Con votos de todos los legisladores, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto que busca mejorar la competitividad y reducir el costo de vida enviado meses atrás por el Ministerio de Economía.
La iniciativa consta de 240 artículos y está dividida en cuatro capítulos: agilización de los trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida , e innovación y aceleración de las inversiones.
A diferencia de otros proyectos, no generó mayores diferencias entre oficialismo y oposición, que destacaron que hicieron un trabajo conjunto que les permitió alcanzar acuerdos en la modificación de varios artículos.
“Es un proyecto integral”, valoró la senadora frenteamplista Liliam Kechichian al informar sobre la iniciativa. La exministra de Turismo dijo que el objetivo era llevar adelante “reformas horizontales para modernizar el Estado”, reformas sectoriales, reducir los tiempos y costos administrativos, incentivar la transparencia en la formación de precios, facilitar la tarea empresarial y estimular la inversión e innovación
A su turno, el senador colorado Robert Silva agregó que habían trabajado “mucho” y que tenían “cifradas esperanzas” porque el proyecto podía mejorar la “calidad de vida” de la gente. Pese a esto, al igual que lo hizo luego el nacionalista Sergio Botana, señaló que la ley no alcanzaba y que el país perdía competitividad cuando tenía paralizado el puerto o las inversiones encontraban “obstáculos administrativos”.
El legislador también lamentó que varios artículos dejaran asuntos a resolver en la reglamentación, algo que “priva al Parlamento” de su tarea fundamental. “Acompañamos en general el proyecto de ley, la comisión (de Hacienda) lo mejoró, pero acompañar no es lo mismo que dar por terminada la tarea. La competitividad no se resuelve solo con esta ley”, sentenció.
“Kechichian –nuestra ministra como le digo yo– generó un gran clima en la comisión”, elogió Botana y recordó a Laura Raffo como la “madre del proyecto” aunque también destacó al ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Para el senador era “imprescindible” enfrentar algunos cambios ya que el país contaba con “beneficiarios de algunos trancazos”. “Falta bastante para que vivamos en un país competitivo”, agregó y animó al gobierno a entrar a discutir cambios en el precio de los combustibles, las tarifas de las empresas públicas y el “atraso cambiario”.
“En el desempapelamiento nos vamos a quedar en el debe y falta control sobre el tema de los monopolios y oligopolios para que donde no hay mercado no exista el absoluto descontrol”, agregó y terminó invitando al Poder Ejecutivo a “aprovechar el envión”.
Las claves
En el primer capítulo, el proyecto apunta a reducir la burocracia mediante la creación de registros unificados dentro de la administración pública e incorpora los “silencios positivos” por los cuales si el Estado no responde dentro de los plazos que se establezcan en la reglamentación la solicitud presentada se considera aprobada. También dispone la figura del autodespacho aduanero para empresas calificadas, que podrán realizar determinados trámites con personal propio.
A su vez, autoriza que haya múltiples proveedores de un mismo producto y dispone un procedimiento de registro simplificado para productos previamente registrados por un tercero. En este sentido, Kechichian puso como ejemplos la pasta de dientes o el café cuyos precios llegan a ser más del doble que en la región.
El proyecto también saca a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de la órbita del MEF y la crea como un servicio descentralizado.
También establece que los certificados de registro de mercaderías habilitante para su comercialización tendrán una vigencia mínima de diez años. Actualmente son de 5 años. También incorpora un régimen de finanzas abiertas para facilitar la interoperabilidad entre instituciones financieras y permitir que los usuarios puedan compartir su información entre distintos proveedores.
Entre las medidas incluidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) figura la denominada graduación tributaria, que busca eliminar los saltos entre categorías impositivas para que el crecimiento de una empresa no implique cambios bruscos en su carga tributaria.
También dispone una plataforma unificada para realizar trámites ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), permitiendo que la información se cargue una sola vez y sea compartida entre ambos organismos. Además, crea un sistema integrado de gestión gratuito para pymes que incluirá herramientas de facturación, cobranza electrónica, administración de inventarios, gestión de proveedores y control de cuentas a cobrar y pagar.
Por último, se dispone la creación de una “ventanilla única marítima” para la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios, siguiendo la “exitosa práctica” de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).