Interior respondió que está realizando "todo lo que está en sus manos" para solucionar el hacinamiento, y aplica diversas medidas para aumentar el personal y mantener los edificios de la cárcel. Además, criticó que Sitrapen "tome a los privados de libertad como estandarte para realizar reivindicaciones laborales", ya que entiende que con la demanda el gremio solo quería "probar la carencia de personal".
El juez del caso valoró las acciones de Interior y reconoció que las medidas para mejorar la situación de la cárcel llevan "tiempo y dinero", pero marcó que los magistrados deben velar por los derechos humanos y que "las cosas tienen que surgir en algún momento, y se dieron ahora".
Por otra parte, admitió que "tal vez" los operadores sí presentaron el reclamo solo por la falta de personal, pero entienden que eso forma parte del "fuero íntimo" de ellos, y que lograron demostrar las carencias que denunciaban.
La decisión de la justicia para buscar que el Comcar tenga más operadores
Sitrapen indicó que "el primer gran cuello de botella" para mejorar la situación del penal es "el personal", y sostuvo que "sin suficientes funcionarios" es "imposible" garantizar que los privados de libertad puedan acceder a "las mismas oportunidades de rehabilitación" o a un "trato mínimamente digno".
Por esto, los trabajadores solicitan "el incremento de funcionarios operadores", y piden que se elabore un "informe técnico" en un plazo de 30 días en el que se analice la cantidad de funcionarios que necesita el Comcar.
La justicia acogió el reclamo de forma parcial y brindó al INR 45 días para realizar este informe, en el que también deberá mostrar cómo "adecuar el cuadro de funcionarios en un plazo de carácter razonable, debiendo realizar informes parciales a la sede de su avance".
La sentencia cita los informes del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit –quien ofició como testigo en el reclamo–, para constatar que en el día hay diez funcionarios por módulo y en la noche hay tres. Según información aportada por el Ministerio del Interior, algunos módulos cuentan con más de 800 reclusos.
Una de las testigos marcó que uno de los principales problemas de convivencia que causa esta falta de personal es que impide que los privados de libertad realicen diversas actividades.
"Muchas veces nos dicen que muchas cosas no se pueden hacer por las carencias que tienen de personal (...) lo hemos visto, no hay gente, a veces no los llevan al hospital porque no hay policías para llevarlos", relató la testigo, quien agregó que conversó con un recluso del Módulo 8 que le dijo que "hace más de un mes que no salía al patio".
Otra testigo indicó que muchos reclusos "no acceden a consultas médicas por falta de personal", ya que no hay guardia que los pueda derivar. Interior informó que "no se cumplieron 54 conducciones de presos a ASSE, 122 a Juzgados y 47 a Fiscalías".
El Ministerio del Interior indicó que están a la espera de la llegada de personal egresado del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), además de que han realizado llamados a concurso para operadores penitenciarios y funcionarios policiales.
En ese sentido, la justicia defendió la postura de Sitrapen, pero marcó que lógicamente el cambio que deberá impulsar el INR "llevará su tiempo", y aclaró que "establecer plazos de cumplimiento estrictos implicaría desconocer que la Administración demandada se encuentra sometida reglas para la disposición de sus recursos".
El hacinamiento en el Comcar y la medida que exige la justicia
Los operarios marcaron que "el hacinamiento es la peor consecuencia de no tener una política planificada de inversión en cárceles que acompañe la evolución de la población carcelaria", y piden que se baje el hacinamiento a un "piso mínimo" del 120% de ocupación en los módulos 3, 4, 8, 10 y 11 del Comcar en un plazo de 250 días. Este porcentaje fue marcado por Petit como una "superpoblación crítica".
La cárcel de Santiago Vázquez tienen un total de 5.183 personas privadas de libertad. Según el informe del Ministerio del Interior presentado a la justicia, en el Módulo 3 hay 841 personas viviendo en un lugar con 380 plazas. En el sector 4 son 813 personas para 400 plazas, en el 10 hay 747 reclusos con 498 lugares, en el 11 son 852 reclusos con 498 plazas disponibles, y en el módulo 8 se alojan 441 personas cuando las plazas son 330.
Interior enfatizó que la administración "se encuentra haciendo todo lo que está en sus manos para evitar el hacinamiento" y destacó que firmó un convenio para "realizar tres unidades público-privadas nuevas", firmado a fines de agosto.
"La tasa de prisionización en el 2023 ha sido de 435 personas presas cada 100.000 habitantes y representa un nuevo récord nacional que ha continuado aumentando en el 2024. En la comparación internacional de este indicador Uruguay se ha mantenido en los primeros 10 lugares del mundo de mayor prisionización por cantidad habitantes y en el primer lugar en América del Sur", destacó Petit en un informe citado en la sentencia.
Para la justicia estos datos comprueban el hacinamiento en la cárcel, y exigió al Estado a que "lleve adelante acciones que permitan bajar el hacinamiento" en los módulos mencionados por Sitrapen "a niveles tolerables en un plazo razonable". La administración deberá informar al Juzgado "las medidas que se implementen al respecto".
Justicia pide un informe sobre las condiciones edilicias del Comcar
Aunque desde Sitrapen reconocen que el gobierno ha prometido e instalado nuevas plazas carcelarias, postularon que esto "no es justificación para desatender el mantenimiento de las plazas ya existentes", y reportaron que "casi la totalidad de los módulos del Comcar presentan alguna carencia edilicia".
En este sentido, los operadores solicitaron que el Departamento de Arquitectura del INR realice en un plazo de 90 días un informe que "diagnostique los principales problemas edilicios de cada módulo del Comcar".
Interior respondió que "continuamente se están realizando reparaciones" en el penal, y estas "también continuamente son vandalizadas por los reclusos".
El juez del caso también se refirió a las palabras de Petit, que en un informe detalló que "en términos generales la situación edilicia (del Comcar) es entre mala y muy mala, con situaciones de enorme fragilidad y riesgo en las instalaciones básicas en algunos lugares".
"A su vez que las condiciones de higiene son muy malas en general, y que alrededor de cuatro mil privados de libertad se encuentran recluidos en recintos con problemas de mantenimiento, higiene, saneamiento", agregó el comisionado parlamentario.
En este sentido, el ministerio aclaró que "muchas veces los kits de higiene y colchones que se les entrega a los privados de libertad son utilizados como moneda de cambio o para iniciar focos ígneos".
En este punto la justicia dio lugar al reclamo de Sitrapen, por lo que el área de Arquitectura del INR tendrá 90 días para informar sobre las carencias edilicias del centro penitenciario. El juez solicitó que se enfatice "en qué sectores de cada módulo tienen dificultades para el acceso al agua corriente, saneamiento, problemas eléctricos, con malas condiciones de habitabilidad".
También exigió que la cartera realice "un plan de obras" para "mejorar las condiciones de habitabilidad" de la cárcel, "iniciando por los módulos 3, 4, 8, 10 y 11".
