Uno de los presos fallecidos iba a recuperar la libertad en 20 días, según la organización FamPres
El incendio en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) que terminó con 6 presos muertos fue intencional y se originó a consecuencia de una “reyerta” entre reclusos, según dijeron a El Observador distintas fuentes al tanto de lo sucedido.
El incendio comenzó antes de las 15:00, tal como informó El País, y los seis fallecidos ya habían sido amenazados antes de la pelea. Una de las hipótesis es que se encerraron en su celda –la única que estaba cerrada en todo el módulo– para defenderse de posibles ataques. Además, hay otro recluso internado en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque).
Una de las fuentes explicó que para empezar el fuego los atacantes quemaron un colchón utilizando aceite de cocina como combustible.
Dahiana Pereira, integrante de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, relató que estaba en el Módulo 10 de la cárcel cuando sintió olor a quemado y salió junto con sus compañeros a brindar apoyo a los trabajadores que estaban en el módulo del incendio.
“Ingresan con bomberitos, pero también hay que controlar la situación. Cada celda tiene su particularidad también; en ese módulo hay más de 700 personas y tiene capacidad para 378", relató Pereira en diálogo con La Diaria.
Pereira contó que la celda es chica y los atacantes estaban con cortes entonces no los dejaban salir. “Cuando hay estos incidentes son las mismas personas privadas de libertad, que andan en la vuelta, que te abren y te cierran las puertas", agregó.
El incidente ocurrió en el sector 2B del Módulo 4, y las primeras investigaciones del organismo marcaron que todas las celdas del sector estaban "abiertas" a excepción de la celda 94, que estaba cerrada. Allí estaban los seis cuerpos.
El caso es investigado por la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, quien indicó en una rueda de prensa realizada fuera del Comcar que se cuenta con la "identificación primaria" de los seis fallecidos, pero pidió "paciencia" a las familias para que las autopsias confirmen su identidad.
Germán Gutiérrez, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen), pidió en diálogo con El Observador que el Estado declare una "emergencia carcelaria" para buscar soluciones urgentes en la cárcel. Este gremio ya logró que la Justicia exigiera al Ministerio del Interior una serie de medidas para mejorar la situación del penal, pero luego de este episodio los operadores pedirán que se le exijan plazos a la cartera para estas mejoras.
"El Poder Ejecutivo tiene que aprobar presupuestos extraordinarios para la crisis de hacinamiento, la falta de personal, el mantenimiento", explicó el operador penitenciario.
Stella Maris Padrón, directora de Fam Pres, agrupación que reúne a familiares de personas privadas de libertad, detalló que el grupo busca a la familia de algunas de las víctimas, a las que acompañará a demandar al Estado, y analiza tomar otras medidas.
Los funcionarios civiles penitenciarios marcaron, por su parte, que las muertes de los seis reclusos son "una nueva muestra de las gravísimas deficiencias" que vienen "denunciando desde hace tiempo" y aseguraron que "desde hace años, el sistema penitenciario se ha mantenido sin una verdadera política de Estado que trascienda los intereses partidarios y aborde de manera efectiva las situaciones extremas y las pésimas condiciones de reclusión".
"Es inaceptable seguir permitiendo que estas tragedias se repitan. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que se tomen las decisiones que realmente importan?", preguntaron desde Ofucipe.
Menos de dos semanas atrás, la Justicia dio la razón a Sitrapen en su denuncia contra el Ministerio del Interior por las condiciones "crueles, inhumanas o degradantes" del penal de Santiago Vázquez, y obligó a la cartera a realizar diversos informes con el objetivo de realizar mejoras en el centro penitenciario.
Debido a este recurso, Interior fue obligado a avanzar en tres aspectos: en primer lugar, deberá realizar un informe en un plazo de 45 días en el que se analice la cantidad de funcionarios que necesita el ex Comcar; en segundo orden, se le exige que tome medidas para bajar el hacinamiento "a niveles tolerables en un plazo razonable"; por último, le dieron 90 días al área de Arquitectura del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que informe sobre las carencias edilicias de la cárcel y realice un "plan de obras" para mejorar sus condiciones de habitabilidad.
El reclamo de Sitrapen fue motivado por un incendio ocurrido este 3 de setiembre en el Módulo 10, en el que cinco privados de libertad terminaron lesionados. El sindicato comparó el hecho con el incendio ocurrido en el mismo centro el 28 de diciembre de 2023, en el que fueron asesinadas seis personas, y marcó en la denuncia que las condiciones "no mejoraron".
Este jueves, Gutiérrez lamentó que el incendio fatal ocurrió "en el mismo módulo" que en el incidente de diciembre, y marcó que se trata del "mismo incidente, con la misma cantidad de muertos". "Se dijo que el ministro iba a tomar medidas, todo está igual", criticó.
Sitrapen planea ampliar su denuncia contra el Ministerio del Interior y sumar el incendio fatal de este miércoles, con lo que espera "obligar al juez a poner plazos para ejecutar medidas" porque, según el presidente del gremio, la situación "se está saliendo de control".
Para Stella Maris Padrón, al frente de Fam Pres, la tarde y noche de este miércoles fue como "repetir la pesadilla de diciembre del año pasado, y en el mismo módulo".
"Es grande el trabajo. Buscamos a los familiares, ayudamos con los trámites para el reconocimiento para la entrega. Hay familiares que son del interior, y el traslado de los cuerpos al interior no está cubierto, ayudamos en eso", relató a El Observador Padrón sobre los trabajos que hace la organización cuando mueren personas privadas de libertad.
Hasta el momento, Fam Pres se contactó con tres de las familias de las víctimas de este miércoles. Uno de los reclusos fallecidos "tenía la libertad en 20 días", lamentó la integrante del organismo.
También están en contacto con la familia del hombre que está internado en el Cenaque, a quien además acompañarán "en todo el proceso".
Padrón lamentó que la población del Comcar creció "de forma increíble", pero "no cuenta con la habilitación de Bomberos" ni cuenta con un carro de la fuerza para prevenir este tipo de incidentes. "Así, cada vez que pasen este tipo de cosas vamos a terminar con una situación como esta", criticó la directora.
Fam Pres busca contactarse con todas las familias de las víctimas, a las que acompañará en sus demandas al Estado por la responsabilidad de la muerte de los presidiarios.
"Algo se va a hacer. Algunos familiares querían hacer una marcha, o juntar firmas para una queja", adelantó Padrón, que de todas formas lamentó que el Estado apeló un Habeas Corpus por la falta de alimentación de los reclusos y "te pelea un plato de comida", por lo que se sienten "bastante limitados".
"Todos los días recibimos denuncias. No tenemos lo básico, alimentación, higiene, suficientes plazas de estudio. Cuando pasa algo así, te explota en la cara", sentenció.
Bettiana Díaz, diputada del Frente Amplio y vicepresidenta de la Comisión especial de seguimiento de la situación carcelaria, afirmó a El Observador que los integrantes de ese órgano analizan la posibilidad de citar a las autoridades del Ministerio del Interior y el INR tras el incendio fatal.
"No alcanza con el relato de la situación que muchas veces nos prestan, queremos conocer medidas", afirmó la legisladora, quien acompaña en el seguimiento de la situación de las cárceles al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, para lo que realiza recorridas en las cárceles en las que conversa con autoridades y reclusos.
Díaz recordó que un mes y medio atrás visitó junto a Petit el Módulo 4 y conversó con algunos reclusos. La diputada marcó que en ese sector residen hombres jóvenes con una "vulnerabilidad socioeconómica muy fuerte", en una situación de hacinamiento.
"Llegamos a ver hasta 10 personas en celdas con capacidad para cuatro. De ahí, solo una recibía un paquete de afuera, lo que muestra también la falta de apoyo del afuera, y aumenta la violencia", relató.
Además, en este y otros módulos el INR no cuenta con los suficientes colchones, por lo que a veces las autoridades piden a las personas que salen que "dejen" sus camas.
A esto se suman las "muchas horas de encierro", ya que no hay suficientes operadores para controlar a los reclusos en sus salidas: "En los módulos 10 y 11 algunos presos nos decían que no salían hace nueve meses, y los módulos que salen, salen cada 15 días".
A Díaz le han llegado a decir que a veces deben "elegir" entre trasladar a algunos reclusos a los lugares donde se desarrollan los programas educativos del penal o "garantizar su salud" derivándolos a policlínicas, debido a la falta de personal para los traslados.
También está la "circulación de drogas", causa de los conflictos que llevaron al incendio fatal de diciembre y, según la propia Díaz, también fueron el detonante del conflicto de este miércoles. "En algún momento tenemos que resolver esto", añadió.
"Hay situaciones violatorias de los derechos humanos, a tal punto que es imposible rehabilitarse por más voluntad que le pongan", lamentó.
