El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió tres de los expedientes de mayor exposición pública que tenía a estudio: las denuncias sobre las declaraciones juradas del exrector de la Universidad de la República y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo (OPP), Rodrigo Arim, la atinente al presunto nepotismo en designaciones de la Intendencia de Lavalleja, y la que implicaba a Alejandra Koch, exdirectora de la Administración Nacional de Puertos (ANP), por haberle asignado funciones a su esposo.
El saldo fue de dos archivos, ambos sobre administraciones del Frente Amplio en funciones, y un solo pronunciamiento condenatorio: el que recae sobre la única de las involucradas que ya no ocupa cargo alguno en el Estado (Koch).
Arim: archivo por mayoría
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva luego del Consejo de Ministros el miércoles 27 de mayo
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La denuncia contra Arim, presentada en junio de 2025, señalaba presuntas omisiones e inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes e ingresos. La mayoría oficialista del Directorio —la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti— resolvió archivarla.
El vocal Luis Calabria, representante del Partido Nacional, se abstuvo y fundamentó que no podía acompañar el archivo con los fundamentos de la mayoría.
La Asesoría Letrada del organismo también había recomendado archivar, pero por razones muy distintas.
Su informe final dio por aclarados algunos puntos de la denuncia, pero sobre las rentas de un inmueble en el balneario Solís —un bien ganancial cuya renta figuraba íntegramente a nombre de la cónyuge— afirmó que “le asiste razón al denunciante”.
Sobre las discordancias en la valuación de bienes y de un vehículo, sostuvo que no eran “meros errores de tipeo o formalidades inocuas” y que “alteran sustancialmente la fidelidad y autosuficiencia que la norma exige a las Declaraciones Juradas”. Y concluyó que “la acumulación de indicios habría justificado la apertura de una investigación formal” bajo el artículo 17 de la Ley N.º 17.060.
Aún así aconsejó el archivo en ese punto por “la imposibilidad procesal de dar trámite a actuaciones afectadas de nulidad”.
Según el mismo informe, el expediente quedó viciado: se apartó del trámite previsto y se accedió a datos reservados de las declaraciones —números de padrón, matrículas, ubicaciones— sin la resolución que la ley exige. Según consta en actas, ese acceso fue promovido por el propio vicepresidente Asti, con la conformidad de la presidenta, a través de un análisis patrimonial que una funcionaria le remitió directamente, fuera del expediente, mientras corría la vista al denunciado.
En ese sentido, Calabria se abstuvo y sostuvo que los vicios que impidieron investigar no provinieron de errores de funcionarios subalternos, sino “de una secuencia impulsada por la mayoría del directorio”. “Al acudir a vías informales, la mayoría creó el impedimento procesal que (…) impide hoy continuar aquello que, según el mismo informe, presentaba indicios suficientes para justificar una investigación”, sostuvo, según las actas del organismo.
Al tiempo que la asesoría cerraba el expediente por un problema de forma dejando en pie los indicios, la mayoría lo cerró dando por aclarado el fondo del asunto. Calabria coincidió en que ese expediente no podía seguir adelante, pero se negó a acompañar un archivo que “formula conclusiones sustantivas que presentan como inexistentes o insuficientes elementos que el propio informe técnico consideró aptos para justificar una investigación formal”.
Asti contra la Asesoría Letrada
El vicepresidente Asti acompañó el archivo, pero dejó constancia de sus “diferencias con el informe jurídico”. Calificó de “temeraria” la hipótesis del informe original sobre una posible intención de alterar el patrimonio de los cónyuges; reprochó que “se sigue argumentando en exceso” sobre la renta del inmueble, un hecho que consideró “de escasa entidad”; tildó de “error conceptual” el razonamiento de la asesoría sobre el acceso a los datos reservados, y afirmó que la respuesta de Arim “desvirtúa totalmente la presunción inicial del informe jurídico de la Asesoría de Jutep”.
En su constancia, Calabria señaló que con ese reproche “la objeción se desplazó del contenido del asesoramiento hacia la independencia con que la asesoría lo emite”, y pidió que el Directorio reafirme el respeto por la independencia técnica de sus funcionarios y que las discrepancias se resuelvan “por vías formales y no por descalificaciones públicas o circuitos paralelos”.
La presidenta Ferraris, por su parte, sostuvo que “no corresponde en absoluto hablar de nulidad” y que declararla sería incurrir en “formalismos exasperantes”, apartándose también en este punto de la conclusión de la asesoría.
Koch: un pronunciamiento sin consecuencias
El único pronunciamiento sancionatorio de la jornada recayó sobre Alejandra Koch. En ese caso la Jutep declaró que incurrió en una violación a la prohibición absoluta de intervenir en asuntos con conflicto de intereses, al no excusarse de participar en la sesión del Directorio de la ANP que asignó funciones a su esposo, con afectación del principio de probidad “en su dimensión de apariencia de rectitud”.
La resolución llegó dieciséis meses después de presentada la denuncia, cuando Koch ya había renunciado a su cargo y se había acogido a la jubilación.
Así lo consignó el propio Asti, quien, aun “compartiendo el dictamen punitivo a la exdirectora”, se ocupó de relativizarlo: señaló que la situación “fue rápidamente corregida”, que “no tuvo efectos para la administración” y que el aumento salarial del cónyuge fue de un 3 % “que nunca llegó a percibir”. También aquí el vicepresidente objetó el informe de la asesoría, al que reprochó haber omitido datos.
El archivo de la denuncia de nepotismo en Lavalleja
En la misma sesión, la Jutep archivó la denuncia de la edil Carol Aviaga que cuestionaba la designación de tres directores en la Intendencia de Lavalleja, gobernada por el Frente Amplio, vinculados a Arianna Bentos de Mazzoni, secretaria general e intendenta interina en varias oportunidades durante las licencias del intendente Daniel Ximénez. El Directorio resolvió archivarla por entender que no existía dependencia directa ni parentesco dentro de los grados prohibidos.
