La situación se repite cada verano: los turistas protestan, suben fotos en redes sociales, reclaman ante edificios, llaman a la Intendencia o a Prefectura. Llegan inspectores, sacan los implementos y al rato de que se van las sombrillas vuelven a la primera línea de la franja costera.

Registrate gratis y seguí navegando

¿Ya estás registrado?

Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes

Suscribite

Cada mañana, desde mediados de diciembre, empleados de torres y edificios ubicados frente a la playa bajan a la arena con sombrillas y sillas, que colocan en la primera línea frente al agua. Desde antes de las 9 de la mañana, con la playa semivacía, la orilla está tupida de sombrillas y sillas sin gente.

más Noticias

Si uno reclama ante quienes colocan, en general la respuesta es que ellos recibieron instrucciones del complejo. Entonces el turista madrugador termina ubicándose detrás de sillas y sombrillas vacías, a la espera que llegue alguien que se aloja en una torre y la ocupe cuando tenga ganas de hacerlo.

En 2022, se aprobó una reglamentación que estableció que podían instalar hasta tres sombrillones y seis reposeras a una distancia no inferior a los 10 metros de la línea de la rompiente de la ola. Para la colocación de esos implementos el edificio, hotel o complejo debía estar previamente identificado.

Si bien en los hechos la reglamentación existe, está lejos de cumplirse. Por eso, esta semana la Junta Departamental de Maldonado, con el apoyo de todos los partidos políticos, aprobó una reglamentación que endurece los controles y fija normas más estrictas para la colocación de implementos en la franja costera.

Qué dice la resolución

El proyecto aprobado por la Junta Departamental al que accedió El Observador se titula “Regulación de los servicios de playa prestados por edificios, hoteles y complejos inmobiliarios” y busca evitar “una suerte de privatización de hecho de las playas, producto de la superpoblación de sombrillas, reposeras” por parte de distintos edificios, complejos habitacionales y hoteles.

“En los últimos años dada la cantidad de Edificios nuevos, así como la cantidad de usuarios de estos, la mayoría de la primera línea de la franja costera se ocupa reservando lugares en tempranas horas de la mañana con sombrillas y sillas, que, sin ser usadas inmediatamente, impiden a quien concurre a la playa ubicarse con libertad e igualdad de condiciones en un lugar de uso público”, señala el documento.

La propuesta aprobada tiene varios cometidos: separar la situación de empresas privadas del uso individual, ordenar la fiscalización, dar mayor precisión al régimen de sanciones y establecer que cualquier eventual tasa por el uso especial del espacio público deberá ser determinada expresamente, con sus elementos esenciales claramente definidos.

La iniciativa consta de 11 artículos, en los que se fijan las condiciones de uso, se determinan distancias, colocación de depósitos y uso de vehículos, entre otras disposiciones.

Por ejemplo, en el artículo 1° se señala que el decreto busca regular el uso de sombrillas, reposeras, tumbonas y otros implementos “destinados a la prestación de servicios de playa por parte de edificios, hoteles, complejos inmobiliarios, administraciones de propiedades y terceros que actúen por cuenta de estos”. La medida no alcanza a turistas particulares.

La Intendencia solo podrá otorgar un único permiso por edificio o bloque en una sola ubicación.

El artículo 2° prohíbe “a los sujetos comprendidos en el artículo anterior instalar o armar sillas, sombrillas, reposeras y demás implementos con la finalidad de reservar espacios de playa para usuarios que no se encuentren presentes”. Esos implementos “deberán instalarse a medida que los usuarios arriben a la playa y retirarse o desarmarse una vez que estos abandonen el lugar”.

“Los servicios de playa comprendidos en el presente decreto no podrán instalar sillas, sombrillas, reposeras, tumbonas ni otros implementos dentro de los primeros diez metros contados desde la rompiente de las olas. Las medidas de las sombrillas no podrán sobrepasar los 2,50 metros de diámetro”, consigna el decreto en el artículo 3°

Según el decreto, la Intendencia “podrá habilitar el uso de camastros, sillas y/o reposeras, según las dimensiones de la franja costera, las infraestructuras existentes o permisos ya otorgados” y “los responsables de los servicios de playa deberán cumplir las indicaciones impartidas por funcionarios competentes en ejercicio de sus funciones”.

Los paradores y concesionarios deberán ser debidamente autorizados y tendrán que respetar los espacios correspondientes de acuerdo a las licitaciones vigentes. Además, ninguno de los prestadores podrá construir infraestructuras para guardar los materiales, salvo autorización expresa. “Los implementos podrán permanecer durante el día, desarmados y agrupados, en los lugares expresamente habilitados, sin obstaculizar la circulación de personas ni afectar el cordón dunar. Todos los implementos deberán retirarse al finalizar la jornada, antes de la caída del sol”, consigna el decreto.

En ese sentido, se señala que la Intendencia en coordinación con los municipios “podrán determinar los lugares destinados al depósito diurno de implementos de los servicios de playa comprendidos en el presente decreto”, que deberán ubicarse “preferentemente en los sectores más alejados de la orilla, respetando las pasarelas, accesos públicos, el cordón dunar y la libre circulación”.

Al igual que ocurrió en 2022, la normativa fija normas para la circulación de vehículos. Ahora se establece que “en ningún caso se podrá ingresar o transitar con vehículos en las playas”.

Por otra parte, hay un artículo vinculado a la “publicidad e identificación” de sombrillas y reposeras, que señala lo siguiente: “los implementos utilizados por los servicios de playa comprendidos en este decreto no podrán contener publicidad comercial ajena al edificio, hotel o complejo al cual pertenezcan, salvo autorización expresa”.

La Intendencia y los municipios serán los encargados de fiscalizar las disposiciones aprobadas y fijar las sanciones correspondientes para cada caso.

Un trabajo en conjunto

La propuesta inicial que se aprobó pasada la medianoche del lunes 16 aprobó por unanimidad, fue impulsada por el edil frenteamplista Leonardo Pereira e incorporó cambios de Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre, pertenecientes al Partido Nacional.

Al presentar la iniciativa, el edil Chalar dijo que la modificación a la norma aprobada en 2022 busca “garantizar dos preocupaciones legítimas”. “Por un lado impedir que determinados servicios privados ocupen espacios de playa que pertenecen a todos y al mismo tiempo lograr el disfrute que concurren de manera particular”, dijo el representante nacionalista.

“La playa no es de nadie y es de todos. Se están tutelando dos situaciones diferentes: por un lado, el uso de servicios de playas y el uso individual de los ciudadanos. La normativa apunta a la fiscalización y a dar mayor precisión al régimen de infracciones y sanciones. Lo que pretende es regular una actividad específica sin restringir los derechos generales de los ciudadanos”, añadió.

“La playa es de todos”, concluyó el representante nacionalista.

A su turno, el edil frenteamplista Javier Ramírez explicó que, ante la ausencia de Pereira, impulsor de la nueva normativa, dijo que los cambios aprobados son una prueba de “la madurez” de los distintos grupos políticos.

Su colega de bancada, Juan Urdangaray, recordó que ya existía una normativa “que quedó vieja”. “Uno de los grandes problemas que tenía es la fiscalización. Es ahí donde estamos fallando. Es necesario actualizar la normativa y la fiscalización de las playas, sobre todo en algunos lugares puntuales”, explicó.

Según Urdangaray, “se puede crear la mejor normativa del mundo” pero es necesario que la Intendencia lleve adelante una fiscalización intensa, con mayores controles en las playas del departamento.

Temas:

playa verano Punta del Este Maldonado

Seguí leyendo