En mayo, el periodista había solicitado información sobre aviones, pilotos, tripulantes y pasajeros de los vuelos realizados hacia y desde Argentina por el Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) entre 1974 y 1978.
El Ministerio de Defensa le respondió que la información disponible ya se la había entregado en un pedido de acceso a la información realizado un año antes.
Rodríguez apeló la resolución en la justicia y el juez Martínez Las Heras le dio la razón.
“Es claro que la documentación sobre aeronaves, vuelos, recorridos y personal del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) refiere a la actividad que cumplió una dependencia estatal, sobre la que pesaba el deber de generación y resguardo. La Administración no puede escudarse en la ausencia de registros que ella misma debía producir y conservar, ya que nadie, y menos el propio Estado puede derivar un beneficio jurídico de su propia omisión“, afirma la sentencia.
El juez condenó al Ministerio de Defensa Nacional a brindar la información en un plazo de diez días corridos e ininterrumpidos.
Lazo dijo a El Observador que decidió no apelar el fallo y, en cambio, pedir a las dependencias oficiales involucradas que extremen sus esfuerzos por presentar los datos.
Artículo 12 es un colectivo de investigación que realiza solicitudes de acceso a la información pública sobre las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Además de Rodríguez lo integran la exdiputada Macarena Gelman y los también periodistas Marcelo Falca y Gabriel Mazzarovich.
Según escribió Rodríguez en su cuenta de Facebook, no solo la Fuerza Aérea tiene información sobre estos vuelos: “Los vuelos de TAMU y Pluna a Argentina exigían un protocolo de permisos de sobrevuelo y de registro de Aduanas que entonces se iniciaban por telex y/o a través de la embajada de Uruguay en Buenos Aires, en cuyos archivos se hallaron copias de esas solicitudes realizadas por la Fuerza Aérea Uruguaya donde consta la fecha, el avión y el piloto al mando. Esos telex existen hoy en archivos militares”.
Libros desaparecidos
La Fuerza Aérea tiene un largo historial de pérdida de documentación oficial.
En agosto de 2019, y ante un pedido de acceso a la información pública realizado por este periodista, el entones comandante de la Fuerza Aérea, el general del aire Hugo Marenco, respondió que la institución ya no tenía los libros de vuelo clave.
Aquel pedido de acceso a la información pública se presentó luego de que un exintegrante de la Fuerza Aérea relatara haber sido testigo en 1978 del aterrizaje de un vuelo con decenas de prisioneros que aún no ha sido admitido oficialmente.
A diferencia de los ya reconocidos primer y segundo vuelo, ocurridos en 1976, el “tercer vuelo” habría sido realizado entre abril y junio de 1978, en un Fairchild del Grupo 4 de la FAU, que habría aterrizado en la pista de la Base Aérea 1, contigua al aeropuerto de Carrasco.
La misma fuente militar había relatado entonces que también fue testigo de otro vuelo internacional en 1978, en el cual se trajo a Uruguay a un único prisionero en un avión Bandeirante, perteneciente al Grupo 6.
Para comprobar estas denuncias, El Observador solicitó acceso a los libros de vuelo de sus grupos 3, 4 y 6, entre 1976 y 1979. La respuesta llegó el 15 de junio de 2019 con la firma de Marenco: “No se poseen registros sobre actividad de grupos 3, 4 y 6 de la Fuerza Aérea Uruguaya, entre los años 1976 y 1979”.
En diciembre de 2019, el abogado Carlos Bustamante hizo otro pedido de acceso a la información pública tendiente a obtener otros documentos oficiales de la Fuerza Aérea.
La institución le respondió en marzo de 2020 que tampoco los tenía.
Bustamente había pedido el libro de sanciones a los oficiales de la Escuela Técnica de Aeronáutica de 1972, la carpeta individual de vuelos del coronel Enrique Ribero, el libro de vuelos de la Unidad de Servicios Capitán Boiso Lanza de 1976, el libro de vuelos del Grupo 3 de la Fuerza Aérea de 1976, y el “listado de guardia” de la unidad Boiso Lanza de los meses de mayo y junio de 1976.
Cuando no le dieron los documentos, también extraviados, Bustamante publicó una solicitada en la prensa: “Los libros de vuelo y otros documentos, los destruyeron o los ocultaron. Sé dónde estaban, quién los retiró, quién los devolvió y quién firmó el recibo”.
Bustamante pedía esos documentos para intentar probar la inocencia de su defendido, coronel Ribero condenado por la muerte de Ubagesner Chaves en la base de Boiso Lanza, en 1976.
Según ha dicho el propio Ribeiro, en el asesinato y desaparición de Chaves están involucrados otros oficiales aún impunes.
Segundo vuelo
La falta de documentación ha imposibilitado averiguar qué ocurrió con los uruguayos detenidos en Argentina y hoy desaparecidos.
La Fuerza Aérea Uruguaya admitió en 2005 la existencia de llamado “segundo vuelo” en un informe elevado al presidente Tabaré Vázquez, aunque manifestó desconocer “la identidad y cantidad de pasajeros”.
Buena parte de los uruguayos detenidos en Argentina y hasta hoy desaparecidos, podrían haber sido trasladados a Uruguay en ese vuelo. Poco antes, el primer vuelo había traído a otra tanda de uruguayos capturados en Argentina que sobrevivieron tras acordar con el entonces teniente coronel José Gavazzo, integrante del Servicio de Información y Defensa (SID), el ser presentados ante la prensa como un grupo guerrillero que pretendía invadir el país.
Según la información dada al presidente Vázquez, el viaje ocurrió el 5 de octubre de 1976, partió de Aeroparque y aterrizó en la plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.
El vuelo fue ordenado por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del SID, que se habría encargado de todo, menos de pilotear el avión.
El informe estaba firmado por el entonces comandante Enrique Bonelli, quien en todas sus comparecencias judiciales y periodísticas desde entonces se ha reafirmado en aquella declaración.
El juez Luis Charles instruyó el caso del segundo vuelo junto a la fiscal Mirtha Guianze.
Bonelli declaró el 2 de mayo de 2007. Relató que él había sido el piloto del “primer vuelo” –el de los que sobrevivieron para hacerlos pasar como guerrilleros invasores– y reafirmó que también existió “otro vuelo”.
Sobre el primer vuelo que él mismo piloteó, relató: “Nos dijeron ‘ustedes se quedan en la cabina, es una misión secreta’. Estuvimos creo que una hora o más, cuando llegaron las personas entraron por atrás, no sé cuántas eran. Veía las cosas de los pasajeros, no sé quién las traía”.
“Volvimos a Carrasco, allí alguien nos esperaba, no recuerdo quién. Se llevaron a los pasajeros por atrás”, agregó y dijo no recordar quién recogió a los pasajeros tras el aterrizaje.
Sobre el “segundo vuelo” manifestó: “Llegué a la convicción personal de que había existido (...) Fue un vuelo nocturno. A la tripulación se le dijo al momento de decolar cuál era el destino, y la razón, que había detenidos uruguayos que sus vidas corrían riesgo. Fueron características similares al primer vuelo. Por lo que pude determinar fue el 5 de octubre de 1976”.
Confirmó que el avión fue un C-47 y que personal del SID recibió a los pasajeros trasladados.
Walter Pintos, el oficial que habría sido piloto del segundo vuelo según informaciones que ha obtenido Roger Rodríguez, también declaró ante la Justicia. Admitió que el 5 de octubre de 1976 hizo un vuelo desde Buenos Aires, pero sostuvo que fue diurno.
El abogado Gonzalo Fernández, entonces secretario de la Presidencia, declaró el 8 de mayo de 2007 y relató lo que le había dicho el entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz.
“Me dijo que (a) las personas trasladadas (en ese vuelo) se las habría trasladado al Batallón 14 y recuerdo que se hablaba entonces de una fosa común. El equipo de Facultad de Humanidades estuvo buscando restos, pero no los encontraron. El general Díaz no logró establecer la nómina de las personas trasladadas, es todo lo que sé”.
“Díaz me puntualizó después de esas declaraciones que la operación era del SID que no dependía jerárquicamente del Ejército sino del Ministerio de Defensa Nacional”, agregó.
Otras fuentes militares también han dado como un hecho el “segundo vuelo”.
En el Tribunal de Honor donde Gavazzo admitió haber tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, y cuyas actas habían sido ocultadas a la Justicia y a la opinión pública, el coronel retirado Jorge Silveira también dio como un hecho el segundo vuelo.
El general Guido Manini Ríos también lo hizo cuando era comandante del Ejército, en una entrevista con el portal Ecos el 1° de febrero de 2018. En esa oportunidad se refirió al “segundo vuelo” como uno de “los casos más injustificables de la dictadura” y lo adjudicó al SID.
