El subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, reconoció este martes que no fue adecuado haberse pronunciado sobre el megaproyecto urbanístico que el argentino Eduardo Costantini impulsa para la zona de Bañados de Carrasco, luego de que se conociera que mantuvo un vínculo profesional con el empresario en 2021.

¿Fueron adecuadas sus declaraciones? "Hoy, con el diario del lunes, entiendo que no. Porque fue tomado como una defensa de un proyecto el cual no está ni siquiera a estudio de la órbita del ministerio", dijo Caputi en rueda de prensa.

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Semanas atrás, en TV Ciudad, Caputi valoró la propuesta de Costantini: "Cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal".

El pasado viernes Brecha informó que Caputi había sido apoderado de Costantini en 2021, cuando trabajaba en el sector privado, y que estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental de la residencia que el empresario construyó en José Ignacio.

Así lo ratificó este martes el jerarca: "Estuve en el 2021 como integrante de una consultora ambiental, le hicimos la tramitación para la obtención del permiso de su casa en el faro de José Ignacio. Terminó en 2023 y del 2023 a la fecha no he tenido ningún tipo de contacto con él".

Además, remarcó que está "eximido de actuar (en los casos) de los clientes" para los que trabajó. "Si el proyecto llega a manos del ministerio yo no voy a actuar, van a actuar los técnicos", dijo Caputi.

Este martes Caputi recibió el respaldo de su sector político, Asamblea Uruguay. "Es un profesional de larga y reconocida trayectoria, tanto en el ámbito público como en el privado, cuya actuación ha estado guiada por principios de responsabilidad, transparencia y compromiso. En el caso concreto al que hacen referencia las publicaciones, el proyecto mencionado no se encuentra actualmente a consideración del Ministerio de Ambiente".

El caso está en manos de la Junta Departamental de Montevideo, que debe definir si autorizan la realización de estudios de impacto ambiental, social y urbanístico en la zona para la futura recategorización del suelo. En caso que vote positivamente, el Ministerio de Ambiente será uno de los actores que deberán realizar los análisis.

El proyecto inmobiliario implica la construcción de unas 3.000 viviendas de alto poder adquisitivo en un predio de 228 hectáreas en las inmediaciones de los Bañados de Carrasco.

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