Usted tiene pasado socialista.
Sí, durante nuestra juventud formamos parte de los movimientos estudiantiles. Ya en mi vida profesional siempre estuvimos trabajando del lado de los sindicatos, defendiendo los derechos humanos, toda una vocación para representar los sectores más vulnerables de la sociedad. Formamos un grupo de abogados que durante la dictadura militar y la guerra civil estábamos siempre protegiendo desde el campo jurídico todo lo que era el modelo de democracia y DDHH.
En esa etapa estuvo en Uruguay.
Vine acá por los años 80, cuando estaban discutiendo los pactos de la Naval y el referéndum (NdeR: Pacto del Club Naval y el plebiscito constitucional). Recorríamos el continente porque eran momentos muy difíciles para las democracias en el Cono Sur. Estas libertades que hoy gozamos son gracias al sacrificio de la juventud de mi generación.
¿Cómo se explican estos orígenes en la izquierda –que también los tiene el presidente Bukele– cuando buena parte de la comunidad internacional los asocia con la derecha?
Creo que es un error, sobre todo de la izquierda corrupta. Al presidente Bukele lo expulsan del FMLN por denunciar la corrupción de su propio partido. Los dos presidentes que tuvo el FMLN salieron fugitivos para Nicaragua acusados de más de US$ 500 millones de corrupción, otros dirigentes están en México, algunos para otros países. Esa izquierda corrupta es la que ha generado una imagen de que el gobierno del presidente Bukele es de derecha y que hay persecución política, cuando lo que ha habido es una persecución a la corrupción. Ya hay varios capturados que la comunidad internacional ha dicho que eran presos políticos y no, ellos aceptaron que habían tenido dineros de forma incorrecta. Lo devolvieron y se fueron a su casa.
Los líderes de derecha en la región son los que se han alineado con el modelo de seguridad de El Salvador, como Kast en Chile, ahora Bolsonaro en Brasil...
Y en Bolivia, en Paraguay, en Costa Rica. Siempre he dicho que es un error. Más allá de que esos calificativos que vienen del siglo pasado, lo importante es definir es qué está sucediendo en otros países que han tenido crisis de representatividad sencillamente porque los gobiernos no cumplieron. Aquí hubo un período que un amigo desde Washington calificó de “primavera democrática de América Latina”, cuando entró al gobierno Chávez en Venezuela, Correa, Evo Morales. Se les dio la oportunidad y todos ellos terminaron en corrupción y en incapacidades. Y el mismo caso en El Salvador: después de 20 años del gobierno conservador de Arena, se le dio la oportunidad en dos mandatos al FMLN y el pueblo se cansó de ver la corrupción. El FMLN que gobernó los 10 años no tiene nada que ver con el que luchó con las armas durante la guerra civil. En las últimas elecciones del 2024, el FMLN no sacó ni un diputado.
El Salvador está integrado al Escudo de las Américas, un ámbito que el oficialismo en Uruguay ha catalogado de un "club de países amigos". ¿Ustedes cómo están con la administración de Trump?
Ese nombre se lo copiaron a El Salvador. Firmamos un convenio con el presidente de Costa Rica que llamamos Escudo de las Américas. A Estados Unidos le gustó el nombre y le pusieron así. Es un proyecto que si ves desde la óptica ideológica vas a decir que son todos los países alineados con Trump... De lo que se trata es crear una fuerza continental para enfrentar el gran enemigo del crimen organizado. Las estructuras criminales trascienden fronteras.
Países como Uruguay que tienen hoy gobiernos progresistas, ¿podrían ser involucrados?
Creo que no hay ninguna limitación que diga quién entra o no, porque sería ir contra la misma estrategia de este proyecto.
Orsi armó un gran revuelo cuando dijo que Bukele era "el ejemplo" a considerar en Uruguay.
Imagino que el presidente estaba viendo los resultados de la política de seguridad en El Salvador. Es donde se originaron todas estas pandillas que hoy son transnacionales, la MS (Mara Salvatrucha), el Barrio 18. Fue una declaratoria formal de guerra del presidente Bukele el 27 de marzo de 2022, que declaró el régimen de excepción haciendo uso del derecho de ir a la guerra que tiene un Estado cuando su población o su territorio son atacados. En los dos gobiernos del FMLN, de 2009 a 2019, hubo más de 41.000 salvadoreños asesinados. En agosto de 2015 el diario The Guardian publicó: "El Salvador, la capital mundial del homicidio". Ese mes se asesinaron cada hora más de un salvadoreño.
Los resultados de El Salvador para reducir homicidios están fuera de duda, también el amplio apoyo popular que tiene hoy el gobierno de Bukele. Las críticas provienen del lado de que en ese régimen de excepción hay un atropello a los derechos humanos. ¿Puede decir que en El Salvador conviven el derecho a la seguridad de la población y los derechos de los detenidos a un trato justo?
Claro que sí. Los que hacen esa crítica no conocen lo que está sucediendo y magnifican algunas fallas que hay, porque ninguna obra humana es perfecta. Hay un protocolo de captura y una oficina para denunciar cualquier tipo de atropello contra la población por parte de las fuerzas del orden.
¿Qué le dice a esas madres que hasta hoy reclaman que no tienen información del paradero de sus hijos?
Muchas de esas madres, que son madres de miembros de pandillas, son las que son puestas en cámara. Hay un margen de error y de los más de 100 mil que hemos capturado, más de 8 mil han sido liberados. Antes del estado de excepción, la policía capturaba a un marero un viernes, el fin de semana se cumplían las 72 horas y la fiscalía lo mandaba a un juez. Como no habían recogido la evidencia, lo liberaban. Para cerrar ese vacío, ampliamos el plazo a 15 días. La segunda excepción a una garantía constitucional que está suspendida es que ahora la policía agarra a un marero y lo primero que hace es verle el teléfono. Un diplomático francés me decía que están preocupados porque en El Salvador las elecciones no van a ser libres, porque "los salvadoreños no tienen libertad para moverse" por el régimen de excepción. El régimen de excepción nunca ha afectado ninguna libertad pública, solo garantías constitucionales de carácter personal y a los miembros de las estructuras criminales.
A mitad de año la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario denunció que 537 personas habían fallecido bajo la custodia del Estado. Sin ir a juicio.
Esta organización dijo que se habían muerto 537 en cuatro años de régimen de excepción. Le pregunté al director de centros penales que me diera el histórico de cuántas personas morían en los últimos 10 años y el promedio era entre 150 y 140 cada año, antes del régimen de excepción. Osea que hoy es menos que la tasa normal de personas que mueren en la cárcel. Tenemos supervisión de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja que van a los penales. Estas otras organizaciones dicen medias verdades y la gente lo compra.
En El Salvador hubo elecciones. ¿Cómo explica que haya periodistas o activistas que hoy están exiliados o fuera del país?
No hay ni uno exiliado, hay auto exiliados. Te pongo un ejemplo de El Faro...
El presidente los acusó de lavado de activos...
Ellos se fueron porque se les acabó el negocio, que era estar en negociación con las pandillas. El hermano de Óscar Martínez estuvo un año viviendo con una pandilla, viendo cómo asesinaban gente, secuestraban, violaban. Eso se llama delito por omisión: ves que se está cometiendo un delito y no lo denunciás. Ahora se fueron a Costa Rica diciendo que había persecución fiscal. Esta gente ha salido porque se les acabó el negocio en El Salvador y necesitan seguir consiguiendo fondos, porque están financiadas por Soros. No hay una ley de censura. Tenemos más de 4 millones de turistas que llegaron el año pasado, esa gente es la que sale a contar lo que pasa en el país.
En 2021, cuando asume la Asamblea Nacional con mayoría del partido de Bukele, una de las primeras medidas es destituir a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional. Meses después, esa misma sala hace una interpretación de la Constitución para que el presidente pueda ser reelecto. ¿Qué garantías hay de que ese Poder Ejecutivo con tanto apoyo popular no se infiltra en otros poderes del Estado?
En las elecciones de 2021, libres, transparentes y democráticas, le dio al partido del presidente la mayoría calificada. Llegamos en el 2019 al poder y en esa época gobernaban los partidos Arena y el FMLN. ¿Quién nombraba los jueces de la Sala de lo Constitucional? Ellos. El pueblo vio que el presidente no podía hacer nada por el bloqueo de la Asamblea y de la Sala de lo Constitucional. Cuando el pueblo le da al partido del presidente la mayoría, lo lógico y lo coherente es que esa nueva asamblea tiene que nombrar magistrados que están en otra lógica. Pero no los nombra el presidente, es una democracia del pueblo. Ahí empieza el gobierno de Bukele. Cuando la nueva asamblea toma posesión, destituye a los jueces de la Sala de lo Constitucional y al fiscal y nombra a otros funcionarios que están en la línea del presidente. Luego va a la elección de segundo mandato en el 2024 y lo elige más del 85% del pueblo. ¿Eso es dictadura? No, está usando los mecanismos de la democracia y del Estado de Derecho para lo que estamos haciendo.
Nunca hubo reelección en 2024, hubo un segundo mandato. El artículo 152 de la Constitución dice que si el presidente quiere presentarse para un segundo mandato, tiene que retirarse seis meses del gobierno para que no se aproveche. Bukele lo hizo. Ahora, viendo que el pueblo estaba satisfecho y que quería continuar, los diputados deciden en el Congreso que haya reelección en El Salvador. Si no hubiera habido reforma, Bukele no podía presentarse para un tercer periodo. Ahora es indefinido.