En la sesión, los integrantes de la comisión (Sebastián Sabini, Liliam Kechichian, Carlos Camy, Sergio Botana y el suplente colorado Felipe Schipani) coincidieron en la preocupación por el tema y respaldaron el espíritu de la iniciativa, aunque con matices sobre su instrumentación jurídica.
“La peor cancelación, que es echarlos”
Al presentar el texto en sala, Da Silva calificó de ”insólito” y “un absurdo” tener que legislar sobre el tema, pero afirmó que se volvió necesario ante “caprichos” institucionales que afectan tres aspectos: "la patria potestad de los padres, la libertad del gurí y la autoestima".
“Yo no creo que nadie le tenga que decir a un padre o a una madre de familia qué es lo que puede hacer con su hijo fuera del horario de educación formal, escolar o liceal”, sostuvo el legislador nacionalista, quien agregó que la problemática no solo ocurre en el rugby, sino también en disciplinas como el hockey, el handball, el fútbol femenino y el baby fútbol.
Da Silva destacó que mantuvo conversaciones con el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, quien le manifestó estar de acuerdo con la iniciativa. “Quiero destacar que el Codicen hizo lo que tenía que hacer, que es, básicamente, ponderar el fino equilibrio entre la libertad y la patria potestad, porque estamos hablando de menores. Sin embargo, hay por lo menos dos instituciones deportivas que no le hicieron caso y, en especial, una que no solo no le hizo caso, sino que a los que hicieron la denuncia de todo este proceso los echaron del colegio, no les renovaron la matrícula para el año siguiente”, cuestionó.
“Parece mentira que en momentos en que los gurises viven solos, conviven con los algoritmos y tienen falta de autoestima sea la dirección de algunos colegios la que les genere la peor cancelación, que es echarlos, literalmente”, sentenció el senador.
Propuesta de sanciones y retiro de habilitación
El respaldo más enfático provino del también senador nacionalista Sergio Botana y del colorado Felipe Schipani, quienes incluso propusieron endurecer el texto para prever sanciones sobre la habilitación de los colegios infractores.
“Para mí el tema es en blanco y negro. Todas las entidades educativas tienen obligaciones (...) pero todas tienen una obligación que es el respeto a la libertad. El muchacho tiene que ser libre para participar y representar al equipo de su institución o del que él quiera”, afirmó Botana.
“Ningún colegio puede discriminar a alguien por ser negro, por ser judío, por ser palestino y menos por ser jugador de Progreso. Y si el colegio, cualquiera sea, quiere tener ese vínculo y valora tanto el vínculo, bueno, que lo haga por motivación, pero no por obligación”, agregó el legislador, quien adelantó que vota “a dos manos” el proyecto: “Es más, cuestionaría la autorización para educar de los que violentan un principio de esta naturaleza. Animo al senador Da Silva a incluirlo en el proyecto de ley”.
En la misma línea, Schipani consideró que el proyecto “tiene un fundamento jurídico muy fuerte” amparado en el artículo 41 de la Constitución sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero sugirió ir más allá de la nulidad de las cláusulas: “Quizás habría que ajustar el texto para darle potestades sancionatorias a la ANEP, porque no basta con que, simplemente, cuando ocurran estas cosas se declaren nulas esas decisiones o cláusulas contractuales, sino que ante el incumplimiento reiterado puede haber algún tipo de revisión de la habilitación”.
El debate en el Frente Amplio: respaldo al espíritu y dudas jurídicas
Desde el oficialismo, el senador frenteamplista Sebastián Sabini manifestó de entrada su apoyo: “Primero destaco que comparto el espíritu del proyecto de ley. Más allá de que la resolución haya surgido de la ANEP en el sentido que decía el senador, debemos consultar su opinión preceptivamente, por el artículo 202 de la Constitución”.
Por su parte, la senadora Liliam Kechichian señaló que comparte la incomodidad ante la medida de los colegios, pero advirtió —en sintonía con planteos realizados por el senador blanco Carlos Camy— sobre la complejidad jurídica de regular el derecho de admisión en instituciones privadas.
“En principio, reacciono igual que el senador Da Silva porque no me gusta que alguien le diga a otro: ‘No podés estudiar acá porque querés jugar en el club de enfrente’. La verdad es que no me gusta. Sin embargo, no me parece tan fácil, institucionalmente, en una república, ir y decirle a una empresa privada —porque, en definitiva, muchos colegios lo son—: ‘Esto no lo puede hacer porque no lo dejo’”, expresó Kechichian.
La legisladora señaló que la Secretaría Nacional del Deporte está recabando asesoramiento jurídico sobre el tema y mencionó el argumento histórico de los colegios: “He hablado con gente de los colegios privados y ellos tienen un argumento que se remonta a los Andes y al Old Christians: el valor de que en una institución la gente también conviva en el ámbito del deporte y cómo eso conlleva a grupos humanos fuertes, sólidos”.
Ante ese planteo, Da Silva retrucó que en colegios tradicionales como el Stella Maris los alumnos eligen jugar en Old Christians por sentido de pertenencia y atracción deportiva sin necesidad de coacción, y afirmó que el problema actual se concentra en unas pocas instituciones que buscan imponerlo por la fuerza.
Pese a la intención de aprobar la iniciativa este año, los plazos legislativos son ajustados. Durante la sesión, el senador Camy advirtió que, dado que la comisión sesiona de forma ordinaria una vez por mes, queda una sola reunión regular en el calendario antes de fin de año. Para que el texto llegue a votarse antes del inicio del receso parlamentario —a mediados de diciembre—, la comisión deberá recibir en las próximas semanas las respuestas formales de la ANEP, la UdelaR y la UTEC, escuchar a la Secretaría Nacional del Deporte en la sesión de noviembre y, eventualmente, convocar a una sesión extraordinaria para laudar la redacción final. Si los informes de los entes autónomos o la negociación sobre las sanciones se extienden más allá de noviembre, la votación pasará para marzo de 2027.
Cómo sigue el caso
En una resolución de marzo, Secundaria reconoció el derecho de los estudiantes a elegir dónde practicar deporte, pero solo recomendó a las instituciones modificar sus reglamentaciones para garantizar ese derecho. Además le sugirió a Codicen crear un ámbito institucional de análisis y discusión sobre la regulación de las políticas deportivas en los centros educativos, con el objetivo de establecer criterios claros para situaciones análogas.
Tras el fallo de Secundaria, el caso pasó al Codicen, donde dos informes técnicos reforzaron la postura de las familias, solicitaron que el organismo se expidiera sobre el caso concreto y regulara explícitamente sobre el tema de aquí en adelante.
Los denunciantes reclaman que el Codicen dicte una orden vinculante hacia Woodlands. A su vez, solicitaron una audiencia con Caggiani.