Integrantes del gobierno celebraron el fallo a favor de Uruguay en litigio multimillonario por Aratirí, que desestimó el recurso de anulación de la familia Agarwal, quienes reclamaba US$ 3.536 millones por el frustrado proyecto minero.
El Estado uruguayo obtuvo una victoria definitiva en lo que era el reclamo económico más grande en la historia del país. La sentencia del tribunal parisino no solo ratifica la vigencia y el carácter de "cosa juzgada" del laudo original dictado hace seis años por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, sino que además despeja el camino para que el Estado uruguayo avance en Francia en el cobro de US$ 4.097.149 que los demandantes le adeudan por concepto de costas de aquel proceso arbitral.
A esa cifra se suma ahora una nueva condena contra los inversores para que abonen 300.000 euros adicionales por los gastos judiciales generados durante esta instancia de anulación.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien estuvo al frente de la estrategia jurídica del gobierno, dará una conferencia de prensa por el tema este jueves. Pero en sus redes sociales adelantó que el fallo es "otra victoria para el Uruguay".
"Desde que asumimos el gobierno trabajamos con mucha responsabilidad en este asunto, reformulando la estrategia jurídica y fortaleciendo el equipo de defensa del Estado. Hoy tenemos este resultado que nos llena de satisfacción", escribió Díaz en sus redes sociales.
"Defender los intereses del Uruguay y de los uruguayos siempre debe estar por encima de cualquier diferencia política menor", sentenció el jerarca de Presidencia de la República.
La batalla legal se remonta a 2017, cuando tres integrantes de la familia del fallecido magnate indio Pramod Agarwal (Vinita Agarwal, Prenay Agarwal y Ritika Mehta) iniciaron un arbitraje internacional contra Uruguay tras el naufragio del proyecto de extracción de hierro en la zona de Valentines, impulsado por la empresa Aratirí (subsidiaria de Zamin Ferrous).
El laudo de 2020 parecía definitivo, pero la familia Agarwal pidió la anulación. En febrero de 2023, la primera integración de la Corte de Apelaciones de París le dio un duro revés a Uruguay, cuya defensa estaba entonces encabezada por el prosecretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, y el estudio Foley Hoag.
El Estado uruguayo recurrió ante la Corte de Casación de Francia (el máximo tribunal judicial de ese país). El 2 de abril de 2025, se dictó una sentencia clave a favor de Uruguay. Casación anuló "en todos sus términos" el fallo de 2023, condenó a los empresarios a pagar 5.000 euros, dejó en suspenso el intento de los Agarwal de activar un segundo reclamo arbitral y devolvió el expediente al Tribunal de Apelación de París para que lo analizara nuevamente con una "composición diferente".
El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, fue otro de los dirigentes que celebró el fallo. "Los gobiernos del Frente Amplio se toman los arbitrajes internacionales con absoluta responsabilidad y profesionalismo. Cada vez que defendimos al Estado en tribunales internacionales, ganamos", aseguró.
"El único antecedente adverso ocurrió bajo una administración del Partido Nacional", añadió el senador. "Respetamos las reglas de juego, garantizamos la seguridad jurídica y defendemos con uñas y dientes los fondos de las y los uruguayos ante cualquier intento de atropello. Tal como lo haremos ahora también con el Caso Cardama", sentenció.
Por otra parte, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, cuestionó a militantes del Frente Amplio que festejaron el fallo. "Vean a este Frentista. Festeja la solución de un problema que el Frente Amplio metió al Uruguay", escribió el nacionalista en sus redes sociales.