El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó un recurso de Habeas Corpus contra el Ministerio del Interior para solicitar a la justicia medidas urgentes en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), que denuncian tiene condiciones de reclusión "crueles, inhumanas o degradantes".
Según se puede leer en la denuncia a la que accedió El Observador, los trabajadores, acompañados en la denuncia por el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi, reclaman que el Ministerio del Interior refuerce "todo el personal" del Comcar.
También piden "bajar el hacinamiento de los sectores más críticos" del establecimiento carcelario y "mejorar todas las condiciones edilicias" del centro. Para estas tres solicitudes, Sitrapen reclama que se realicen distintos informes que analicen cómo se deben realizar los plazos necesarios.
Los trabajadores carcelarios decidieron radicar la denuncia luego del incendio ocurrido en la noche del 3 de setiembre en el módulo 10 del penal, en el que seis personas debieron ser internadas con quemaduras.
Sitrapen comparó el hecho con el incendio ocurrido en el mismo centro el 28 de diciembre de 2023, en el que fueron asesinadas seis personas. Germán Gutiérrez, presidente del sindicato, dijo a El Observador que desde ese incendio hasta el nuevo incidente las condiciones "no mejoraron".
El pasado sábado declaró ante la justicia el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, cuyos informes sobre la situación carcelaria fueron mencionados en varias páginas del recurso presentado a la justicia. En otras audiencias también testificaron tres integrantes de la oficina del comisionado y dos funcionarios carcelarios.
Gutiérrez afirmó que "todos los testimonios fueron unánimes" y "lapidarios" con respecto a las condiciones del Comcar. Este viernes el Juzgado Letrado en lo Penal de 31° Turno fallará sobre el Habeas Corpus, y desde Sitrapen se espera que el fallo sea favorable a sus intereses.
Las carencias del Comcar, los "derechos humanos violados" de sus reclusos y el reclamo laboral de los penitenciarios
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El Comcar
Diego Battiste
Los trabajadores penitenciarios indicaron que las condiciones de reclusión de la unidad de Santiago Vázquez "han sido clasificadas como crueles, inhumanas o degradantes" y sus "carencias actuales a nivel edilicio, de falta de personal y hacinamiento extremo" generan un "serio riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida para la población privada de libertad".
Citando el informe de la situación carcelaria de Petit de 2022, Sitrapen indicó que el 40% de las muertes violentas en cárceles se dieron en ese penal, y una de cada cuatro de esas muertes ocurrieron en un solo edificio, el módulo 4.
Según ese informe, hay cinco módulos (3, 4, 8, 10 y 11) –el 3 y el 8 de forma parcial– del centro que tienen condiciones de reclusión "crueles, inhumanas o degradantes". En esos lugares Petit registró condiciones de vida "muy malas, con elevados niveles de violencia" y un bajo cumplimiento de los estándares de las Reglas Mandela, que mandatan los derechos de las personas privadas de libertad.
Otros cinco módulos (parte del 3 y el 8 junto al 2, 5 y 6) presentan "insuficientes condiciones para la integración social", con sectores que cuentan con algunas actividades que buscan la rehabilitación.
Por último, solo tres edificios (7, 9 y el sector de Pre Egreso) tienen "oportunidades para la integración social", con una "buena agenda de actividades", poca violencia interna, buen relacionamiento entre los familiares y una correcta respuesta de las autoridades a las necesidades de los reclusos.
Por otra parte, Sitrapen denunció que en el ex Comcar se incumplen varias de las Reglas Mandela, como la que dice que "ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", la que indica que "cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupado por un solo recluso" o máximo dos en situaciones especiales, o la que indica que esos cuartos deben "cumplir todas las normas de higiene".
Junto con otras condiciones sanitarias y de alojamiento, los trabajadores también denunciaron que se cumple la normativa Mandela que marca como "indispensable" que los operadores carcelarios "sean profesionales contratados a tiempo completo con la condición de funcionarios públicos" y la "seguridad" de que la estabilidad de sus trabajos "dependerá de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física".
"La remuneración del personal deberá ser suficiente para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Las prestaciones laborales y condiciones de servicio serán favorables, teniendo en cuenta el difícil trabajo que desempeñan", agrega el mismo artículo.
Los tres cambios que piden los trabajadores carcelarios
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Comcar: la cárcel con más población reclusa
Archivo El Observador
En primer lugar, Sitrapen indicó que "el primer gran cuello de botella" para mejorar la situación del penal es "el personal", y sostuvo que "sin suficientes funcionarios" es "imposible" garantizar que los privados de libertad puedan acceder a "las mismas oportunidades de rehabilitación" o a un "trato mínimamente digno".
Por esto, los trabajadores solicitan "el incremento de funcionarios operadores", y piden que se elabore un "informe técnico" en un plazo de 30 días en el que se analice la cantidad de funcionarios que necesita el Comcar.
Luego, los operarios marcaron que "el hacinamiento es la peor consecuencia de no tener una política planificada de inversión en cárceles que acompañe la evolución de la población carcelaria", y piden que se baje el hacinamiento a un "piso mínimo" del 120% de ocupación en los módulos 3, 4, 8, 10 y 11 en un plazo de 250 días. Este porcentaje fue marcado por Petit como una "superpoblación crítica".
Por último, aunque desde Sitrapen reconocen que el gobierno ha prometido e instalado nuevas plazas carcelarias, postularon que esto "no es justificación para desatender el mantenimiento de las plazas ya existentes", y reportaron que "casi la totalidad de los módulos del Comcar presentan alguna carencia edilicia".
En este sentido, los operadores quieren que el Departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) realice en un plazo de 90 días un informe que "diagnostique los principales problemas edilicios de cada módulo del Comcar".
