La propuesta de reducir la cantidad de departamentos del país del senador frenteamplista Nicolás Viera generó la rápida oposición de varios intendentes, que calificaron de “cortina de humo” y “pelotazo” la iniciativa.

La idea, adelantada en Todo un tema (en el streaming de El Observador), apunta a eliminar las 19 intendencias y juntas departamentales y crear en su lugar “8 o 9” regiones, con poderes ejecutivos y legislativos. El legislador considera “ilógico” que existan 19 departamentos en un territorio que se recorre “en seis horas” y considera que en las intendencias y juntas hay una “sangría de gasto público”.

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El Observador consultó a seis intendentes y todos se distanciaron de la propuesta, entre ellos el frenteamplista Daniel Ximénez (Lavalleja) y el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso (Florida).

Tanto los blancos Nicolás Olivera (Paysandú), Emiliano Soravilla (Artigas), Felipe Algorta (Durazno) y Enciso, como el colorado Richard Sander (Rivera) y el frenteamplista Ximénez coincidieron en que se trata de una propuesta que no se puede llevar adelante y que se opone a la idea de descentralización que impulsan los gobiernos nacionales en los últimos periodos.

“Si la idea es achicar el Estado hay varios organismos antes que pensar en las intendencias”, dijo Soravilla, que consideró “totalmente utópico” que su departamento pueda unirse, por ejemplo, a Salto o Rivera. “Nadie estaría de acuerdo con eso”, aseguró.

“Llama la atención de un senador que es del interior y además del Frente Amplio, que se supone llevan la bandera de la descentralización”, criticó Soravilla. Viera es coloniense y, de hecho, en las últimas elecciones fue candidato por el FA a presidir la comuna. El intendente de su departamento, el blanco Guillermo Rodríguez, prefirió no hacer declaraciones.

Los cinco intendentes de la coalición consideraron que la propuesta de Viera surge del “desconocimiento” del funcionamiento de las intendencias.

“¡Decir cosas sin conocer la realidad en profundidad es un error! Me parece que el Estado debe ajustar cosas. Las intendencias le resolvemos un montón de problemas y para eso recibimos solamente el 3.33% del Presupuesto Nacional”, consideró el colorado Sander.

Consultado sobre cómo reaccionarían los riverenses a tener que anexarse a otro departamento, como Tacuarembó, Artigas o Cerro Largo, respondió: “¡Imaginate plantearle eso a la gente!".

“Una agenda de mentira”

Olivera se mostró “decepcionado de la calidad del debate público”, de las “prioridades de quienes esgrimen representatividad de la gente y del pedestal en que se ponen algunos”.

“¿En qué nómina de problemas de la gente aparece alterar el sistema de representatividad de los 19 departamentos? Los problemas de verdad son el laburo, las empresas que no pueden mejorar su competitividad, la seguridad… esos son los problemas de verdad. Frente a esa agenda, hay una agenda de mentira, una agenda irreal”, lanzó.

El blanco consideró “absolutamente centralista y regresiva” la propuesta.

Consultado sobre cómo tomarían los habitantes de su departamento una anexión a Salto o Río Negro, Olivera respondió que "conspiraría contra el sentido de pertenencia e identidad”. Términos similares utilizó Enciso: “Hay identidad histórica, pertenencia, generaciones y generaciones que vivieron en el departamento y de un plumazo quieren borrar esas identidades culturales, deportivas, etc".

El presidente del Congreso de Intendentes consideró que la propuesta "no es seria" y que, en realidad, se trata de una “cortina de humo para desviar el foco de los problemas del país”.

“El gasto del Estado es ínfimo a nivel de las intendencias en comparación con el estado en general. Para debatir en serio hay que ir a los números, el presupuesto de las intendencias es muy, muy menor. Si le preocupa el gasto del Estado, apuntaría a la gestión del propio Poder Ejecutivo”, lanzó.

Consultado si el Congreso de Intendentes tomaría alguna decisión al respecto de esta propuesta, dijo: “Tal vez amerite en la próxima mesa ver qué opinan los del Frente Amplio. Esto es la opinión de un solo senador. ¿Qué dice el Frente que en su momento propugnó por la descentralización? Estimo que no debe tener mayor apoyo".

¿Y cuál es la opinión de los intendentes del Frente Amplio? El Observador intentó sin éxito contactarse con Francisco Legnani (Canelones), Guillermo Levratto (Río Negro) y Mario Bergara (Montevideo). Quien sí expresó su opinión fue el serrano Ximénez, que consideró que “no hay voluntad política” para que se concrete la propuesta.

“Bienvenidas sean las propuestas para mejorar la eficacia del Estado, pero yo creo que es muy difícil llevar adelante esa idea teniendo en cuenta la coyuntura política del bipartidismo. Empezaría por otras cosas importantes donde se puede conseguir el consenso político”, dijo.

Además, reconoció que la idea “va a contramano de la descentralización”.

Consultado sobre cómo se tomarían los serranos su anexión a Maldonado, Rocha o Florida, Ximénez consideró: “Somos un departamento muy conservador. Es difícil instalarlo en la población. El ciudadano actualmente prioriza otras cosas, el trabajo, la salud, la seguridad, el acceso a la vivienda”.

"Pelotazo"

Algorta, por su parte, tildó la propuesta de “pelotazo para salir un rato en la prensa”. “También podría haber propuesto bajar el número de legisladores, pero como allí su partido es mayoría no lo dice. No hay ninguna propuesta seria de fondo”, consideró el nacionalista.

Consultado si no se reduciría, efectivamente, el costo del Estado, Algorta reiteró que las comunas destinan “un gran porcentaje del dinero” a “llenar vacíos” que dejan los organismos nacionales.

De todas formas, Algorta sí planteó una alternativa: “Imagino, en todo caso, que podamos regionalizar los ministerios, la ANEP, ASSE, OSE, y que entre los cuatro departamentos (Flores, Florida, Tacuarembó) podamos manejar mejor los recursos”.

Proceso legal

Sobre el trámite necesario, el constitucionalista Daniel Ochs explicó a que el artículo 85, numeral 9, de la Constitución habilita expresamente a los legisladores a crear nuevos departamentos. Sin embargo, la ley debe ser aprobada por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, "el quórum más exigente".

Para Ochs el proceso implica, a su vez, "una cantidad de problemas a administrar": se crearía una nueva persona jurídica que sucede a otras que desaparecen, y habría que resolver qué pasa con los funcionarios y con los derechos adquiridos por los decretos departamentales vigentes hasta entonces.

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