Parecía que iba a ser un proyecto de acuerdos. No solo había logrado unir a Cabildo Abierto con sus exsocios de la coalición republicana para presentar un proyecto conjunto sino que, tras algunas modificaciones a pedido del Poder Ejecutivo, el Frente Amplio también dio sus votos para avanzar y hasta tuvo el respaldo genérico del Congreso de Intendentes.
El texto, a grandes rasgos, busca reducir el monto de las multas que aplican los radares del gobierno nacional en rutas (en las ciudades es potestad de las intendencias) para mejorar la recaudación y la eficiencia de la sanción ya que con los montos actuales casi siete de cada diez sanciones no son abonadas.
Con ese objetivo los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) propusieron reducir los montos a la mitad si se pagaba dentro de determinados plazos y dejaron por fuera del beneficio a la infracción más grave (conducir al doble de la velocidad permitida).
Con ese punto de partida, el texto entró a comisión y a pedido del Ministerio de Transporte se incluyó también la problemática de las matrículas adulteradas. Más de la mitad de las infracciones que detectan los radares no se pueden aplicar porque la matrícula está modificada o no existe. Eso hizo que el proyecto proponga aumentar el monto de la multa por tener la matrícula adulterada y también darle potestades al Ministerio de Transporte para fiscalizar este tema. También se acordó con el gobierno plantear que si existía reincidencia (tres infracciones o más en un año) no se pudiera acceder a los descuentos.
En mayo, el plenario de Diputados votó por 91 votos de 92 presentes el proyecto que pasó a consideración de la Cámara de Senadores. Sin embargo, al llegar a la cámara alta el acuerdo multipartidario empezó a desvanecerse y los partidos realizan acusaciones cruzadas respecto a quiénes son los responsables de las demoras.
Los cuestionamientos
El primer argumento es que el Senado estaba tratando primero la ley de competitividad y luego la Rendición de Cuentas y por eso el texto no avanzó en cinco meses. Pero aprobados esos proyectos, la situación no cambió. Uno de los primeros en cuestionar el alcance del proyecto fue el senador blanco Rodrigo Blas que pidió que la reducción del monto sea permanente y no, como plantea el proyecto, si se paga dentro de determinados plazos.
El legislador blanco también propuso una solución para quiénes ya fueron multados y no se les aplica este beneficio porque la ley no es retroactiva. Si bien inicialmente manejó incluirlo dentro del mismo proyecto luego anunció que presentaría un texto aparte que permitiría ponerse al día pagando la mitad de lo adeudado. El senador oficialista Aníbal Pereyra, en tanto, había declarado que tal como venía de Diputados el proyecto no salía.
El Congreso de Intendentes, que en diputados planteó algún matiz pero respaldó el texto, envió un documento a la comisión del Senado que estudia el proyecto en el que cuestiona varios pasajes de la iniciativa aprobada en la cámara baja.
Los intendentes, poco después de presentado el texto en el Parlamento, aprobaron una reducción del 50% de todas las multas (menos algunas consideradas graves) si se paga antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente (pero que aún no está vigente porque la Unasev no modificó el decreto). Por eso, entienden que su propuesta es “más beneficiosa para el ciudadano”.
Los jerarcas departamentales cuestionan el concepto de reincidencia del texto parlamentario y plantean que puede ser “confuso para el ciudadano” la coexistencia de regímenes diferentes, según el documento al que accedió El Observador.
Además, piden que se mantenga la redacción actual del artículo 26 de la ley 19.824 que establece que el Poder Ejecutivo reglamentará los valores de las sanciones de todas las infracciones de tránsito, "adoptando” la propuesta del Congreso de Intendentes. El proyecto aprobado en Diputados dice que el Poder Ejecutivo “tendrá en consideración” el planteo de los intendentes.
“Sería deseable alcanzar una solución que implique un sistema unificado que brinde claridad a los ciudadanos y facilite la gestión del mismo por parte tanto de las intendencias departamentales, como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio del Interior”, dice el texto que lleva la firma del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, presidente del Congreso hasta fines de julio.
El intento de Botana
Ante este escenario de diferencias, fue el senador Sergio Botana, presidente de la comisión de Transporte, el que tomó la posta e intentó acercar a las partes. Se comunicó con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), con el Ministerio de Transporte y los intendentes y trató de redactar una alternativa de consenso. El senador nacionalista presentó el texto la semana pasada en la comisión pero desde el Frente Amplio pidieron tiempo para estudiarlo.
Sin embargo, en una primera lectura los diputados autores del proyecto tienen varias diferencias con la iniciativa de Botana, según supo El Observador. Pero, además, los legisladores están molestos porque entienden que se está desconociendo el acuerdo alcanzado en Diputados y decidieron no avanzar con proyectos sobre el tema, planteados por la Unasev, hasta que no se apruebe el de las multas.
“Nosotros empezamos a condicionar votos de proyectos que sean relativos a la temática si eso no se mueve en el Senado. Radares pedagógicos y prescripciones de multas. No se van a tratar hasta que eso no se mueva”, había dicho Andújar a El País y el legislador colorado Conrado Rodríguez tiene una postura similar.
El director de la Unasev, Marcelo Metediera, por su parte, descartó que se haya llegado a un acuerdo con Botana. “Estamos a la espera de que nos convoquen para plantear nuestra mirada”, dijo aunque reconoció que intercambió con el senador blanco.
Para Metediera es importante que se unifique la legislación nacional con la de las intendencias para que exista un solo régimen.
¿Qué dice la iniciativa de Botana? Es un intento por contemplar todos los planteos pero que modifica algunos aspectos sustantivos de lo aprobado en Diputados.
Por un lado plantea, tal como piden los intendentes, no modificar la ley 19.824 y que siga diciendo que el gobierno tiene que adoptar la propuesta del Congreso.
Respecto a los montos de las multas, mantiene lo aprobado en Diputados que reduce a la mitad el monto de la multa si se paga antes de los 180 días de la notificación y un 30% menos si es entre los 180 días y los 365 días. Más allá de esa fecha el monto se mantiene como hasta ahora. Si la infracción es por manejar a más del doble de la velocidad permitida no se aplica la reducción y el texto de Botana elimina la figura de la reincidencia tal como pedían los intendentes.
La propuesta de Botana agrega un artículo que establece que el pago al contado de cualquier multa antes de un año de la notificación le será aplicable un 50% de descuento salvo conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a la espirometría (u test de otra droga), participar de picadas, conducir a más del doble de la velocidad permitida, manejar sin libreta, no usar cinturón de seguridad, no usar casco, menor de 12 años en asiento delantero o sin retención infantil o utilizar el celular mientras se maneja.
También quedan por fuera aquellas captadas por radares electrónicos a las que se les aplica lo mencionado anteriormente.
De esta forma, Botana busca alinear la propuesta del Parlamento con la del Congreso de Intendentes pero, hasta ahora, no tiene el respaldo necesario para avanzar.