere el dictado de resolución que le encomiende a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos acaecidos" y resolvió "encomendar a la División Asesoría Jurídica a radicar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación de los hechos referidos en la presente resolución"

El caso se encuentra bajo investigación de la fiscal Graciela Peraza, quien dirige las acciones judiciales correspondientes. Paralelamente, la Intendencia inició una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

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