Ambos colegios formaron un club, Lions, que compite en los torneos de la Unión de Rugby del Uruguay en juveniles y mayores.
Consultadas por El Observador, autoridades de Woodlands School señalaron que el colegio “se rige por políticas institucionales que se comunican de manera continua a las familias y se actualizan en coherencia con la evolución de su propuesta educativa”. Desde la institución enfatizaron que el deporte constituye “un pilar esencial de esta propuesta y de la formación integral de nuestros estudiantes: un espacio de aprendizaje que promueve el desarrollo personal, la convivencia y el sentido de pertenencia. En Woodlands School, el bienestar de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa orienta nuestras decisiones”.
Una decisión ambigua
En la resolución comunicada la semana pasada, Secundaria reconoce el derecho de los estudiantes a elegir dónde practicar deporte, pero solo recomienda a las instituciones modificar sus reglamentaciones para garantizar ese derecho. Además le sugiere a Codicen crear un ámbito institucional de análisis y discusión sobre la regulación de las políticas deportivas en los centros educativos, con el objetivo de establecer criterios claros para situaciones análogas.
La resolución es de marzo, pero las partes recién fueron informadas la semana pasada. En el medio, hubo otros trámites en la ANEP central, pese a ese pedido de Secundaria de expedirse en el caso concreto, y pese a que el propio organismo central creó un grupo de trabajo especial para analizar el tema.
El informe de Secundaria
La dirección de Secundaria llegó a esa conclusión ambigua que informó a las partes tras dos informes contrapuestos, incluidos en un expediente de 175 páginas al que accedió El Observador: el primero, de la división jurídica del organismo, que sostiene que los colegios tienen libertad de enseñanza consagrada en la Constitución.
El segundo informe, en sentido contrario, fue de la asesoría letrada de la dirección, que sostiene que la libertad de enseñanza de las instituciones privadas no constituye una potestad absoluta y que se debe tener en cuenta los “derechos fundamentales de los educandos”, para lo cual cita, entre otros documentos, la Convención de Derechos del Niño.
Luego de ese expediente de Secundaria, dos nuevos informes le dieron la razón a los padres: uno, un grupo de trabajo creado por Codicen, que recomendó un cambio en la reglamentación por la que se rigen los colegios privados a la hora de decidir la desvinculación de un alumno, y otro, un informe del director Ejecutivo de Políticas Educativas, Antonio Romano, que exige atender el interés superior del niño y sostiene que los colegios no pueden regular lo que los alumnos hacen en su actividad extracurricular.
El conflicto de fondo
El problema se remonta a mediados de 2025, cuando el colegio Woodlands informó a la familia de un alumno que no sería reinscripto en 2026, ya que el niño jugó un partido de rugby frente al colegio defendiendo al club al que concurría (Montevideo Cricket), pese a varias advertencias en contrario.
Eso motivó una denuncia ante Secundaria, de parte del abuelo del niño, en la que argumenta que la situación motivó que fuera discriminado y tratado de “traidor” por sus compañeros. La denuncia fue luego ratificada por los padres del niño, que pidieron mantener el anonimato del alumno para evitar más represalias en su contra. Otra segunda familia inició una denuncia similar.
Finalmente el primer niño siguió en la institución, aunque dejó de jugar en su club y no quiso jugar para el colegio.
La denuncia de los clubes
Paralelamente, en setiembre de 2025, ocho clubes de rugby enviaron una denuncia a la Unión de Rugby del Uruguay (URU) en la que exigían que los colegios cesaran en la prohibición. Adjuntaron un informe del constitucionalista Martin Risso, que argumentaba que la decisión de los colegios era inconstitucional porque violaba la libertad de elección de los niños, y además violaba la ley de deporte. La URU dijo que no tenía autoridad para intervenir.
En su defensa en el expediente, el asesor letrado de Woodlands, Felipe Vázquez, expresa: “No estamos ante 'disposiciones' autoritarias y/o unilaterales, tal como se quiere hacer creer, sino que se trata de una Propuesta Educativa integral e indivisible que no se aleja ni un ápice de la legalidad y que los padres de los alumnos al enviar a sus hijos al Colegio tácitamente aceptan en un todo la 'Propuesta Educativa' y en caso contrario tienen la libertad de optar por otro centro educativo que sí acepte los requerimientos de los padres”.
Luego agrega: “En el caso que nos convoca no estamos ante asuntos de higiene, moralidad, seguridad ni orden público (los motivos por los cuales la Constitución le da entrada al Estado a intervenir en la educación privada) por lo tanto esta Administración no tiene potestad de injerencia para continuar analizando este tema, debiendo procederse por lo tanto, a su inmediato archivo”. Además, acusa que detrás de la movida están los clubes de rugby que temen perder asociados por esta obligación de los colegios.
Giro jurídico en Secundaria
Inicialmente, el abogado de la División Jurídica de Secundaria, Bautista Duhagón, aconsejó archivar el caso al considerar que se trataba de una disputa extracurricular ajena a la competencia estatal:
“La potestad de las instituciones habilitadas a establecer criterios de admisión y permanencia de estudiantes está tácita y expresamente consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, potestad que deberá fundarse siempre en motivos objetivos y razonables definidos clara y previamente en normas 'de orden internos', debiendo ser aplicadas estas de manera objetiva y no discriminatoria, al finalizar el año lectivo”.
Tras ese primer dictamen, más de 60 familias presentaron formalmente una carta exigiendo la intervención estatal: “El deporte debe ser un espacio de libertad y diversidad. Cada niño y adolescente debería poder decidir dónde y cómo quiere desarrollarse, ya sea en Old Woodlands, Lions, en un club al que pertenece desde pequeño o en uno al que quiera unirse en el futuro”.
El expediente pasó entonces a la asesora letrada de la Dirección General de Secundaria, Ana Paula dos Santos, quien rebatió la postura de Duhagón y fijó el criterio que luego adoptó la institución:
“En el caso analizado corresponde ponderar, por un lado, la facultad de los centros educativos privados de definir su proyecto educativo institucional (...) No obstante, dicha facultad no resulta absoluta, en tanto las disposiciones internas que adopten deben armonizarse con el marco jurídico vigente y, en particular, con los derechos reconocidos a niños y adolescentes”.
Los informes que exigen frenar a los colegios
Tras el fallo de Secundaria, el caso pasó al Codicen, donde dos informes técnicos reforzaron la postura de las familias.
En primer término, el director ejecutivo de Políticas Educativas de la ANEP (DEPE), Antonio Romano, emitió el 23 de abril un dictamen pedagógico en el que concluyó que los centros privados no pueden invadir el tiempo libre de los alumnos:
“En este caso se verifica un enfrentamiento entre derechos: el derecho a educar de las instituciones privadas expresado en la libertad de enseñanza (...), el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que dar a sus hijos (...) y el derecho de los estudiantes al desarrollo integral de su personalidad. En estos casos, según expresa la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, debe considerarse primordialmente el interés superior del niño (...) En suma, se considera atendible el planteo de las familias, en tanto no corresponde a las instituciones educativas determinar la participación en determinados espacios deportivos a riesgo de que los estudiantes pierdan su lugar en la institución”.
Romano remarcó además que, en lugar de imponer exclusividades forzadas, los colegios deberían “promover la convivencia pacífica de distintas preferencias deportivas”.
Posteriormente, las conclusiones de la DEPE fueron recogidas por el Grupo de Trabajo para la modificación de la Ordenanza 14, un ámbito técnico que el Codicen había creado en octubre de 2025 —cuando el conflicto tomó estado público— para revisar la reglamentación de los colegios privados y al que luego le encomendó estudiar las derivaciones del caso. Modificar esa norma marco es un paso complejo que se ha planteado en otras ocasiones y que implica, entre otras cosas, una negociación con las asociaciones de la educación privada.
El grupo de trabajo justificó esa modificación de la Ordenanza 14 con el objetivo de "sostener una definición que marque límites a los colegios privados para tomar estas decisiones que intervienen en el tiempo libre de los estudiantes y que puede dejarlos fuera de sus grupos de clases en el próximo año lectivo" y agregó que "las definiciones de las instituciones privadas 1) no pueden afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias a elegir libremente los espacios para sus prácticas deportivas extracurriculares 2) no se debe condicionar la permanencia en los colegios a decisiones que entran en colisión con derechos reconocidos".
Pero además, el grupo técnico también le solicitó al Codicen que laudara formalmente el caso puntual de Woodlands y Saint Patrick’s:
“El Grupo de Trabajo solicita a CODICEN que se expida en esta situación concreta para dar respuesta a los estudiantes y sus familias. Ante esto la Dirección de Políticas Educativas (DEPE) reitera que considera atendible el planteo de las familias y que se debe resolver a su favor, en tanto no corresponde a las instituciones educativas determinar la participación en determinados espacios deportivos a riesgo de que los estudiantes pierdan su lugar en la institución, ya que esto supondría una limitación del desarrollo integral y de derechos que se reconocen a los niños, niñas y adolescentes en la normativa nacional e internacional”.
Luego de este documento, que no tiene fecha pero no fue hecho antes de mayo, no hubo novedades hasta que las familias y colegios fueron notificados el 1° de octubre.
Recurso y pedido de reunión urgente
Ante este escenario, las familias notificaron formalmente mediante correo electrónico al presidente del Codicen, Pablo Caggiani, que interpondrán los recursos de revocación y jerárquico.
Los denunciantes reclaman que el Codicen dicte una orden vinculante hacia Woodlands, dejando atrás las recomendaciones que no impidieron nuevas desvinculaciones. A su vez, solicitaron una audiencia urgente con Caggiani para exigir explicaciones por la demora de siete meses en la notificación del expediente.
