La bancada del Partido Colorado resolvió pedir la postergación de la votación final de la Ley de Medios que tendría lugar este martes en Diputados, que como tercera cámara debe dar la aprobación definitiva a tapa cerrada a la redacción acordada semanas atrás en el Senado.
A iniciativa de Ciudadanos, la colectividad de Fructuoso Rivera lo comunicó a los socios este lunes, según informó El País y confirmó El Observador. El punto de discordia es el artículo 72 introducido como aditivo por Cabildo Abierto en el Senado, aceptado por los socios para destrabar una negociación que se extiende desde comienzos de la legislatura.
La bancada colorada resolvió encomendar este mediodía a la diputada de Ciudadanos, María Eugenia Roselló, a que transmitiera a los socios "la necesidad de postergar la votación para luego de las internas", según confirmó la propia dirigente a El Observador.
"Estamos considerando de forma negativa el artículo 72, y queremos postergar el tratamiento para ver si podemos llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a suceder, porque basta con que uno de los socios no esté de acuerdo para que no se trate el tema", contó Roselló. Según la diputada, el Partido Nacional ya transmitió que está de acuerdo con esa prórroga.
"El Partido Colorado no vota por razones de principios y el aplazamiento es debido a la espera de que el presidente (Luis Lacalle Pou) anuncie su veto al artículo 72", afirmó Roselló.
La coordinación de bancadas se juntará en la mañana del martes para definir el orden del día, y en ese ámbito se confirmará si el tema se retira de la agenda. Roselló adelantó a El Observador que "seguramente" se ingrese para la votación final el proyecto de ley de Financiamiento de Partidos Políticos, aprobado la semana pasada en el Senado y con varios puntos de contacto en las negociaciones con la ley de Medios.
El aditivo en cuestión de Cabildo Abierto es para garantizar el "derecho de los ciudadanos" a una "comunicación política" "imparcial", "seria", "plural y equilibrada" que "comprende a todos los programas y espacios" sobre temas de política.
El texto sostiene que los medios "tienen el deber de brindar" contenidos bajo estas condiciones, lo que ha sido rechazado por varias organizaciones y comunicadores como una eventual violación a la libertad de expresión.
