Las esperas en Cancillería podían llegar hasta los dos años para concretar una entrevista; 2023 había cerrado con 24.193 pedidos acumulados que todavía no habían tenido trámite
El gobierno uruguayo resolvió agilizar el proceso para dar refugio a los inmigrantes venezolanos que llegan al país.
La decisión implica que ahora los venezolanos que lleguen a Uruguay tendrán que cumplir con menos pasos, entre los que se incluía una entrevista presencial con las autoridades que podía demorar muchos meses en concretarse.
Según informó Cancillería, sin embargo, los solicitantes deberán cumplir con una "serie de requisitos básicos". El procedimiento, en fase "piloto", fue aprobado por la Comisión de Refugiados (CORE) que funciona en la órbita de Cancillería.
¿Quiénes pueden ampararse en este nuevo procedimiento? Podrán hacerlo aquellos ciudadanos venezolanos que estén en Uruguay al momento de aprobada la resolución y que hayan iniciado la solicitud de refugio.
Deberán contar con "alguna documentación de identidad de viaje, registro civil o de cualquier otro tipo, que permita establecer la nacionalidad venezolana de las personas beneficiarias y sus familias".
En el caso de que existan niños o adolescentes entre los solicitantes, Cancillería solicita que también cuenten con algún tipo de documentación que establezca la filiación.
Se pide también una "presencia física y residencia habitual en Uruguay", "carecer de antecedentes penales en Uruguay y de antecedentes criminales registrados con Interpol" y "carecer de otro permiso de residencia concedido en Uruguay".
"El procedimiento se basa en un mecanismo de verificación, una presunción de inclusión y el contacto con la persona beneficiaria sin que se proceda a realizar una entrevista de elegibilidad", explica el comunicado de Cancillería.
Si las personas que solicitan el refugio no cumplen con los requisitos anteriores, entonces deberán seguir el trámite de la manera habitual y solicitar una entrevista.
Tal como informó El Observador en marzo de este año, el sistema de solicitud de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba colapsado y las demoras para completar el trámite podían llegar hasta los dos años.
Al término de 2023, según los datos recabados en ese momento, las solicitudes de refugio acumuladas eran 24.193.
De ese total, 15% correspondían a venezolanos, es decir, unas 3.500 personas aproximadamente, según los datos de Cancillería.
El término "acumuladas" refiere a que las solicitudes todavía no habían tenido trámite. El año anterior, 2022, había terminado con 16.479 solicitudes acumuladas.
La situación de "colapso" se explicaba, según un documento de diagnóstico que había aprobado la Comisión de Refugiados, a dos principales razones: la falta de recursos (la comisión permanente solo tiene dos personas fijas) y la escasez de alternativas migratorias para poblaciones que no manifiestan estar siendo perseguidas y quieren radicarse en Uruguay.
Por otra parte, un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señaló recientemente que "las personas nacionales de Venezuela, o personas apátridas que eran residentes habituales en Venezuela, se encuentran necesitadas de protección internacional" y eso les puede valer la condición de refugiados.
El comunicado de Cancillería divulgado este martes señala que más del 90% de los solicitantes de refugio ante la Comisión de Refugiados han "accedido a la solicitud". Esto, agrega el texto, "demuestra la genuina necesidad de amparo".
Además, en mayo Cancillería y el Ministerio del Interior acordaron crear la "residencia por arraigo" para solucionar la situación de aquellas personas que "ingresan como solicitantes de refugio, pero no cumplen con las condiciones para acceder a ese estatus legal". Se estima que son más de 20 mil en esa situación.
En una primera instancia el plan piloto de flexibilización de solicitud de refugio priorizará a las familias con "riesgo de protección o con necesidades específicas". Esto incluye familias con niños, sobrevivientes de violencia basada en género, personas con discapacidad, personas mayores, en situaciones de vulnerabilidad económica, entre otras.
