La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, volvió a ir al Parlamento para explicar las razones por las que rebajó de cinco a tres años la sanción a la anestesista Inés Miralles por una mala praxis ocurrida en el SMI.
El caso viene desde el año 2023. La paciente era la pediatra Soledad Barrera, la cual sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula. La mujer no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.
En ese entonces, El Observador informó que una de las hipótesis era que la anestesista Miralles había ido a drogarse con fentanilo al baño.
Con Martín Lema a la cabeza, los senadores opositores cuestionaron la decisión de la ministra ya que desoyó la actuación de la Comisión Honoraria de Salud Pública provocando la renuncia de 11 de los 13 médicos que la integraban. Esto porque, además de bajarle la pena, fue inconsulta y sin notificarlos.
De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, la ministra defendió su accionar asegurando que “no hubo ningún tipo de apartamiento de las normas” ni “intención de favorecer” a Miralles. “No conozco a la doctora Inés Miralles, no tengo vínculo ninguno con ella”, expresó.
Tal como había señalado en otras ocasiones, Lustemberg dijo que la rebaja fue por fundamentos “de tipo jurídico” y no del “fondo del asunto”.
“Los aspectos por los cuales se entendió que debería abatirse el quantum sancionatorio se refirieron principalmente y fundamentalmente a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción”, subrayó.
Por último, la ministra aseguró que el tema “no se agota” en el plazo de inhabilitación, el cual está “sujeto a reconsideración” sino que es “mucho más complejo y profundo”.
Omisiones que favorecen a la anestesista
Antes de que Lustemberg ensayara sus respuestas, Lema había planteado que en este caso “todos los movimientos” del MSP habían favorecido a la anestesista.
El legislador aseguró que la afirmación surgía de “hechos objetivos” ya que además de la rebaja de la pena, el MSP no contestó un recurso que presentó la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
“Perder en el TCA, ¿a quién favorece? A la anestesista. La disminución de la inhabilitación de 5 a 3 años, ¿a quién favorece? A la anestesista. Entonces, todos los movimientos por acción u omisión que está llevando adelante el Ministerio de Salud Pública favorecen a la anestesista, por eso para nosotros es un tema que pone en riesgo el sistema de salud en general”, dijo.
Lema consideró que el caso generaba un “antes y un después” y un “mojón central” en la “pérdida de autoridad para la confianza, la garantía y el buen funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.
“Después de esto no hay muchas autoridades ni muchas credenciales para que los lineamientos del Ministerio de Salud Pública sean confiables y sean respetados por quienes deben respetarlos”, cerró.
Tras escuchar a la ministra, Lema señaló que Lustemberg y el equipo del MSP no habían respondido a todas las consultas. “Es muy difícil hacer preguntas cuando hay pérdida de confianza y cuando no hay intención de responder”, cuestionó y señaló que tenía “expectativas de que se “reconociera el error”.
“No era un caso para bajar una inhabilitación de cinco a tres años”, cerró.
Las fallas estructurales
En su presentación ante los legisladores, Lustemberg aprovechó también para referirse a fallas estructurales que estaban tratando de corregir y señaló otros errores cometidos durante el proceso.
En este sentido, dijo que había cámaras de video en el área del block pero “se borró la grabación”, algo que no sabían por qué había sucedido.
A su vez, consideró que no era “menor” que la comisión considerara solo la actuación de Miralles “sin analizar otras responsabilidades” que “resultan evidentes solo del cotejo de los antecedentes administrativos”, fundamentalmente a la hora de realizar los “controles pertinentes por parte de la institución médica SMI”.
También se preguntó cómo podía ser que la comisión no tuviera prácticamente regulación jurídica ni potestades para disponer una “inhabilitación preventiva”, es decir para resolver que un médico cuestionado no desempeñe funciones durante el procedimiento.
Por último dijo que "no podía ser" que los prestadores no comenzaran de “manera inmediata” una “investigación interna cuando ocurre un evento de estas características y sea recién ante los requerimientos de este Ministerio que se comiencen a recabar los elementos probatorios y a informar respecto a lo sucedido”.
