Un acuerdo “largamente trabajado” entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto garantizó al gobierno de Yamandú Orsi aprobar la rendición de cuentas en maratónicas jornadas que comenzaron el lunes y finalizaron en la madrugada de este viernes.
El cierre, con el presidente de la cámara Rodrigo Goñi pidiendo concentración para votar con celeridad y el diputado Sebastián Valdomir siendo la voz cantante de la izquierda, dejó satisfechos a los dos grandes bloques políticos.
Para el oficialismo fue una victoria el aprobar el proyecto sin mayorías propias y sacar adelante las cuatro prioridades definidas por el gobierno (pobreza infantil, seguridad, calle y educación), mientras que blancos, colorados e independientes destacaron que se movieron juntos y lograron evitar la aprobación -por la vía del rechazo o el desglose- de más del 70% de los artículos que habían definido como “prioritario” que no salieran.
Luego que Guido Manini Ríos anunciara el jueves 13 que los cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita darían sus votos para aprobar en general el proyecto, algo que se materializó en la sesión del lunes, la atención se concentró en el articulado ya que al igual que todos los gobiernos, el de Orsi incluyó varias reformas dentro del paquete cuya aprobación dependía de que el oficialismo pudiera construir mayorías puntuales.
Las transferencias, Domingo Arena y el INR
La discusión sobre el Mides giró en torno a la iniciativa más importante del gobierno: la unificación del sistema de transferencias para la infancia y adolescencia, el cual fue votado por 97 de los 99 diputados. Los únicos que no lo hicieron fueron los legisladores de Identidad Soberana, el grupo de Gustavo Salle.
Sin embargo, la forma en que se cobra la partida única y la cantidad de dinero que se descuenta (un 40%) en caso de inasistencia de los niños a la escuela o falta de controles médicos salió 50 a 49 fruto del acuerdo entre el FA y CA.
Perrone y Pérez Bonavita habían presentado dos artículos sustitutivos al comienzo de la semana, pero los diputados terminaron haciéndole modificaciones en sala ya que el cabildante sumó la frase final (“en las condiciones que determine la reglamentación”) al primer inciso del artículo sobre el pago, el cual estableció que se cobrará vía transferencia a un banco.
El colorado Conrado Rodríguez advirtió que el artículo era “el mismo” que el enviado originalmente por el Poder Ejecutivo aunque quedaba descrito “de manera diferente”, mientras que Perrone entendió que con el agregado que acababa de sumar se garantizaba el cumplimiento de las objeciones que ha transmitido Cabildo Abierto, y que puede resumirse en que no haya libre disponibilidad de los padres para usar el dinero. En esta línea, Valdomir señaló que en la reglamentación “se trabajará de forma coordinada y cuidadosa para que queden reflejadas todas las posiciones”.
El oficialismo debió pedir el desglose de algunos artículos del Ministerio de Salud Pública (MSP) porque no tenía los votos suficientes para aprobarlos. Uno daba potestades a la Junta Nacional de Salud (Junasa) para acceder a datos del BPS, otro refería a los costos de medicamentos y un tercero exigía a los laboratorios transparentar pagos y dádivas a médicos e instituciones.
Una de las incógnitas de la jornada era sobre la transformación del INR en un servicio descentralizado bajo el nombre de Instituto Nacional de Reinserción. El cambio fue nuevamente votado por todos menos IS, pero la oposición cuestionó con dureza un artículo que otorga “superpoderes” a la presidenta del INR. A su vez, la gobernanza del instituto generó una diferencia en la oposición, ya que el PN sí la aprobó mientras que el PC y el PI no.
Mediante aditivos ingresados a último momento que no fueron leídos durante la discusión en el plenario, el FA y CA aprobaron modificaciones a la “tenencia de armas”. El nacionalista Pablo Abdala lo consideró “un atropello” e identificó que eran “una reproducción” de un proyecto que estaba discutiéndose en comisión y era de interés del ministro del Interior, Carlos Negro.
Otra de las particularidades de la jornada se produjo cuando Perrone ingresó un aditivo que proponía la prisión domiciliaria para las personas mayores de 65 años, algo que beneficiaría a los presos por su actuación en la dictadura que están en Domingo Arena. Este artículo era idéntico a uno presentado el lunes por el colorado Juan Martín Jorge pero que se había retirado por falta de mayorías.
Perrone chicaneó a Vamos Uruguay al hablar de que “faltaron huevos” para votarlo, repitiendo las palabras de Pedro Bordaberry el día en que anunció la propuesta. La votación solo tuvo el apoyo de los dos legisladores de Cabildo Abierto. Tras la negativa, desde el FA se apuraron a destacar el resultado como una muestra de que no había “chanchadas” ocultas en los acuerdos, al decir del diputado del MPP, Joaquín Sequeira.
Inmuebles del Estado y secreto bancario
En los días previos, los votos de Cabildo Abierto junto al FA habilitaron la creación de la agencia para la gestión de inmuebles del Estado, una propuesta que a juicio del oficialismo daba continuidad a un programa creado la administración anterior. Sin embargo, la oposición consideró que era inconstitucional, por lo que no la votó.
A su vez, la unión del Frente Amplio e Identidad Soberana permitió la aprobación de un artículo que aumenta las sanciones en caso de caza ilegal y permite retener las armas hasta la adopción de la "resolución definitiva".
Por el camino quedaron modificaciones al secreto bancario sin intervención judicial, algo que ya se había planteado de forma similar en la ley de presupuesto, y un cambio en la prescripción del impuesto a las transmisiones patrimoniales cuando se hereda un bien ante el fallecimiento del causante, haciendo comenzar su cómputo años después con la declaratoria de herederos y no desde la muerte de la persona como es ahora. Esto último tenía, a juicio de la oposición, una “clara finalidad recaudatoria”.
El oficialismo también votó en contra de lo que la oposición llamó el “artículo Goyeneche” en referencia a la posibilidad de cobrar una compensación a los pases en comisión que estén en la Cancillería. Esa modificación beneficiaba a Fabiana Goyeneche, funcionaria del Ministerio de Economía pero que cumple tareas en Relaciones Exteriores. El Frente Amplio defendió a la dirigente de Casa Grande, señaló que hubo “violencia política” al cargarle la responsabilidad del artículo, pero optó por no aprobarlo.
La ley de medios y el INBA
Otra de las reformas que se quitó para discutirse por fuera son los cambios a la ley de medios aprobada durante la administración de Luis Lacalle Pou. Algunos artículos fueron enviados a comisión mientras que otros resultaron rechazados.
El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó en particular el artículo 170, que dispone que las licencias no podrán ser arrendadas o cedidas a un tercero, “bajo cualquier modalidad”. Opinó que esta disposición “lo que hace es ahogar a los medios”, “daña a la concepción republicana y democrática” y también a la libertad de empresa.
La creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) como persona jurídica de derecho público no estatal fue desglosada tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. La diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita señaló que tal como estaba, la propuesta del Poder Ejecutivo era “un desmantelamiento del instituto”. “Al sacarlo de la órbita del ministerio, se dejaba sin el respaldo necesario, y ni que hablar la falta de representación que, en esa figura jurídica, el instituto iba a tener, como por ejemplo, por parte de las protectoras de animales”, comunicó.
Por último, se desglosaron los cambios en la estructura escalafonaria de la Guardia Republicana, una serie de modificaciones a la ley de patentes, un cambio en el sistema de depósito-reembolso de los plásticos y la limitación de los pases en comisión salientes de Fiscalía.