La comparecencia se produjo en momentos en que dirigentes nacionalistas, como el diputado Federico Casaretto, reclaman la renuncia de la ministra, de acuerdo a lo informado en primera instancia por El País. Mientras tanto, los senadores blancos Martín Lema y Carlos Camy promovieron una nueva convocatoria para profundizar en las explicaciones sobre la actuación del Ministerio de Salud Pública (MSP).
La defensa de la ministra
Lustemberg insistió en que compartió el fondo de la resolución que responsabilizó a Miralles por los apartamientos detectados durante la intervención quirúrgica, y remarcó que nunca cuestionó la actuación técnica de la Comisión de Salud Pública.
Según explicó, la decisión de reducir la sanción no implicó modificar la responsabilidad atribuida a la anestesista ni eliminar la inhabilitación profesional.
"La resolución comparte la decisión de la Comisión en cuanto al fondo", sostuvo la ministra, quien añadió que la reducción del plazo respondió a criterios de "discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la sanción", y no a una valoración diferente de los hechos.
En ese sentido, argumentó que existen antecedentes administrativos y judiciales en los que sanciones vinculadas a hechos graves o incluso fallecimientos terminaron derivando en inhabilitaciones menores a las inicialmente propuestas por órganos técnicos.
"No hubo intención de favorecer a Miralles"
Durante su comparecencia, la ministra insistió en que la resolución adoptada por el Ministerio de Salud Pública no modificó las conclusiones de fondo de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que atribuyó responsabilidad a la anestesista por distintos apartamientos de la práctica médica durante la cirugía.
"La resolución comparte la decisión de la Comisión en cuanto al fondo: es decir atribuir responsabilidad a la Dra. Inés Miralles respecto a los apartamientos constatados", afirmó.
Según explicó, la reducción de la inhabilitación de cinco a tres años respondió exclusivamente a criterios jurídicos vinculados a la proporcionalidad de la sanción.
"Los aspectos por los cuales se entendió que debía abatirse el quantum sancionatorio se refirieron fundamentalmente a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción. Es decir, fundamentos de tipo jurídico y no del fondo del asunto", sostuvo.
Gabriel Oddone y Cristina Lustemberg
Gabriel Oddone y Cristina Lustemberg en la Comisión Permanente el 7 de enero
Foto: Gastón Britos / FocoUy
La ministra también negó enfáticamente cualquier tipo de trato preferencial hacia Miralles. "No hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la Dra. Inés Miralles", afirmó. "No conozco a la Dra. Inés Miralles, no tengo vínculo ninguno con ella", agregó.
Además, Lustemberg cuestionó que se atribuyan motivaciones ajenas a la resolución administrativa. "Que se pueda cuestionar una decisión en el marco de la discrecionalidad que tiene todo jerarca a la hora de tomarla, lo entiendo, pero que eso pueda llevar a poner en duda los valores de toda una vida dedicada a la actividad pública, jamás lo podré entender y mucho menos aceptar", manifestó.
"Había otras responsabilidades que no fueron analizadas"
Otro de los puntos que destacó la secretaria de Estado fue que la investigación administrativa terminó enfocándose únicamente en la actuación de Miralles. "No es menor que en este caso únicamente estuvo a consideración de la Comisión el caso de la Dra. Inés Miralles, sin analizar otras responsabilidades, que resultan evidentes solo del cotejo de los antecedentes administrativos", señaló.
Lustemberg sostuvo además que el caso dejó en evidencia problemas estructurales en los mecanismos de control del sistema sanitario y cuestionó la falta de herramientas de la Comisión Honoraria de Salud Pública para actuar preventivamente. "¿Cómo puede ser que la Comisión de Salud Pública no tenga potestades, por ejemplo, para disponer una inhabilitación preventiva?", preguntó.
Por otra parte, cuestionó que "no puede ser que los prestadores no comiencen de manera inmediata una investigación interna cuando ocurre un evento de estas características".
Qué había dicho Miralles sobre el caso
La comparecencia de Lustemberg se produjo pocas semanas después de que Inés Miralles rompiera el silencio públicamente y negara haber sido la responsable de la muerte de Soledad Barrera.
Entrevistada por Informativo Carve (850 AM) el pasado 26 de mayo, la anestesista había afirmado que no comparte las conclusiones a las que arribaron la Comisión Honoraria de Salud Pública y la investigación administrativa.
"Creo que no fui yo y que varios tenemos identificados a los responsables, pero no hay pruebas; así como no hay pruebas para inculparme a mí", sostuvo entonces.
Miralles también rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta cercanía con la ministra de Salud Pública. "Yo no tengo ningún tipo de contacto con la ministra y mi hermana tampoco", aseguró.
Durante esa entrevista, la profesional defendió su actuación durante la intervención quirúrgica realizada a Soledad Barrera en octubre de 2023, cuestionó algunas de las conclusiones de la Comisión Honoraria de Salud Pública y negó que la paciente hubiera sufrido una hipoxia durante el procedimiento.
Además, rechazó las versiones sobre un eventual consumo problemático de fentanilo. "Para nada tengo un problema", respondió al ser consultada sobre ese punto.
Miralles fue condenada en diciembre de 2025 mediante un proceso abreviado por homicidio culposo, recibiendo una pena de 24 meses de prisión bajo medidas sustitutivas y una inhabilitación para ejercer la medicina por el mismo período. Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública confirmó la sanción administrativa impuesta por la Comisión Honoraria de Salud Pública, aunque redujo el plazo de inhabilitación de cinco a tres años, decisión que derivó en la renuncia de 11 de los 13 integrantes del organismo asesor y en una fuerte controversia política.
Las fallas que reveló el caso y la presión de la oposición
Más allá de la controversia por la sanción, Lustemberg afirmó que el caso dejó al descubierto problemas estructurales en los mecanismos de control del sistema de salud.
"La falla de los procedimientos, la omisión de control de quienes lo tienen que realizar, la desidia en investigar y sobre todo, la posibilidad de prevenir eventos como estos, cuando existían indicios que podía llegar a suceder", advirtió.
Entre otros aspectos, cuestionó que la Comisión de Salud Pública carezca de herramientas para disponer inhabilitaciones preventivas mientras se desarrollan las investigaciones. "El tema no se agota en la extensión de un plazo de inhabilitación. Es mucho más profundo y complejo que eso", sostuvo.
Según indicó, el MSP ya trabaja en cambios para fortalecer las capacidades de control y supervisión del organismo.
La comparecencia de este martes se produjo en un contexto de creciente presión política. El senador nacionalista Martín Lema sostuvo en los últimos días que el caso reviste una "enorme gravedad" y cuestionó especialmente que Salud Pública no respondiera en plazo a la demanda presentada por Miralles ante la Justicia Contencioso Administrativa.
